Prohibieron la venta de juguetes blandos tipo squishy
Por parte del Gobierno de la Nación se estableció la prohibición para toda la Argentina la importación, como así también la fabricación, la comercialización o el almacenamiento del tipo de juguetes blandos como el squishy que tienen la forma de dumpling o gyoza (comidas chinas) ya que, después de reiteradas denuncias, se reportó que se encuentran vinculados a posibles riesgos que podrían tener para la salud de los usuarios.
Con respecto a lo publicado por la Agencia Dib, esta medida es para todos los artículos que se encuentren comercializados con el nombre de “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy con Steamer Box”, “Dumpling Squishy” y “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis”. A esta prohibición se le suman todas las versiones genéricas que no tengan marca declarada.
El alcance relacionada a la decisión de que se prohíba la venta no solo se limita a eso, sino también a la importación, a la fabricación y a la posterior comercialización de que se retiren las existencias y que se destruyan o se desecharlas de manera inmediata y segura, en relación a la normativa vigente.
El eje de esta disposición está asociada a la seguridad de los productos que tiene por destino que lo utilicen las infancias. Con respecto al texto oficial, este tipo de juguetes podrían llegar a contener benceno, ftalatos como otras sustancias químicas tóxicas que pueden ser nocivas ya que concentran químicos superiores a los que son permitidos por las normativas técnicas de seguridad que se aplican en nuestro país.
Asimismo, esta medida se encuentra fundamenta por denuncias y por antecedentes que se encuentran relacionados a la comercialización de juguetes infantiles que serían importados y que podrían llegar a poseer sustancias que son sumamente peligrosas. Algunos de los compuestos que se mencionan en la prohibición podrían llegar a tener potencial cancerígeno y mutagénico. Es decir, los riesgos se encuentran asociados al juguete en contacto directo con la piel o ya sea por su inhalación.
Esta determinación por parte del Gobierno nacional alcanza a todo el país y se sustenta en el marco de protección que se encuentra establecido por la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
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