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I. Los medios de comunicación mendocinos informaron que la semana pasada la industria y el comercio -llamadas a menudo fuerzas vivas- de la ciudad de General Alvear realizaron una panfleteada sobre la ruta nacional 143. El objetivo de ese acto era informar sobre la importancia de concretar el trasvase desde el río Grande al Atuel.

 

El reclamo se dio porque "cada vez son más -son palabras mendocinas- las voces que se pronuncian contra la mega obra" de Portezuelo del Viento a la que, según los manifestantes, se oponen porque no aporta beneficio alguno a Mendoza y sí a otras provincias, al tiempo que anula la posibilidad del citado trasvase a la cuenca del Atuel. Los representantes de la reunión coincidieron en la necesidad impostergable de ese trasvase y alguno de ellos apeló al remanido argumento cuyano de que esos caudales son necesarios para negociar con La Pampa el agua que le corresponde. El truco, que no merece ser considerado, consiste en entregarnos lo que es nuestro, y muy posiblemente después de haber sido empleado.

 

La coincidencia entre los manifestantes fue total pero -y aquí lo novedoso- hablan de la obra dejando de lado a Portezuelo del Viento, apelando a otro trazado.

 

II. Una postura similar mostraron días atrás legisladores cuyanos que solicitaron al gobierno provincial que "avance con el aprovechamiento integral del río Grande", que implica un trasvase de ese cauce al Atuel, pidiendo que se concrete el llamado a licitación para esta obra.

 

La iniciativa contempla la posibilidad de derivar al río Atuel el cupo de 34 metros por segundo que fue adjudicado a Mendoza en el tratado de 1976, acordado por las provincias condóminas del recurso. En el texto, los legisladores estiman que el trasvase "provocará un incremento de la superficie cultivada en el oasis sur de la provincia, al aumentar el agua disponible para riego. La obra -dicen sin mayores consideraciones- incidirá favorablemente en disponibilidad del recurso hídrico para las otras provincias". Resulta notable creer que ese quite de caudal al Colorado en su cuenca de alimentación permitirá una regulación del río y favorecerá a quienes lo aprovechan aguas abajo, máxime en tiempos en que el caudal ha disminuido en forma alarmante. A este tipo de propuestas ya nos tienen acostumbrados los cuyanos, que mantienen más o menos explícitamente su criterio de que el agua es posesión de su provincia.

 

Sin embargo una visión general del problema lleva a una conclusión inquietante: a más de cincuenta años de haber sido firmado, el Tratado del río Colorado, y vistos los resultados, se diría que de poco ha servido para los fines con que se concibió.

 

De hecho cabe recordar que en la concepción original, las obras que permitirían a Mendoza extraer los caudales que le corresponden, deberían ser simultáneas con las de otro trasvase, del Negro al Colorado, que obrarían como compensatorias aguas abajo.

 

III. Todo parece haber quedado en agua de borrajas. Hace alrededor de cuatro décadas que la Legislatura rionegrina negó "servidumbre de paso" a la obra en una suerte de "se acata pero no se cumple" y que Mendoza hace oídos sordos a que los 34 metros cúbicos que reclama son, en realidad, 24, más 10 cuando se completen las obras compensatorias en el valle medio.

 

Esas posturas intransigentes por ambas provincias se diría que dan al traste con aquel concepto de complementariedad de los ríos y la creación y fortalecimiento de una región vinculante de la Pampa semiárida y húmeda con el norte de Patagonia, que tanto entusiasmara como herramienta del desarrollo e integración regional. Por cierto que el Tratado -con jerarquía de ley nacional- surgió de múltiples discusiones, intercambios y elaboraciones técnicas pero hay que tener presente siempre que fue un acuerdo entre todas las provincias y la Nación.

 

A la luz de los acontecimientos que vienen desarrollándose desde hace tantos años, bien se puede considerar que la efectividad del acuerdo tambalea.