"Daños colaterales" de la represión

El terrorismo de Estado adquirió en nuestro país muchas formas más allá de las "clásicas", por definirlas de alguna manera. No sólo hubo detenciones en horas de la noche, secuestros en plena vía pública, aplicación de tortura, desapariciones, vuelos de la muerte o apropación de bebés nacidos de madres cautivas en los centros clandestinos de detención. El terror generalizado propició todo tipo de atropellos legales. Es sabido que, entre el amplio muestrario de atrocidades, no faltaron el secuestro de empresarios con el propósito de despojarlos de sus bienes y traspasarlos a militares o civiles ligados a éstos ni los robos en las casas de los secuestrados para apropiarse de sus enseres y usarlos como verdaderos botines de guerra.
Lo que LA ARENA acaba de divulgar en estos días forma parte de aquel paisaje de vejaciones a los que se sometió a la población que veía horrorizada cómo sus derechos elementales: a la vida, a la identidad, a la libertad, fueron pisoteados por quienes detentaban el poder o sus cómplices que medraban con el privilegio de pertenecer o simpatizar con los "guardianes del orden" de aquellos oscuros años. El caso pone de relieve tres aspectos de relevancia de la última dictadura. En primer lugar la estrecha relación de los civiles con los represores a la hora de cometer delitos de naturaleza aberrante: en este caso se trató del secuestro de un bebé y el cambio de su identidad para entregarlo a otra familia. En segundo lugar, se amplía el espectro de arbitrariedades cometidas en nombre de la "lucha contra la subversión" en el territorio pampeano. Y por último, el silencio como única respuesta, la paralización de la sociedad por el miedo, el "no te metás" ante el desamparo evidente de una víctima.
Hasta el momento, el juicio a los represores de la Subzona 14 realizado hace justo un año, permitió ver que en La Pampa la metodología giró básicamente sobre el secuestro, la detención ilegal y la tortura de personas. Los casos de muertos encontrados en algunos puntos de la provincia se adjudican -al menos hasta ahora- a operaciones realizadas fuera de la provincia. Tampoco las investigaciones han detectado casos de desapariciones, vuelos de la muerte, fosas comunes con cadáveres dinamitados u otro tipo de asesinatos en masa. El robo de bebés era otro costado siniestro que se encontraba ausente en la metodología desplegada en estas tierras. Pero ahora, con la reciente revelación de este diario, ese tipo de delitos se incorpora a los ya conocidos.
La participación decisiva de un civil -ya fallecido- en ese acto ha causado fuerte impacto en la sociedad pampeana, especialmente porque se trató de una persona muy conocida en el ambiente comercial de nuestra ciudad. Las amenazas que ha recibido la madre a quien le robaron el bebé habla también de que en el ámbito familiar de los apropiadores sigue persistiendo, al menos en alguno de sus miembros, una forma de proceder a todas luces reñidas con la legalidad y con la ética y que no muestra el menor remordimiento por la magnitud del daño causado.
A esta altura ya nadie puede dudar de que la dictadura militar fue un cáncer para el cuerpo social del país. Y que el mejor remedio para combatir sus secuelas han sido y son los juicios y las condenas a quienes violaron todas las leyes y los códigos de ética, amparados en la impunidad que otorgaba el ejercicio del poder absoluto por el uso de las armas ante una sociedad horrorizada. Este caso también encaja perfectamente en el marco de lo que sucedía en aquellos años de la dictadura militar. La Justicia ya está investigando este nuevo caso, es de aguardar que salga a la luz lo sucedido y que se establezcan las responsabilidades penales que correspondan.