Sin el aporte de la provincia, jubilados cobrarían el 75%

Uno de cada cuatro pesos que se utilizan para el pago de las jubilaciones provinciales es financiado con fondos de todos los y las pampeanas. Se trata de una masa de dinero de la que se debe privar el Gobierno provincial, y que podría utilizarse para obras, Seguridad, Educación o Salud, ante el ahogo financiero al que sometió Javier Milei a la provincia al cortar los envíos correspondientes por el no traspaso de la caja previsional.

Está semana volvió a instalarse en la agenda el reclamo de La Pampa ante el Gobierno nacional, que desde su asunción decidió unilateralmente dejar de enviar el dinero correspondiente al déficit previsional, tal cual lo establece la normativa vigente. Tras los reclamos judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reaccionó y convocó a las partes a una audiencia. Allí, el Ejecutivo consiguió un gran avance en su reclamo, porque desde la Casa Rosada reconocieron la legitimidad del pedido.

Un cuarto. La deuda que reclama la provincia asciende a unos 400 mil millones de pesos. Actualmente, la jubilación mínima es $ 798.475 en La Pampa.

Según las cifras a las accedió LA ARENA, que surge del análisis de los números entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el equipo del Instituto de Seguridad Social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería financiar el 24.33 % de cada jubilación. O sea un cuarto aproximadamente de cada jubilación. Esa es la suma que desde enero del 2024, tras la asunción de Javier Milei, “no está más y se están haciendo cargo Provincia y municipios”.

De esta manera, se observa que uno de cada cuatro pesos que se destinan a los haberes jubilatorios son financiados por todos los y las pampeanos. Este esfuerzo financiero para mantener el pago de los compromisos previsionales tiene un impacto indirecto en el resto de las áreas del Estado.

Combinado con una fuerte baja de la recaudación, producto de una recesión en la actividad económica, la Provincia debe utilizar fondos que podrían destinarse a obras públicas o mejorar la Seguridad, la Salud y la Educación, entre otros aspectos.

Un coletazo de esta situación es que, por primera vez, no se alcanza a cubrir lo presupuestado para el 2025, lo que obligó a elevar un pedido a la Legislatura para reestructurar partidas. “Por el déficit previsional, este año ya vamos entre la provincia y los municipios a aportar 145 mil millones, que una parte muy grande tenía que aportar Nación”, dijo en una reciente entrevista con Radio Noticias el ministro Guido Bisterfeld. A su vez, explicó que se va a ralentizar o cortar obra pública, y se postergará la compra de bienes de capital a raíz de este escenario.

Legitimidad.

Tras el encuentro, desde el Ejecutivo indicaron que “luego de un intercambio de peticiones y posturas, los representantes del Estado Nacional reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver la demanda de La Pampa”. A su vez, se abrió un plazo de 30 días corridos y se volverán a reunir el 10 de diciembre.

"El reconocimiento de legalidad y legitimidad está", destacaron fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA. En esa línea, explicaron que "para avanzar con los pagos, año por año adeudado, se deben realizar las auditorías, tarea que el gobierno nacional había detenido". Una vez que estén definidos y acordados los déficits anuales, se determinarán "los adelantos mensuales que son a cuenta del déficit final de cada año próximo. Esos adelantos son los que desde su asunción suspendió el Gobierno nacional". Las fuentes consultadas reiteraron que "está el reconocimiento", pero aclararon que "los pagos quedarán sujetos a cada acuerdo, no serán inmediatos. Además se debe incorporar la actualización de cada pago, también sujeto a negociación".