Control Real

Hace cuatro años, la concejala Claudia Giorgis se subió a su auto con un posicionador satelital (GPS) y junto con sus colaboradores siguió a los colectivos de las líneas urbanas. Sospechaba que los subsidios que cobraba la empresa con el aval de la Municipalidad no se ajustaban al kilometraje real. Luego de días de trabajo logró medir de manera indudable la distancia exacta de los recorridos y pudo realizar la comparación que la había llevado a realizar su periplo. Cotejó sus resultados con los informes oficiales que la Municipalidad de Santa Rosa presentaba ante las autoridades nacionales encargadas de liquidar los subsidios a las empresas de transporte y llegó a la conclusión que sus sospechas eran ciertas, esos informes "inflaban" las distancias.
La diferencia era enorme como enorme era la masa de dinero "extra" que esa situación volcaba a favor de la empresa.
Las consecuencias de esta constatación era graves pues se estaba ante la evidencia de que podía existir en la municipalidad una connivencia con la empresa privada que prestaba el servicio de transporte urbano de pasajeros para que ésta cobrara un subsidio mayor del que legalmente le correspondía. Con esas pruebas la concejala creyendo aún que el intendente había sido sorprendido en su buena fe (porque además constata que en vez de los veinte colectivos que la empresa decía tener en el servicio de la ciudad, solo tenía dieciséis) le envía notas poniéndolo al tanto.
Pero el intendente de entonces, lejos de actuar en virtud de las pruebas que le sugerían que se estaba cometiendo un fraude contra el Estado Nacional, redobló su apuesta de beneficiar a la empresa y envió al concejo un proyecto para otorgarle 600.000 pesos de subsidio más a la empresa. Más aún, en el colmo de la complicidad o la negligencia el intendente elaboró los pliegos de la nueva licitación para la concesión del servicio, no con los recorridos reales sino con los "inflados".
Ya sin dudas sobre que el papel del jefe comunal en el tema era cualquier cosa menor buena fe, la concejala fue a la justicia. Ahora sí sospechaba que ese "excedente" creado artificialmente entre la empresas y la municipalidad y que significaba un liso y llano fraude al Estado, había servido para enriquecer a alguien, a algún funcionario concretamente.
Tres años después, la justicia resuelve ahora el procesamiento del intendente Néstor Alcala quien se presenta como el responsable de permitir ese fraude millonario.
Pero no es ésta la moraleja del caso. La justicia suele ser un ámbito cada vez menos apto para que la sociedad vea plasmada en ella la eticidad que se busca en la función pública. Puede terminar este caso con una prescripción, un recurso que deje todo a fojas cero o un error de procedimiento que invalide la investigación y deje a todo el mundo en su casa.
Por eso la moraleja hay que buscarla en la actitud que asumió una concejala electa por la ciudad para controlar al poder público tal como era su mandato. Si se hubiera limitado a quedarse en su banca mirando los papeles y creyendo que esos papeles reflejaban la realidad (como hace, por ejemplo el Tribunal de Cuentas pese a que su función constitucional es "fiscalizar") el fraude se hubiera cometido sin problemas, impunemente. En cambio, se levantó de su despacho, salió a la calle, se subió a su auto particular y con sus colaboradores hizo lo que no estaba en el libreto de ningún organismo de control nacional, provincial ni municipal.