Escándalo $Libra: “Treinta mil personas perdieron dinero”

Una gran cantidad de personas se acercó a la UNLPam para escuchar la exposición sobre el escándalo $Libra que ofrecieron tres especialistas. Alejandro Osio, Ramiro Rodríguez y Andrés Gil Domínguez abordaron los aspectos técnicos, jurídicos y éticos de esta cuestión.

La creación del token $Libra fue una estafa financiera premeditada. Los datos registrados en la blockchain Solana y las fluctuaciones de valor del activo en apenas una hora imposibilitan cualquier interpretación diferente. El mensaje de Javier Milei resultó esencial porque la estafa no hubiera podido perpetrarse sin la información precisa que divulgó, incluyendo una dirección electrónica a la que solo tenían acceso hasta entonces los autores de la operación. De todas maneras, solamente una investigación judicial puede determinar eventuales responsabilidades penales y se requiere la intervención de Congreso Nacional para determinar la vinculación presidencial y evaluar su conducta ética.

Escuetamente resumidas, éstas fueron algunas de las conclusiones importantes que pudieron obtener los asistentes a la Charla sobre el Caso $Libra, desarrollada ayer por la tarde en el Aula 17 de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Frente a un auditorio repleto de vecinos y vecinas interesados, Ramiro Rodríguez, Alejandro Osio y Andrés Gil Domínguez explicaron con claridad y precisión los detalles de esa operación realizada durante el atardecer del viernes 14 de febrero y sus alcances penales, éticos y políticos.

Operación premeditada.

“Si la estafa hubiera ocurrido dentro del sistema financiero convencional o en un contexto diferente al sistema de criptomonedas, muchas cuestiones serían objeto de discusión. Pero en este caso particular se encuentran claros todos los datos, con fechas, horarios y transacciones. Y no pueden modificarse”, advirtió el contador Ramiro Adrián Rodríguez. Especialista en economía digital y docente de Ciencias Económicas, fue el encargado de explicar conceptos teóricos y prácticos del universo cripto que resultan complejos para una gran mayoría de personas, aplicándolos después al “Escándalo $Libra”.

Recordó que una “blockchain es un libro contable de dominio público, al que todos tenemos acceso y podemos leer sus contenidos”, explicó las diferencias entre un token y una criptomoneda, y comentó pormenorizadamente los procesos de inversión en este campo.

Sobre una pantalla hizo después una exposición práctica, abriendo el link de la blockchain Solana y mostrando cómo opera la plataforma. Entre otros elementos, los asistentes pudieron observar el método para crear un token y la forma de realizar transacciones. Además, Rodríguez accedió a $Libra y mostró “los tres momentos precisos” en que fue creado el token, se generó el código y cuando quedó disponible para su comercialización.

También recordó que “la dirección del token fue creada 20 minutos antes del tuit presidencial y aún no era de dominio público, por lo cual se infiere alguien brindó ese dato específico al presidente o alguien de su entorno”.

Según el especialista, “resulta muy importante esta cronología porque permite comprobar que desde la creación hasta su disponibilidad pasaron 20 minutos (de 18:30 a 18:50 horas) y en los diez minutos siguientes (hasta el tuit del presidente a las 19:03) hubo 87 transacciones en 70 billeteras virtuales”.

Esos inversores privilegiados, conocidos como “insiders”, tuvieron conocimiento anticipado que les permitió actuar con una gran ventaja. También analizó el precio del activo y su fluctuación durante el breve lapso que duró la operación, y mostró que “hasta hoy, el token $Libra lleva más de un millón de registros contables, es decir transacciones (movimientos entre billeteras)”.

Según Rodríguez, “hay 40 mil billeteras que movieron fondos y se estima unas 30 mil personas perdieron dinero”. Actualmente “quedan unos 28 mil tenedores de moneda, pero los ganadores resultaron muy poquitos, menos de diez billeteras”. Como lo usual en estos casos es que los inversores operen varias billeteras, “resulta muy probable que las personas físicas sean solamente tres o cuatro”.

Implicancias jurídicas.

“Como cualquier otro delito, para determinar que fue una estafa se requieren elementos probatorios que deben ser obtenidos mediante una investigación judicial, y la presunción de inocencia rige para todo el mundo”, aclaró Alejandro Osio. Doctor en Derecho, magister en ciencias penales, especialista en derechos humanos y docente titular en la UNLPam y otras universidades, explicó cómo se configuran una estafa, una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y una intermediación financiera ilegal.

Posteriormente, analizó eventuales responsabilidades del presidente. “En este caso habría evidencia suficiente, según la doctrina mayoritaria y los estándares jurisprudenciales federal y provincial, con elementos determinantes de una estafa y de negociaciones incompatibles con la función pública”, dijo.

En cambio, para definir si hubo “una intermediación financiera irregular, debe probarse que operó como intermediario mediante una oferta pública sin estar autorizado por la Comisión Nacional de Valores ni tener matrícula habilitante”, lo cual “ameritaría una discusión más técnica que penal”.

También aclaró que “en los casos que involucran a funcionarios públicos deben evaluarse los llamados deberes de prestación positiva, porque un funcionario tiene el deber de proteger a la comunidad de posibles daños, además de abstenerse de cometerlos”. Según Osio, el sistema judicial argentino tiene suficiente capacidad para abordar este tipo de investigaciones, aunque “los especialistas siempre proponen mejorar, actualizar y adecuar la normativa existente porque la industria tecnológica avanza muy rápidamente”. Si bien la legislación no avanza con la misma velocidad “existen criterios jurídicos que van interpretando en sentido histórico la normativa, adecuándola a nuevas formas, y hay suficientes estándares jurisprudenciales” para llevar a buen puerto esta investigación.

“Debe actuar el Congreso”.

Finalmente, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez expuso por teleconferencia sobre las cuestiones constitucionales y de ética pública vinculables a este escándalo. Advirtió que “además de las posibles infracciones al Código Penal, la conducta del presidente podría implicar una violación a la Ley de Etica Pública (Nº 25188)” y subrayó “la importancia y necesidad de que esta actuación sea investigada por el Congreso Nacional”.

Si bien “en el Senado no prosperó el proyecto para crear una comisión investigadora, por falta de un voto en una escandalosa sesión” desarrollada días atrás, el constitucionalista manifestó que “sería importante que la Cámara de Diputados adopte una posición diferente y acepte profundizar una evaluación de la conducta presidencial, sin soslayar la también imprescindible investigación judicial”.

Según Gil Domínguez, habría “hechos claros e inamovibles para demostrar una vulneración de la ética pública, que deberían ser corroborados por el Poder Legislativo” y que podrían aparejar fuertes efectos políticos, en virtud de las “condiciones necesarias para acceder a la presidencia de la Nación y sostenerse en ese cargo”.