De pies y manos

Era previsible: cuanto más se adentraran las provincias en la infame “ley ómnibus”, mayores iban a ser las sorpresas y las resistencias a su aplicación, muy especialmente en lo que hace a las explotaciones petrolíferas.

 

Y así ha sido porque el análisis prolijo del texto por parte de los equipos técnicos y políticos de los gobiernos provinciales (especialmente en lo que hace a La Pampa y los gobernadores patagónicos) demuestra con la mayor claridad que la idea del gobierno de Milei es, prácticamente, atar a las provincias de pies y manos en lo que hace al manejo del recurso, además de favorecer abiertamente al capital privado. En esa línea, en una suerte de advertencia, los estados provinciales rechazaron del proyecto de “ley ómnibus” a "todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas, así como también del dominio originario sobre nuestros recursos naturales".

 

Los pretendidos avances de Nación son indignantes y evidencian la intención, entre otras cosas, de diluir las potestades en los pliegos licitatorios, quitándoles previsibilidad y transparencia; rebajar el dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos y, siempre dentro del tema concesiones, dejar sin efecto "la potestad que tienen las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento”. Pero donde el favoritismo del gobierno nacional para con los privados queda en flagrante evidencia es un inciso del artículo 80º que "excluye como causal de caducidad de las concesiones el incumplimiento de las obligaciones resultantes (…)". Tal como se lee.

 

Las provincias petroleras que componen la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) enviaron al Gobierno nacional un texto para reclamar por la posible modificación de algunos artículos, pero el pedido fue desestimado, dándole prioridad a la propuesta que regiría la comercialización local e internacional de petróleo y gas.

 

El revés para los gobernadores tiene un muy duro componente: “La reforma de un artículo clave, que históricamente privilegió las necesidades de abastecimiento del mercado interno por sobre la exportación de petróleo y gas”. Lo que equivale a decir que el gobierno nacional resigna sin mayores problemas su potestad

 

para intervenir en materia de precios y suministro doméstico de hidrocarburos. Sería un punto de quiebre y un cambio de paradigma. Este artículo clave para la vida de la Nación toda es una clarísima muestra de una vocación entreguista y privatizadora; una fácil lectura de la propuesta debe leerse como aumentos desmedidos –que ya están en marcha— del suministro hogareño de gas y, una vez más, de los combustibles. Las prevenciones que dice tener el actual gobierno, netamente favorables a los grupos privados, no abren demasiadas expectativas favorables conociendo sus procederes. En definitiva: es un adiós a la ley vigente, que privilegiaba la necesidad de garantizar el suministro doméstico antes de autorizar exportaciones de petróleo.

 

Está claro que “los gobernadores optaron por recomendar la continuidad de la primacía del mercado interno como eje ordenador de la normativa petrolera”. Hasta ahora al menos, el Gobierno Nacional hace oídos sordos.

 

De hecho, el ex presidente de la petrolera del grupo Techint estuvo presente en la Cámara Baja defendiendo el proyecto, al igual que la gran mayoría de las petroleras.