Se viene otro juicio oral a Bravo por abuso de autoridad

El ex intendente y actual concejal David Bravo afrontará un nuevo juicio oral, esta vez por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con peculado". Es el corolario de una denuncia presentada por tres concejales hace más de una década. Las audiencias de debate se cumplirán el 21, 22 y 25 del corriente mes en Santa Rosa.

Es el tercer juicio que afronta Bravo. En el primero en 2013, en el que sufrió una condena de siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad".

El segundo se ventiló en enero pasado, luego de una década de proceso, en este caso por "trata de personas y facilitamiento de la prostitución", donde el Tribunal Oral Federal lo condenó a cinco años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual". El mismo fue apelado ante la Cámara de Casación Federal.

Esta vez se trata de otra denuncia que en 2012 le hicieron tres ediles del Partido Justicialista por "abuso de autoridad", pero la fiscalía le adosó la acusación de "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado".

A fines de 2012, mientras Bravo (Movimiento Popular Veinticinqueño) ejercía la intendencia, tres concejales opositores (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV tenía mayoría, había aprobado una ordenanza que derivaba a la Coospu los fondos de las regalías petroleras. Sostuvieron que la sanción era irregular porque no tenía la mayoría especial que eran 6 votos; pero que, además, la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de ésa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente: el Concejo Deliberante.

Durante tres días.

Hubo varias postergaciones que hicieron que el juzgamiento de esta causa se retrasara 11 años. Ahora el momento llegó. Todo indica que el jueves, viernes, y lunes venideros se desarrollen las tres audiencias orales previstas.

El proceso se desarrollará en la Sala de Audiencias 7 de la Primera Circunscripción, ubicada en el complejo judicial de Santa Rosa. Las previsiones indican que en las tres jornadas los debates se cumplirán de 8.30 a 12.30.

El Tribunal Oral está integrado por los jueces Daniel Andrés Sáenz Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Adrián Miguez Martin. La acusación la llevará adelante el fiscal Alejandro Sebastián Mendiara. En tanto, el acusado tendrá al abogado Hernán Jorge Danzi, y el asesor letrado de los querellantes será tarea de Guillermo Galcerán.

Apeló una condena

Hay que recordar que pende sobre Bravo una condena de cinco años de prisión efectiva por "trata de personas", que fuera impuesta en febrero pasado por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Los tres integrantes del cuerpo colegiado, los jueces José Tripputi, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido lo consideraron partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual".

Ayer, fuentes del TOF le confirmaron a LA ARENA que ese fallo fue apelado por Bravo, a través de su asesora legal en este trance judicial, la abogada Marianela Barbita, ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Idéntico planteo de apelación hizo la defensora oficial de Nurys Caraballo Castillo, quien tiene una condena similar por iguales imputaciones, aunque en calidad de autora. Los argumentos son supuestas prescripciones y diferencias en el encuadre de las imputaciones delictuales esgrimidas por el Tribunal.