Las Malvinas son argentinas

Bajo la narrativa oficial de una supuesta "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", se esconde un entramado regulatorio que decidirá quién controlará el agua, los alimentos, los minerales críticos, los acuíferos, las zonas turísticas, la circulación interna y la interconexión entre los océanos, alterando la estructura económica nacional.

 

El andamiaje de estas reformas reordena simultáneamente las expropiaciones, los desalojos, la extranjerización de la tierra y la explotación posterior de predios intencionalmente incendiados. Su arquitectura legal produce un efecto acumulativo adverso: facilita la concentración corporativa, acelera la expulsión de ocupantes vulnerables, encarece la eventual recuperación estatal y debilita los controles preventivos. Constituye un blindaje para que el capital concentrado transforme el suelo soberano en un activo financiero y promueva la apropiación de los bienes públicos por parte de agentes transnacionales.

 

"Los enemigos del país no son solo los que están al frente con las armas, sino los que desde adentro sabotean la moral y la economía de los que luchan." José de San Martín

 

Las dimensiones de la ocupación foránea en el territorio nacional ya son críticas. Capitales oriundos de USA poseen 2,7 M Ha (superficie equivalente a Misiones); Italia registra 2 M Ha (el tamaño de Tucumán); y España suma 1,7 millones de hectáreas (unas 85 veces la superficie de CABA). A esto se añaden las 246.000 hectáreas en manos británicas y de la opacidad de los paraísos fiscales. A escala global, los diez principales terratenientes del mundo ya controlan una extensión equiparable a la superficie total de Japón o Paraguay.

 

Si la legislación previa ya permitía triplicar la cantidad de tierras en manos de propietarios extranjeros, ¿por qué existe tanto empeño en desmantelar los límites vigentes?

 

Lejos de integrar al país, la flexibilización normativa promueve el desmembramiento nacional mediante una evidente competencia regulatoria a la baja entre las provincias. Asfixiadas por las restricciones financieras impuestas por Milei, las jurisdicciones del interior ven menguado su poder de negociación. El resultado previsible es un territorio fragmentado y gobernado por reglas desiguales: una protección ambiental y patrimonial laxa en provincias según su grado de liquidez con extremos de apertura casi irrestricta.

 

El proceso de reversión de estas decisiones se vuelve sumamente complejo. Aunque el Estado conserve formalmente facultades ambientales, tributarias y administrativas, recuperar el control físico del territorio exige litigios internacionales, servidumbres gravosas o expropiaciones multimillonarias. Este punto se torna crítico porque el proyecto de reforma encarece deliberadamente el régimen económico de las expropiaciones a través de criterios de compensación muy gravosos, por lo que el Estado cae en una trampa fiscal: vender barato hoy para verse obligado a recomprar extremadamente caro mañana.

 

Esta desprotección afecta de manera directa a las comunidades originarias. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce explícitamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, la dilación del Estado ha dejado a la mayoría de estas comunidades sin títulos definitivos, desprotegidas bajo relevamientos administrativos inconclusos o procesos judiciales crónicos. En este contexto, ampliar la enajenación de la tierra sin regularizar la propiedad comunitaria generará graves consecuencias, la superposición de nuevas escrituras traslativas de dominio sobre territorios ancestrales reclamados, el aumento del valor especulativo de áreas en litigio encareciendo su resolución, incentivos para la ejecución de desalojos forzosos antes de resolver la titularidad de fondo, multiplicación de conflictos socioambientales con empresas extractivas, vulneración sistemática de la obligación constitucional de consulta previa, libre e informada.

 

Los países que habitualmente se presentan como modelos globales de libertad económica transitan el camino inverso, endureciendo de forma estricta sus mecanismos de supervisión territorial, como Autralia, Canadá, Brasil que evalúan de forma discrecional cada inversión bajo el estricto criterio del interés nacional o USA que ha reforzado drásticamente la fiscalización federal y el debate parlamentario sobre la adquisición de tierras agrícolas adyacentes a infraestructuras críticas o bases militares sensibles.

 

La tierra se vende una sola vez, pero sus consecuencias se heredan durante generaciones. La discusión ha dejado de ser una simple cuestión estadística sobre cuántas hectáreas están extranjerizadas; lo que hoy se define es si la Argentina conservará la facultad soberana de decidir sobre su propio territorio o si quedará sometida, definitivamente, a la capacidad de compra del mejor postor.

 

"En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden." Ramón María del Valle Inclán.

 

Ing. Javier Mariano García Guerrero

 

* Cd. MSc. Ex Auditor Principal de la Unidad de Auditoría Interna del INTA.