UNLPam: “Sólo el 0,1% son extranjeros”

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Francisco Marull, rechazó los argumentos del Gobierno nacional para impulsar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros y aseguró que la realidad de la universidad pampeana desmiente por completo el diagnóstico oficial. Según precisó, de los 17.970 estudiantes que integran actualmente la matrícula de la institución, solo 12 son extranjeros, lo que representa apenas el 0,1% del total.



Marull detalló la situación en la UNLPam, luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, difundiera cifras sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en universidades públicas que luego fueron cuestionadas por distintas casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires.



“Pedimos un informe para analizar la situación y los números son muy claros. Tenemos alrededor de 17.970 estudiantes y apenas 12 alumnos extranjeros. Puede haber algún error de carga, pero la tendencia es clarísima: es una situación absolutamente marginal”, explicó Marull en Radio Noticias.

Intercambios.



El rector remarcó que la mayoría de esos estudiantes forman parte de programas de intercambio académico que la propia universidad promueve con instituciones de otros países. “Nosotros incentivamos que nuestros estudiantes puedan cursar en universidades extranjeras y también que alumnos de esas universidades vengan a estudiar acá. Es una experiencia que enriquece nuestras aulas con otras miradas, otras experiencias y otras culturas”, sostuvo.



Para Marull, la discusión instalada por el Gobierno carece de sustento en la realidad y tampoco ofrece respuestas concretas a los problemas del sistema universitario. "Se propone una solución para un problema que no existe”, resumió. En ese sentido, cuestionó uno de los principales argumentos oficiales, según el cual los estudiantes extranjeros representarían un costo significativo para el Estado argentino.

“Si uno piensa en una comisión de cien estudiantes, uno solo sería extranjero. Eso no implica contratar más docentes ni ampliar estructuras para atenderlo. Desde ningún punto de vista el planteo tiene impacto sobre el financiamiento universitario”, afirmó.

El rector insistió en que los números demuestran que el eventual cobro de aranceles no resolvería las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades públicas. “Si el objetivo fuera mejorar el financiamiento del sistema, claramente esta medida no serviría. Los porcentajes son tan bajos que no modificarían absolutamente nada”, señaló.

“Buscan confusión”.

Más allá de los datos, Marull consideró que el verdadero problema es la instalación de debates basados en información falsa. “Lo que se busca es generar confusión. Terminamos discutiendo temas que no tienen ninguna incidencia real mientras quedan relegadas otras cuestiones que sí son importantes para el sistema universitario”, advirtió.



Durante la entrevista también expresó preocupación por el modo en que circula la información en la actualidad y llamó a recuperar el pensamiento crítico. “Tenemos que detenernos un segundo a pensar. Ver de dónde sale la información, buscar otras fuentes y contrastar los datos. No podemos renunciar al razonamiento porque eso termina condicionando la agenda pública”, afirmó.



En la misma línea, consideró especialmente grave que la polémica haya sido impulsada desde el propio Gobierno nacional. “Cuando un funcionario de tan alto nivel instala datos alejados de la realidad, la discusión pública se contamina con problemas inexistentes. Después todos terminamos gastando tiempo y energía en desmentir algo que nunca fue cierto”, sostuvo.

A la espera.



Consultado sobre la situación presupuestaria de las universidades, Marull confirmó que la UNLPam continúa esperando novedades sobre la aplicación del fallo judicial que ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes. Recordó que la ley de financiamiento universitario fue aprobada hace un año y lamentó que su cumplimiento haya derivado en una larga disputa judicial.



“Es preocupante naturalizar que una ley sancionada por el Congreso necesite un año de litigio para empezar a cumplirse. Ese no debería ser el funcionamiento normal de las instituciones”, concluyó.