Haberes jubilatorios siguen siendo de indigencia

La norma sancionada ayer martes en Diputados beneficiará a miles de adultos y adultas mayores, pero no trae solución alguna para el exiguo monto de las jubilaciones.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El oficialismo defendió su proyecto, porque implica atender la situación de miles de personas que por su edad, están en condiciones de jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes que requiere el sistema previsional; y también a quienes están próximos a la edad jubilatoria y no llegan a completar ese requisito. La oposición de derecha (Juntos por el Cambio, Milei, López Murphy, etcétera), en diferentes versiones, calificó a la moratoria como un “parche” a un sistema que “no es sustentable”.

 

JxC no lo reconoce, pero su propuesta es privatizar la seguridad social, tal como lo hizo el presidente Carlos Menem en los ‘90, con las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Milei, fiel a su estilo, lo dice sin tapujos. La diferencia es sustancial: que el sistema jubilatorio sea estatal o privado, es un asunto de gran importancia para la sociedad, en un país que no puede olvidar la gran estafa de las AFJP, la mayoría en poder de los bancos, que se quedaban con casi el 40 por ciento del aporte del trabajador o trabajadora.

 

A último momento.

 

El proyecto de ley fue sancionado en la Cámara de Senadores en junio del año pasado, y no fue debatido en Diputados porque la oposición de JxC se negó a dar quorum en el recinto. También hay responsabilidad de la bancada del FdT, que no dio la batalla – como sí lo hizo en la sesión de ayer-, para lograr el número necesario de legisladores para poder sesionar.

 

El presidente Alberto Fernández había convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, para tratar 25 proyectos de ley, que hasta ayer no habían llegado a debatirse. Cuando se logró el quorum en la sesión, recién allí bajaron los diputados y diputadas de JxC, y de otros bloques que luego votaron contra la moratoria. El argumento de la parálisis obligada por la alianza UCR-PRO fue el proceso que se está tratando en la Comisión de Juicio Político, para lograr la destitución de los cuatro miembros de la Corte Suprema, que JxC considera inconstitucional.

 

El bloque del Frente de Izquierda asistió y dio quorum aunque luego fue muy critico del oficialismo, cuestionando el ajuste que están sufriendo las jubilaciones. La intervención del diputado jujeño Alejandro Vilca, trabajador recolector de residuos, fue muy clara cuando citó casos de obreros y obreras rurales, que sufren la precarización laboral y el maltrato de las patronales.

 

Moratorias sucesivas.

 

En 2004 se aprobó la primera moratoria, cuando se sancionó la ley que benefició

 

a miles de mujeres a quienes se les reconoció el entonces llamado “trabajo doméstico” (hoy “tareas de cuidado”).

 

El problema subyacente en esta recurrencia de moratorias, además del desempleo, período durante el cual el trabajador o trabajadora no realiza aportes, es el trabajo informal. En la Argentina, el 40 por ciento del universo laboral se encuentra en la informalidad, no está registrado. En consecuencia, no tiene aportes a la seguridad social, no tiene obra social ni se encuentra sindicalizado, y por ende, no se beneficia con las paritarias que discuten los gremios con las patronales.

 

Y en estos casi 20 años, esa informalidad no disminuyó, y esa es la razón principal de la “no sustentabilidad” del sistema, mal que les pese a los discursos neoliberales.

 

Ningún sistema previsional en el mundo capitalista, se sustenta solo con los aportes de los trabajadores en actividad, sino que los fondos del sistema se constituyen también con impuestos. Acá el más importante es el IVA, que siendo un impuesto al consumo (altamente regresivo) lo paga toda la población. Entonces, es falso decir que hay quienes se jubilan “sin haber hecho aportes”, pues en realidad aportaron a través de toda su vida con ese impuesto.

 

Mínimos ínfimos.

 

El bloque de JxC defendió la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, cuyo monto es del 80% de la jubilación mínima. Ese beneficio se otorga a quienes no tienen ningún aporte y han alcanzado la edad de 65 años, siendo regresivo para las mujeres, cuya edad jubilatoria es de 60 años, y pueden acogerse en ese momento a una moratoria.

 

Con el aumento del 17,4% que percibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo, el haber mínimo será de 58.665,12 pesos. La Canasta Básica Total, según la última medición de INDEC es de 163.539 pesos para una familia de 4 personas.

 

El recurrente otorgamiento de bonos de “ayuda” para quienes perciben el haber mínimo, es el reconocimiento, por parte del gobierno, de lo insuficiente de esos ingresos, que percibe casi el 70 por ciento de beneficiarios/as.

 

Así, en marzo, abril y mayo los jubilados y jubiladas que cobran la mínima, percibirán un bono de 15.000 pesos, lo cual da un total de 73.665 pesos. No alcanza a la mitad de la CBT.

 

Para quienes perciben montos que superen el mínimo, hasta dos haberes mínimos, ese bono va disminuyendo de manera gradual, hasta los 5.000 pesos. El problema de esta política de aumentar las jubilaciones mediante bonos, es que al no integrar el haber previsional, no son tenidos en cuenta al momento de aplicarse los aumentos.

 

Reclamos a la espera.

 

Frente a esta situación, hay reclamos judiciales por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, tanto por el cambio de movilidad durante el gobierno de Macri, como por los aumentos que otorgara por decreto Alberto Fernández en 2020. Esos juicios se encuentran en la Corte Suprema, que no ha dictado resolución, a pesar del carácter alimentario que tienen esos haberes, y por ende, justifican la urgencia de una decisión. Pero ya sabemos cómo manejan los tiempos los cortesanos, a ellos no les afecta ni la moratoria ni las jubilaciones mínimas. Ellos tienen haberes de privilegio, que superan los dos millones de pesos y no pagan ganancias.