Otro duro golpe para Milagro Sala

Además de la injusta prisión que padece desde hace casi ocho años, la lideresa de la agrupación Tupac Amaru había sufrido este año la muerte de un hijo y ahora la de su marido.

IRINA SANTESTEBAN

Luego de transitar una larga enfermedad, el domingo falleció Raúl Noro, quien fuera el compañero de Milagro Sala, presa política del gobernador Gerardo Morales y el Poder Judicial de Jujuy, conforme a las órdenes del precandidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio.

Allanamiento.

Noro se encontraba en el domicilio que comparte con Milagro en el barrio Cuyaya de San Salvador, cuando el pasado 29 de junio el juez Rodolfo Fernández ordenó un allanamiento. El objetivo era abrir una nueva causa contra la tupaquera, bajo la acusación de organizar las movilizaciones contra la reforma constitucional. Buscaban dinero, móviles y computadoras para probar la participación de Milagro en las masivas protestas en esa provincia. Sin embargo, la dirigente denunció que el dinero que pretendían llevarse era de la jubilación de su marido.

En ese procedimiento, Noro se descompensó y hubo que llamar a un servicio médico, al que dejaron ingresar pero luego no lo dejaban retirarse. El ensañamiento judicial contra Milagro ni siquiera respetó el delicado estado de salud que presentaba su esposo, quien había vuelto a su hogar el día anterior al allanamiento, luego de una internación.

Otro golpe.

En enero de este año falleció un hijo de Milagro, Sergio Chorolque Sala, de 37 años. La muerte de su marido es otro duro golpe, que se suma a la persecución que sufre desde hace más de siete años. Esta situación ha minado su salud, pues Milagro padece de trombosis venosa profunda (TVP) en una pierna y sus médicos recomendaron un tratamiento en una institución de alta complejidad como la Fundación Favaloro de Buenos Aires o el Hospital Italiano de La Plata. Pero el Poder Judicial jujeño niega esa petición, y refuerza el acoso: a pedido de Morales, se encuentra pendiente el regreso a una cárcel común, contrariando la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que Milagro debe cumplir prisión domiciliaria por encontrarse en riesgo su salud.

Periodista y poeta.

Noro murió a los 80 años, tenía una diferencia de edad de 24 años con Milagro. Ambos nacieron en Jujuy pero provenían de orígenes sociales muy diferentes. El contaba que se enamoró de Milagro y se le declaró en 1994, luego de una Marcha por el Apagón en Ledesma, jornada que se realiza todos los años en homenaje a los desaparecidos del Ingenio de los Blaquier durante la dictadura. Ella era la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Noro cubría como periodista el evento. En un escrito sobre ella la llamó “una de las más hermosas guerreras del espíritu de la cultura andina”.

Fue periodista y poeta, corresponsal del diario La Nación y La Gaceta de Tucumán. En uno de sus poemas dedicado a Milagro, cuando recién empezaba la persecución judicial, escribió: “India loca..! / Irreverente / Transgresora / llena de luz del corazón / hurgando siempre en el abismo empecinado del pueblo. ¿Qué podemos perder, amor? / con esta inquisición ansiosa de revancha / intentando un Apagón de la conciencia … India querida, negra querida / rebosante de luz / nos honran estos carceleros innobles / obtusos / contadores y abogados afiebrados por castigos instrumentados en cavernas ensombrecidas y pobladas / por el eco de una respiración espasmódica / abisal… / El pueblo sigue empujando desde abajo / tus brazos intentaron levantarlo y dejaron testimonio verificable y cierto -sin especulación ninguna- / de tu infinita capacidad de dar. / Así que nada / india, cielo querido, / estamos escuchando / estamos aprendiendo desde la cárcel / estamos elaborando un nuevo canto / para inundar a todos y abrazarlos / con el torrente de la dignidad rebosante / de la luz”.

Condenado.

En 2016, Noro fue también encarcelado en la causa Pibes Villeros, en la que Milagro fue condenada a 13 años de prisión; un proceso plagado de irregularidades y falta de pruebas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidó esa sentencia. Noro fue condenado a tres años de prisión condicional.

En esa y otras causas judiciales se demuestra la persecución que sufrió y sufre Milagro, su agrupación Tupac Amaru y su familia. Se la acusa de corrupción, administración fraudulenta, amenazas y hasta fue condenada por un “escrache” a Morales en 2009 del que ni siquiera participó. En todas ellas, sus abogados han denunciado las irregularidades y pruebas fraguadas, como testigos que siendo militantes de la organización, luego se “dieron vuelta” y declararon contra ella, a cambio de puestos en la administración pública. Algunos de esos testigos reconocieron luego que fueron amenazados para testimoniar en contra de Milagro. Cualquier similitud con la causa trucha de los “Cuadernos de Centeno” no es mera coincidencia. Formó parte del accionar del macrismo para la persecución de sus opositores.

No hubo indulto.

La muerte de Noro motivó numerosas condolencias y muestras de cariño hacia Milagro. Algunas fueron de funcionarios del actual gobierno nacional, que en los casi cuatro años que lleva de gestión, no ha movido un dedo para liberar a Milagro de la injusta prisión.

El presidente Alberto Fernández fue a visitar a la tupaquera cuando fue internada por su trombosis, pero hasta allí llegó su preocupación. Tampoco actuó con firmeza frente la actual situación social en Jujuy, donde la represión a las protestas callejeras, la persecución judicial contra los manifestantes y hasta la actuación de patotas armadas en vehículos sin identificar, justificaban una intervención de la provincia, o al menos de su Poder Judicial. La sanción de una reforma de la Constitución provincial reñida con la Carta Magna nacional, pues cercena derechos de los pueblos originarios y el derecho a la protesta, justifica la intervención por parte del Poder Ejecutivo nacional, tal como lo disponen los artículos 5 y 6 de la CN. Sin embargo, Fernández solo atinó a intervenir el Partido Justicialista, que había convalidado la Convención Constituyente, repudiada en las calles pero votada en el recinto bajo represión.