Quieren allanar medios porque no tienen pruebas

(General Pico/Agencia)
Un fiscal adjunto pretende allanar los medios de comunicación para conseguir pruebas para una causa. La intimidación es inédita y puede derivar en un severo problema institucional. Una vez más, quedan al descubierto las falencias en las investigaciones.
En una ofensiva judicial sin precedentes contra el periodismo y amenazando con iniciar acciones que hasta vulneran derechos constitucionales, el fiscal adjunto Oscar Blanco pretende allanar medios de comunicación de General Pico para obtener pruebas que ayuden a sostener una acusación por los destrozos al edificio de Tribunales.
La increíble amenaza hacia los medios de comunicación, pergeñada por algún otro integrante del Ministerio Público Fiscal, podría tener consecuencias gravísimas en lo institucional. Lo concreto es que la Justicia había demorado a 13 personas, todas sospechadas de tener algún grado de participación durante el vandálico ataque al edificio de Tribunales pero nunca pudo comprobar la culpabilidad de ellos.
Tras la audiencia de formalización de la investigación realizada en Trenel, con medidas de seguridad inéditas, el juez de Control, Diego Ambrogetti, dictó la prisión preventiva de los 13 imputados por 30 días. Pero esa medida de restricción de la libertad no se pudo sostener ante la imposibilidad de la fiscalía de obtener pruebas. Por eso, todos los sospechados fueron liberados.
El ataque al edificio de Tribunales se dio en el marco de las protestas sociales por el asesinato de Sofía Milagros Viale. El 7 de noviembre pasado, un grupo de personas arremetió contra el Palacio de la Justicia piquense y provocaron gravísimos daños y hasta llegaron a incendiar un sector de la planta baja.

Allanamientos.
No dejó de llamar la atención ese día que el clima de posible violencia no fuera advertido por las autoridades judiciales ni policiales, ya que desde temprano grupos de jóvenes mantenían cercada la zona. Pero nadie actuó de manera preventiva. Hacia las 22 se produjo la agresión contra el edificio, que casi no tenía protección policial. El resultado fue que el Palacio de Tribunales quedó arrasado por los disturbios.
La investigación de ese episodio derivó en la demora de varias personas, de las cuales 13 resultaron imputadas, ya que el resto eran menores de edad. La fiscalía no logró las pruebas necesarias para sostener la prisión preventiva, que debería aportar la Policía como auxiliares de la Justicia. Los supuestos culpables permanecieron varios días en prisión sin indicios de haber sido ellos los causantes de los daños.
Como se carece de información propia y ni siquiera los investigadores han podido aportar pruebas para encontrar a los culpables, ahora el fiscal adjunto Blanco ha dicho que si lo considera necesario puede allanar los medios de comunicación en busca de "material reservado", que sirva para la causa. Llamativo es que el Ministerio Público Fiscal no pueda contar con el aporte de la propia Policía para identificar a los autores de la destrucción de los Tribunales piquenses.
Pero el no esclarecimiento de episodios delictivos no es nuevo. Es extensa la lista de causas importantes por la que no hay detenidos ni sospechosos de haber participado en resonantes casos. Ni siquiera se ha podido completar una acusación seria en muchas investigaciones para elevar a juicio la causa. Algo similar ocurre ahora, cuando queda al descubierto la falta de medios para poder resolver la causa de los destrozos a Tribunales.