Fuertes presiones inconstitucionales sobre Gils Carbó

Pese a las promesas de campaña de Mauricio Macri de "respeto a la independencia del Poder Judicial", la fuerte presión que está ejerciendo sobre la Procuradora General de la Nación, para que renuncie a su cargo, van a contramano de aquellas promesas.
IRINA SANTESTEBAN
El cargo de Procurador General de la Nación está previsto en la Constitución Nacional, artículo 120, que dispone: "El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones". La Ley Orgánica del Ministerio Público (N° 24.946), reglamenta la organización y funcionamiento de ese órgano, que según el artículo 1 es "independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura".
La designación del Procurador General está a cargo del Poder Ejecutivo nacional con aprobación del Senado, con los dos tercios de sus miembros presentes (art. 5), y goza de estabilidad "mientras dure su buena conducta" (art. 13), hasta los 75 años de edad. La doctora Alejandra Gils Carbó fue designada por la presidenta Cristina Fernández en agosto de 2012, cuando se desempeñaba como Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y al momento de tratarse su pliego en el Senado, fue aprobado por 63 senadores de los 66 que había presentes al momento de esa votación (95% de los miembros presentes).

 

Fiscal "militante".
El argumento que esgrimen tanto el presidente electo como el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, es que AGC habría sido una "militante" del kirchnerismo. También la acusan de mal desempeño en sus funciones por no haber aprobado la actuación del fiscal José María Campagnoli en la investigación que llevaba adelante en lo que Jorge Lanata denominó "la ruta del dinero K", basada en la existencia de supuestos bolsos de dinero que salían de la Casa Rosada, entre otras cosas que nunca fueron acreditadas. Otra acusación contra la Procuradora es la designación de fiscales subrogantes, basada en una ley que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Gils Carbó fue acusada también en una denuncia judicial formulada por Guillermo Marijuan, del "grupo de los fiscales" que a principios de año convocaron a una marcha por el esclarecimiento de la muerte de otro fiscal, Alberto Nisman, de clara connotación contra el gobierno nacional.

 

Dictamen contra el monopolio.
Sin embargo, la procuradora cuenta entre sus abundantes antecedentes académicos y funcionales, haber sido la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal, argumentando que constituía una "concentración monopólica". Ese dictamen revela una actitud independiente, porque se oponía al acuerdo entre el presidente Néstor Kirchner y el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, para que se lograra la fusión entre esas empresas de televisión por cable. A partir de ese momento, Gils Carbó pasó a ser una "funcionaria judicial indeseable" para Clarín, que luego de su designación como Procuradora, dirigió sus dardos hacia ella.

 

Justicia legítima.
Integrar el colectivo "Justicia Legítima" también fue parte de la demonización que ha sufrido por parte de la corporación judicial. Como si formar parte de una asociación de miembros del Poder Judicial fuera una cosa denigrante; sin embargo, los integrantes de la Asociación de Magistrados no fueron ni son nunca denostados por esa pertenencia. Y eso que en muchos temas han tenido posiciones que bien pueden calificarse de "militantes", claro que de un signo contrario al que se le enrostra a la Procuradora.
La verdadera razón es que "Justicia Legítima", además de apoyar el proceso de reforma del Poder Judicial que intentó hacer Cristina Fernández, ha sido y es muy crítica de las posiciones corporativas de una gran parte del Poder Judicial, un poder del Estado que se ha caracterizado por su conservadurismo refractario a los cambios sociales. Vale por ejemplo, las cautelares contra la Ley de Medios, o el freno a la aplicación de la Guía de Abortos No Punibles, aún siendo una directiva de la Corte Suprema.

 

Procuradurías.
Una de las acciones más importantes que llevó adelante Gils Carbó ha sido la creación de las Procuradurías Especiales en delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, etc. Estas verdaderas unidades especiales en materia de investigación y persecución de esos delitos, son un verdadero avance del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa política ha sido ninguneada por los medios de prensa hegemónicos, e incluso se ha tratado con desprecio a quienes están al frente de esas Procuradurías, calificándolos como los "fiscales K".
El apoyo a la Procuradora General por parte de los organismos de Derechos Humanos, tiene que ver con la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, como continuidad de la Unidad de Seguimiento de los Juicios que comenzaron a realizarse luego de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final. Entre sus objetivos está la elaboración de un registro completo y actualizado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado; la sistematización y procesamiento periódico de la información sobre los juicios; intensificar el registro e investigación de casos de abusos sexuales cometidos durante la última dictadura cívico-militar; la creación de una oficina de digitalización de causas complejas y de un archivo de causas con toda la documentación judicial producida en las causas por violaciones a los DD HH, etc.
¿Qué hará el gobierno macrista con esta política de Estado y en cuanto a los procesos en curso, contra los crímenes del terrorismo de Estado? Aunque el presidente electo haya expresado que "seguirán", su ataque a la Procuradora General es también un tiro por elevación contra esas Procuradurías.

 

A favor.
La Procuradora ha recibido fuertes apoyos a su permanencia. Entre los más importantes, figura la Dra. Elena Highton, vicepresidenta de la Corte Suprema, quien ha ratificado que la única forma de remover de su cargo a Gils Carbó, es mediante el juicio político, que requiere causales establecidas en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica, así como una mayoría especial en el Senado para su apertura. Highton fue enfática cuando dijo que la Procuradora debía "permanecer".
Otro ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, se pronunció en el mismo sentido. Y lo hicieron más de cien fiscales federales de todo el país, mediante un comunicado elaborado por el cordobés Enrique Senestrari, también calificado peyorativamente por el grupo Clarín como "militante K".
El Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, así como un conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de Bahía Blanca y La Pampa, también expresaron su apoyo a la Procuradora y rechazaron las presiones del macrismo para forzar su renuncia.
Para el Foro santafesino la Dra. Gils Carbó ha sido un "ejemplo" de Justicia Independiente, resaltando su posición de ubicarse siempre desde el lugar de las víctimas y los desamparados. Y expresan que los ataques que viene sufriendo sistemáticamente han sido promovidos por los grupos del poder económico y la corporación judicial representada por jueces como Claudio Bonadío y el fiscal Ricardo Sáenz. Destacan que como abogada especializada en derecho comercial, se ganó un lugar en la función como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones, por dar la batalla contra las empresas poderosas.
El Movimiento Pampeano por los DDHH, la Asamblea Permanente por los DDHH de Bahía Blanca, ex detenidos de la sub zona 14, Hijos Bahía Blanca, entre otras organizaciones se consideraron en Estado de Alerta Permanente, dispuestos a resistir cualquier resolución contraria a la lucha por la plena vigencia de los Derechos Humanos.

 

Piumato en contra.
El secretario general del gremio de los trabajadores de la Justicia Federal, Julio Piumato, hace años que dejó las filas kirchneristas, junto a su jefe en la CGT, Hugo Moyano. Cuando la presidenta impulsó las leyes de reforma judicial en 2013 -luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema- Piumato convocó a siete paros generales contra esas leyes, a pesar que algunas, como la del ingreso por concurso, habían sido una bandera gremial. En esa oportunidad, fueron los propios jueces los que cerraban las puertas de los juzgados, para garantizar la efectividad de aquella medida de fuerza.
Coherente con esas posiciones, la semana pasada, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro para pedir la renuncia de la Procuradora General, a despecho de las buenas medidas que Gils Carbó adoptó en recursos humanos, tal como se reflejan en la página web del ministerio público (www.mpf.gov.ar).
No es de extrañar que en descontento con esas posiciones de Piumato, le haya surgido un sindicato opositor en la ciudad de Buenos Aires, el Sitraju, cuya secretaria general es Vanesa Siley.

 

Juicio político.
Casi todas las voces autorizadas en el tema, coinciden en que, más allá de que el macrismo no cuenta en el Senado con la mayoría suficiente como para pedir el juicio político de Gils Carbó, tampoco habría motivos que justifiquen el inicio de ese remedio constitucional para la destitución.
Por ello, desde las filas del PRO han expresado que van a "darle tiempo" a Gils Carbó para que renuncie "hasta fin de año". Y si la funcionaria, como lo ha expresado, resiste esas presiones y se mantiene en su cargo, la estrategia sería utilizar otros "mecanismos institucionales" para lograr ese objetivo.
No existen otros mecanismos para forzar el alejamiento de una funcionaria cuya estabilidad garantiza nuestra Carta Magna. Cuando el kirchnerismo intentó impulsar el alejamiento del ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, debido a su avanzada edad -97 años- y la posibilidad de que estuviera afectada su salud para el ejercicio de un cargo tan importante, toda la oposición salió a denunciar una "embestida" contra instituciones republicanas.
Cuando se trata de forzar el alejamiento de Gils Carbó, entonces esas embestidas se transforman en "mecanismos institucionales".