Sin el PRO: dictamen a proyecto que rechaza la reforma de la Ley de Glaciares

El Concejo Deliberante de Santa Rosa debatirá en la próxima sesión un proyecto de resolución que expresa un "enérgico repudio" a la modificación de la Ley Nacional de Glaciares y manifiesta su respaldo a la acción de amparo colectivo impulsada por el Gobierno de La Pampa, junto a instituciones académicas y organizaciones ambientales, para frenar la aplicación de la nueva normativa.

 

El despacho de la comisión de Derechos Humanos y Ambiente del cuerpo legislativo santarroseño, salió con el apoyo del Frejupa y la UCR, mientras que el PRO y CO fijarán posición en el recinto. Algo que no sorprende, habida que cuenta que los legisladores Adrián Ravier de LLA, aliado de CO, y Martín Ardohain del PRO, acompañaron la modificación de la ley que perjudica a las y los pampeanos.

 

La iniciativa surge luego de la sanción de la Ley Nacional 27.804, que introdujo cambios a la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según sostienen los autores del proyecto, las modificaciones implican un retroceso en materia ambiental y ponen en riesgo reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para el desarrollo productivo y la vida de millones de personas.

 

Hito en política ambiental.

 

En los fundamentos, los concejales advierten que la ley original, sancionada en 2010, constituyó un hito en la política ambiental argentina al establecer mecanismos de protección para glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas naturales de agua esenciales para las regiones áridas y semiáridas del país.

 

El proyecto sostiene que la nueva legislación flexibiliza esas protecciones al habilitar actividades productivas en sectores que anteriormente se encontraban resguardados. Entre las principales objeciones aparece la incorporación del criterio de "relevancia hídrica comprobada", una modificación que, según argumentan, desnaturaliza el sistema integral de protección ambiental y desconoce el funcionamiento de los ecosistemas periglaciares.

 

Los ediles remarcan además que la reforma contradice principios reconocidos por la legislación nacional e internacional, entre ellos el principio precautorio y el principio de no regresión ambiental contemplados en acuerdos como Escazú y el Acuerdo de París, ratificados por la Argentina.

 

"La protección de glaciares y ambientes periglaciares constituye una política estratégica para garantizar la disponibilidad futura de agua potable y preservar ecosistemas vulnerables frente al avance de la crisis climática", señalan los fundamentos.

 

Otro de los puntos cuestionados es la transferencia de mayores facultades a las provincias para determinar qué áreas deben ser protegidas, situación que, según el texto, podría generar una fragmentación normativa incompatible con los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Constitución Nacional.

 

Referentes ambientales.

 

El proyecto también recoge argumentos expuestos durante el debate parlamentario por especialistas y referentes ambientales. Entre ellos, la investigadora principal del Conicet y ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, quien advirtió que la modificación de la ley implica "hipotecar el futuro del agua" al permitir intervenciones sobre áreas sensibles para el abastecimiento hídrico.

 

Asimismo, los autores rechazan la idea de que la normativa original haya representado un obstáculo para el desarrollo económico. En ese sentido, destacan que durante la vigencia de la Ley de Glaciares la actividad minera registró niveles récord de exportación, por lo que consideran que la discusión no debe plantearse como una confrontación entre crecimiento económico y protección ambiental.

 

La resolución también expresa un respaldo explícito a la acción de amparo colectivo ambiental anunciada por el Gobierno de La Pampa junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. La presentación judicial busca que se declare la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley 27.804 por considerar que vulnera derechos constitucionales vinculados al ambiente y al acceso al agua.

 

A ese reclamo se sumó recientemente la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, ampliando el respaldo institucional a una iniciativa que ya reúne a organismos públicos, entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil.

 

Respaldo institucional.

 

"Este Concejo Deliberante no puede permanecer ajeno frente a un conflicto institucional de tal magnitud, en el cual se encuentran en juego no solo competencias jurídicas, sino también el futuro productivo, ambiental y social de la Provincia de La Pampa", sostienen los fundamentos.

 

De ser aprobada, la resolución será comunicada al Poder Ejecutivo provincial, a la Legislatura pampeana, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Fundación Chadileuvú y a la Asamblea por los Ríos Pampeanos, en una nueva señal de respaldo político e institucional a la estrategia judicial impulsada por la provincia contra la reforma de la Ley de Glaciares.