Estado de conmoción

Es difícil encontrar en la memoria el recuerdo de un estallido de violencia tan virulento como el que sufrió nuestra ciudad este domingo. Las imágenes de los patrulleros incendiados, los ataques con piedras a la Comisaría Sexta, la respuesta policial que necesitó refuerzos de otras dependencias, las corridas y disturbios que se multiplicaron en el barrio Río Atuel van a quedar grabadas por mucho tiempo en las mentes de las y los santarroseños.

Todo comenzó cuando la movilización que se llevaba a cabo por las calles de esta capital en reclamo de justicia por el brutal asesinato del pequeño Lucio Dupuy, se dirigió a la sede policial en donde se encontraban detenidas las sospechosas del crimen. Hasta ese momento la marcha se desarrollaba en paz, con expresiones de enojo hacia las presuntas homicidas y de repudio hacia la inacción del Estado. La indignación popular había encontrado un canal para expresarse públicamente tanto en Santa Rosa como en General Pico, en donde la concentración de vecinos fue multitudinaria para acompañar a los abuelos y al padre del pequeño.

Pero en algún momento se desató la violencia con su sello de fuego. Fue una minoría de jóvenes que comenzaron a lanzar piedras e incendiar vehículos con furia inusitada. La mayoría de los presentes tuvo una reacción digna de destacar: retirarse del lugar y continuar la movilización pacífica en otro lado. A la acción enajenada de una minoría le siguió una reacción de madurez de la mayoría, una actitud que pasó poco menos que desapercibido ante las escenas dantescas del enfrentamiento.

El estado de conmoción que vive nuestra pequeña sociedad provinciana es harto justificado. Al crimen espeluznante del niño en manos -todo indica- de quien lo trajo al mundo se le suma un desborde de violencia colectiva que buscaba hacer justicia por mano propia cargándose a las detenidas.

La única forma de reparar este daño social -el daño personal y familiar es irreparable- es con la actuación inmediata de todos y cada uno de los organismos públicos implicados, directa e indirectamente. Fue demasiado grave lo sucedido como para que alguien se permita mirar para otro lado. La burocracia judicial, en primer lugar; la policía, los numerosísimas dependencias oficiales que tienen competencia en la materia, el sistema educativo y el de salud... Los abuelos y el padre del pequeño aseguran haber denunciado en diversos ámbitos el peligro al que estaba expuesto. El magistrado que otorgó la tenencia con evidente carga de prejuicios y "miedo al escrache" -certera observación de una mujer en las redes sociales- y que no se encargó de realizar un seguimiento es uno de los más observados, y con justicia. El resto de los funcionarios que pudo hacer algo más que decir "no hubo denuncias", también.

La irracional violencia callejera de la turba es inaceptable, como también la pretensión de linchar a las acusadas. Pero el solo hecho de que algo así haya sucedido con semejantes niveles de enajenación es un llamado de atención que no pueden ignorar los responsables de los tres poderes del Estado. La sociedad exige respuestas, y no puede ser defraudada.