Siguen sin acuerdo en Rentas

Los trabajadores de la Dirección General de Rentas y la Secretaría de Trabajo de la provincia -que actúa como mediadora- siguen si ponerse de acuerdo en el porcentaje que a percibir como adicional, y el conflicto se estira. Lo que parecía un hecho, y un acuerdo que llegaba a buen puerto, no es tan así, porque continúa habiendo diferencias, y el próximo lunes se volverán a reunir las partes.

Si bien las y los trabajadores habían anticipado que podía existir un principio de acuerdo, finalmente eso no ocurrió, y se sigue dilatando la negociación, al menos, hasta el lunes. Pedehontaá actúa de mediador entre los trabajadores y trabajadoras, y el ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los empleados que llevan ya cinco meses de conflicto, aseguran que el acuerdo depende de la decisión del ministro Ernesto Franco. Si bien los trabajadores y trabajadoras indicaron en un acta acuerdo que no renuncian al 4,5 por mil que cobraban como adicional y les fue quitado por una disposición ministerial el año pasado, estarían de acuerdo con que eso se trate en paritarias.

Además estarían de acuerdo en cómo se va a cobrar ese adicional, y en quiénes lo van a percibir. La diferencia sigue estando en el porcentual de ese adicional, mientras el Ministerio les ofrece un 3,9 por mil, ellos pidieron mediar en la diferencia y cerrar en principio en un 4,2 por mil. Este pedido fue rechazado, y se sigue negociando.

Conflicto inicial.

En noviembre del año pasado se originó un conflicto cuando, en el contexto de las atribuciones que le confiere la reglamentación del Código Fiscal, el Ministerio de Hacienda decidió "redistribuir" el porcentaje de recaudación correspondiente al personal, entre trabajadores de distintas reparticiones, con el argumento de que un grupo de 90 empleados percibe entre un 70 y un 80 % más que sus pares de similar categoría que se desempeña en otras áreas del ministerio. Desde el sector se negaron y comenzaron con medidas que se extendieron hasta el momento.

Las medidas de fuerza impulsadas también afectan la distribución de la coparticipación hasta los trámites que los sectores de la economía provincial necesitan para su normal funcionamiento. Por este motivo, en su momento desde el Colegio de Abogados y Procuradores, el Colegio de Escribanos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio expresaron su preocupación y advirtieron sobre "las derivaciones legales y económicas que se están produciendo con viso de ampliarse aun más por el atraso en las gestiones y trámites".