Mujeres y educación abandonadas por el Estado

El crimen de la maestra rural en Corrientes trae nuevamente al debate público la violencia machista, el abandono de la escuela pública y de las trabajadoras rurales.

IRINA SANTESTEBAN

La realidad desmiente a cada paso al presidente Javier Milei, no solo por los datos de pobreza, desempleo, caída de la actividad económica, en fin, el desastre de su gobierno. El primer mandatario considera a la figura penal del femicidio “una aberración”, porque en el Código Penal está definido como un homicidio agravado, con pena de prisión perpetua.

Femicidio.

En Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas, dato duro que rebate esos discursos misóginos. Nancy Estela Godoy, docente rural de la Escuela Nº 626, en el paraje El Malezal, departamento Esquina, en la provincia de Corrientes, estaba desaparecida desde el 7 de octubre. La familia hizo la denuncia después de una semana, en la creencia que Nancy se había quedado en la escuela por el clima. Su cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un bañado a 2,5 kilómetros de la escuela, en una zona de difícil acceso.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, y el juez de garantías de Esquina, Gustavo Vallejo, intervienen en la causa en la cual hay cinco personas detenidas.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo, se realizó un paro convocado por el sindicato nacional docente CTERA, en reclamo de Justicia por Nancy, pero también por mejores condiciones de trabajo, mayor presupuesto para la educación pública y cuidados para los y las docentes que trabajan en condiciones difíciles, como es en la ruralidad.

Denuncia.

Nancy había asumido como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, por licencia de su titular, en un centro educativo que está dentro de la estancia de 12.000 hectáreas “El Curupí”. Era “personal único”, o sea directora, maestra, cocinera, ordenanza, etc., en una polifunción que no tiene su correlato en el salario. Al llegar a la escuela, la encontró en un estado de absoluto abandono: falta de agua potable, baños inutilizables, pupitres rotos, techos deteriorados, suciedad acumulada durante años, presencia de ratas y murciélagos, y ausencia de condiciones mínimas para enseñar y aprender. Se puso a limpiar junto a una madre de la comunidad, para poder recibir a las infancias de ese paraje olvidado de todos los gobiernos.

Para llegar a la escuela desde Esquina, donde vivía con su familia, Nancy tenía que ir primero en vehículo y luego a caballo, atravesando arroyos, lagunas y caminos, a veces intransitables con las lluvias. Dos horas y media de cabalgata demoraba la maestra en llegar a la escuela, adonde no había señal telefónica ni condiciones adecuadas de alojamiento, razón por la cual tuvo que compartir espacios con trabajadores de la estancia.

La situación de Nancy no es una excepción, son muchas las docentes que trabajan en la ruralidad haciéndose cargo de la enseñanza, la dirección, la limpieza y hasta la cocina de las escuelas a las que los gobiernos no suministran los presupuestos suficientes para garantizar el derecho a la educación de las infancias. El SUTECO, sindicato docente de Corrientes, ha denunciado las condiciones precarias de la docencia y los bajos salarios.

Detenidos.

Entre los cinco detenidos está el capataz de la estancia, Ireneo Felipe Zarza, además de otros peones, imputados en distintos grados de participación. Una de las hipótesis de la investigación penal apunta al ataque grupal y presunta agresión sexual, aunque se aguardan los resultados forenses. Lo que sí determinó la autopsia preliminar es que se trató de una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas cortantes y punzantes y lesiones defensivas.

Además de la responsabilidad de los autores materiales del crimen, habrá que ver si se avanza en investigar a los propietarios de la estancia por no haber garantizado condiciones de alojamiento y traslado seguras para la docente, y también por el abandono de la escuela que funcionaba dentro del latifundio.

En esa estancia funciona un emprendimiento de caza deportiva, con servicios ofrecidos a visitantes extranjeros, con denuncias por presunta práctica de caza furtiva, todo lo cual podría configurar responsabilidad de esos empresarios rurales.

Demandas.

El femicidio de Nancy reactualiza la demanda histórica del movimiento de mujeres, que fue revalidado hace menos de un mes en el 39º Encuentro Plurinacional que se realizó en Córdoba, con la participación de más de 150 mil mujeres y personas de la diversidad sexual. El derecho a una vida libre de violencias, a ser cuidadas en el trabajo y la responsabilidad del Estado que, conforme Convenciones Internacionales (CEDAW, Belem do Pará, etc.), tiene la obligación de prevenir, erradicar y castigar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Una demanda que el presidente Milei rechaza con discursos de odio, insultos hacia los feminismos y ataques homofóbicos, a la par que su gobierno, con la complicidad de muchos gobernadores provinciales -como el de Corrientes Juan Pablo Valdés– desmantela herramientas institucionales que fueron construidas durante años con movilizaciones y campañas, para enfrentar la violencia machista.

Motosierra.

La motosierra de Milei se aplicó directamente cuando eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para luego continuar con despidos, desfinanciamiento de programas, vaciamiento de áreas especializadas y de dispositivos de asistencia.

Entre 2023 y 2025, la inversión en programas de género cayó un 94,8 por ciento, mientras que el presupuesto ejecutado de la Línea 144 se redujo un 97,7 por ciento y el del programa Acompañar, un 99 por ciento. Este último, destinado a fortalecer la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, pasó de alcanzar a más de 100.000 personas en 2023 a apenas 434 en 2024. Son políticas que marcan la diferencia entre tener la posibilidad de de una situación de violencia o quedar atrapada en ella.

El caso de Nancy tiene una dimensión particular. No se trata solamente de una mujer que fue asesinada en un contexto rural. Se trata de una trabajadora que se encontraba en una situación de aislamiento y vulnerabilidad que las autoridades conocían o debían conocer. La perspectiva de género también exige mirar esas relaciones de poder, las condiciones laborales, la dependencia económica y la falta de redes de protección que atraviesan la vida de miles de mujeres, en particular las docentes rurales.