“Una acción ante la Corte”

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un pedido de informes en la Cámara baja, por los anuncios de Mendoza, respecto a que "ya seleccionaron a la empresa que se hará cargo y reactivará, desde 2024, la mina Potasio Río Colorado".

El diputado radical le dijo a LA ARENA que "me parece necesario que el gobierno de La Pampa inicie una acción ante la Corte Suprema para que Mendoza se abstenga de poner en marcha la construcción de la mina de potasio y también sería oportuno promover una cautelar como medida de no innovar para detener la evolución del proceso de licitación q hasta que no se resuelva el fondo del asunto".

Asimismo indicó que "en este caso hay que demandar tanto a la Nación como a la provincia de Mendoza y convocar como terceros interesados a las otras tres provincias condóminas de la cuenca que tienen intereses concurrentes en el tema y por supuesto que habrá que aportar una buena demostración técnica de que la explotación sin un nuevo procedimiento de evaluación ambiental es un evidente riesgo para el Río Colorado".

El proyecto.

En su proyecto, Berhongaray le solicita al Ministerio del Interior, a cargo de la presidencia del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que "brinde información circunstanciada respecto de las siguientes cuestiones, vinculadas al anuncio que según medios periodísticos habrían efectuado autoridades del Gobierno de la provincia de Mendoza en relación a que ya seleccionaron a la empresa que se hará cargo y reactivará, desde 2024, la mina Potasio Río Colorado".

Asimismo, pide que se informe "si se han recibido actuaciones sobre este tema por parte de las autoridades de la provincia de Mendoza, en qué estado se encuentran y qué acciones se han tomado al respecto. Si tiene conocimiento de la razón por la cual las autoridades de la provincia de Mendoza mantienen todo lo referido a la adjudicación del proyecto bajo cláusula de confidencialidad, en detrimento de lo establecido por el Régimen de Contrataciones correspondiente, teniendo en cuenta que se trata de una empresa con mayoría accionaria estatal. En oposición, además, a las normas que rigen el derecho de acceso a la información pública".