Generación diezmada

La dictadura diezmó una generación ejerciendo el terrorismo de estado; el actual Gobierno hace lo propio con la actual generando “muertes por desesperación”. El exceso de mortalidad, la destrucción del capital vital, la caída de la vacunación y la reaparición de enfermedades erradicadas revelan un deterioro sanitario sin precedentes. El relato afirma que todas las calamidades son consecuencia de malas decisiones individuales, la pérdida del trabajo, el endeudamiento, la enfermedad. La realidad es que la salud mental en la Argentina ha dejado de ser un problema clínico individual para transformarse en el saldo más trágico de una degradación educativa, sanitaria y social planificada y sistemática.

La evidencia científica y epidemiológica internacional demuestra que la mayor parte de los padecimientos y enfermedades mentales se establecen de forma crítica durante la adolescencia y la adultez temprana (15 a 24 años), período donde se consolidan las bases de la autonomía subjetiva y social. Nuestro país cuenta con menos de 40 neurólogos del desarrollo y 25 neuropsicólogos del desarrollo trabajando en el sistema público. En la mayoría de las provincias, hay un solo especialista para entre 700.000 y 2.000.000 de habitantes, cuando los estándares internacionales recomiendan uno cada 30.000 a 80.000 jóvenes. Similares déficits se verifican en el resto de las especialidades de ese núcleo prestacional.

Mientras otros países capacitan obligatoriamente a todo su personal sanitario en el marco de programas tipo “Zero Suicide”, en la red pública argentina la asistencia recae en generalistas desbordados, a pesar de contar con la densidad de psicólogos más alta del planeta (286/100.000 hab).

Las decisiones gubernamentales combinan el subfinanciamiento ilegal con una subejecución deliberada del presupuesto del área. La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 ordena asignar al menos el 10% del presupuesto de Salud, el Gobierno destina el 1,82%, y las provincias replican la misma lógica. Esta renuncia al deber de cuidado constituye una violación reiterada de los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (Artículo 75, inciso 22).

El índice de “exceso de mortalidad” se dispara empujado por un salto brutal del suicidio, cuyo incremento interanual alcanzó el 22,6%, con una tasa récord de 11,8 por cada 100.000 habitantes y más de 5.200 muertes anuales. Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs) muestran una destrucción acelerada del capital vital, con un aumento del 20% de la pérdida de años de vida saludable. Los trastornos mentales y los consumos problemáticos expanden de manera impresionante los años vividos con discapacidad (YLDs) y provocan una pérdida irreparable de décadas de vida potencial (YLLs) en los jóvenes.

Los adultos mayores, condenados a la licuación de sus ingresos previsionales, a un PAMI desmantelado, a la fuga masiva de prestadores y a un precio de medicamentos disparado, quedan atrapados en un escenario de depresión creciente, aislamiento crónico y abandono estatal. El consumo desmedido de psicofármacos y benzodiazepinas sin supervisión geriátrica —con la Argentina liderando el ranking per cápita en el Cono Sur— expone el descontrol estatal sobre sustancias altamente adictivas y mortales. Desde 2023, el consumo de sustancias prohibidas en la Argentina no solo aumentó: se volvió más complejo, más riesgoso y difícil de contener. La marihuana crece en prevalencia, los psicofármacos se consumen sin control médico, la cocaína circula con una disponibilidad inédita y las drogas sintéticas irrumpen con una potencia llamativa. La poliadicción ya es el patrón dominante y la medicalización informal del malestar se expande, se asiste a un colapso social que se expresa químicamente.

La correlación ponderada entre el incremento de la tasa de desempleo, la precarización laboral y la desintegración psicosocial revela que cada salto porcentual en la desocupación tracciona de manera directa un aumento exponencial en las demandas de atención y auxilio. La pérdida del empleo formal no solo destruye los ingresos materiales, sino que demuele los anclajes identitarios y de previsibilidad vital.

Al ser consultada sobre el incremento del 30% anual en los suicidios registrados dentro de las fuerzas federales de seguridad, la manipuladora ministra de Seguridad, Monteoliva, afirmó con desparpajo: “Hay más suicidios en las fuerzas, sí. Pero también se incrementaron los suicidios en el país”. Seguidamente admitió niveles desesperantes de endeudamiento y salarios de indigencia en los uniformados. Sin protocolos idóneos, prevención ni seguimiento, la violencia institucional aumenta con el colapso de las obras sociales de las cinco fuerzas federales, lo que obliga a los uniformados a asumir personalmente los costes de sus consultas, medicamentos y tratamientos. ¿Cuántos más agentes agotados por su segundo empleo y en estados alterados mantienen en las calles con un arma lista para disparar?

El Código Penal Argentino, en su Capítulo VI, tipifica el Artículo 106, que sanciona con prisión de 2 a 6 años a quien pusiere en peligro la vida o la salud de otro colocándolo en situación de desamparo, elevando las penas de 3 a 10 años si resulta un daño grave, y de 5 a 15 años si se produce la muerte. El Artículo 107 agrava la pena en un tercio cuando el delito es cometido por personas obligadas legalmente al cuidado, y el Artículo 108 castiga la omisión de auxilio. Cuando las máximas autoridades del Estado y los administradores del sistema sanitario incurren en esta omisión dolosa la responsabilidad trasciende la ética política e ingresa en la ilegalidad punible.

La reaparición de muertes por enfermedades que habíamos logrado erradicar como: sarampión, tos convulsa, difteria, hantavirus, sífilis, etc. el aumento inédito y único fuera de zonas de guerra de la mortalidad infantil, la destrucción acelerada del capital vital no son accidentes epidemiológicos son la evidencia más contundente de que la educación y la salud pública están dejando de cumplir su función esencial.

“El mal no necesita monstruos; necesita burócratas.” — Hannah Arendt

Ing. Javier Mariano García Guerrero. Disertante en Congresos y Jornadas de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA)