Una buena propuesta que merece atención

La propuesta del vicegobernador de crear juzgados de Paz Letrados en cinco localidades del interior muestra, al menos en este caso, que algunos hombres de gobierno ven más allá de sus narices. El funcionario mostró una acertada lectura de la realidad cuando argumentó que con esos organismos podrían resolverse cuestiones judicializables de menor cuantía en localidades más o menos pequeñas.
Puso ejemplos sobre los hechos que podrían abordar: habló de casos de incumplimientos laborales, ruidos molestos, falta de pago de cuotas alimentarias, problemas de medianeras, etc. A estas cuestiones pueden agregarse otras. El artículo segundo de la ley provincial sobre normas de competencia y funcionamiento de los juzgados Regionales Letrados detalla que esos organismos atienden disputas civiles, comerciales, laborales y de familia que no excedan los 100.000 pesos; y tengan por objeto la guarda, tenencia y régimen de visitas de menores, nulidad del matrimonio, divorcio y separación, alimentos y disputas vecinales. Y asuntos propios del Código de Faltas y de la ley de explotación de los juegos de azar.
Las palabras del vicegobernador -que pensó con sentido común- no fueron alentadas ni replicadas. Pero posiblemente haya reacciones si el proyecto toma vuelo y avanza. No es difícil imaginar que habrá quienes desde sus despachos oficiales cuestionen su viabilidad y antepongan la vigencia de determinada normativa para frenar su puesta en marcha. Y que esos temas no salgan de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en Santa Rosa, General Pico o General Acha. También se escuchará -faltaba más- a quienes se oponen al proyecto por cuestiones presupuestarias. Y habrá otro grupo de funcionarios que tienen responsabilidades importantes en la Casa de Gobierno, en la Legislatura y en la Justicia, que responderá con su habitual indiferencia.
Pero la idea exige tener una visión más amplia, y plantearse la apertura de esos órganos judiciales a partir del beneficio que podría significarle a miles de pampeanos. Actualmente el único juzgado letrado que existe funciona en Victorica. Los futuros estarían ubicados al menos en 25 de Mayo y Guatraché -donde ya hay fiscalías de Citación Directa- y Santa Isabel. Y hasta podría imaginarse otro en Realicó para cubrir el norte provincial. ¿Cuánta distancia, tiempo y dinero se ahorrarían los pobladores de Puelén, Limay Mahuida, General San Martín, Bernasconi, Macachín y otros pueblos con la apertura de las tres sedes?
Hoy, quien vive en Limay Mahuida debe viajar hasta General Acha para resolver, por ejemplo, una diferencia de 500 o 1.000 pesos en una indemnización. Lo mismo ocurre para alguien de Jacinto Arauz o La Adela que tiene un problema de medianera. El autor de la propuesta lo dijo con otras palabras sin gran sofisticación: habló de recuperar el rol de "justicia de entrecasa".
Pero además el proyecto parece ofrecer un beneficio extra para el propio Poder Judicial, porque le permitiría descentralizar en el interior demandas de menor cuantía que hoy, mayoritariamente, atiborran los tribunales de las principales ciudades. ¿O acaso no hace meses que se está buscando un magistrado para un juzgado civil de Acha, al verse esa sede desbordada?
El vicegobernador no sólo lanzó la idea, sino que a sabiendas de que es imposible modificar la Constitución, ofreció la alternativa de nombrar en los juzgados de Paz a abogados como secretarios letrados. Una solución rápida y económica.
Sin embargo, desde que él lanzó el proyecto, no hubo reacciones. Nadie debatió, cuestionó ni ofreció soluciones mejores. Si el concepto es acercar la justicia a la gente, ¿qué hacen quienes dicen representarla? No miran más allá de sus narices.