Punto de vista: el caso Aparicio

Francisco J. Babinec *

Hace unos días se conoció la sanción aplicada a una investigadora del INTA y del Conicet, Virginia Aparicio, responsable del módulo argentino de un estudio internacional sobre presencia de agroquímicos en seres humanos. Esto fue motivo de diferencias en las posiciones de los Consejos Directivos de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad. Bienvenida sea la existencia de disidencias en el seno de la universidad, porque eso refleja la libertad de pensamiento que debe imperar en ella.

Analizaré a continuación algunos puntos, dado que el público desconoce ciertos aspectos del tema, lo que puede verse por las reacciones y comentarios en las redes. Por un lado, hay quienes apoyan a la profesional sancionada basándose en la libertad de pensamiento y sobre todo en la necesidad de que se conozcan los riesgos del empleo masivo de plaguicidas, y los resultados de las investigaciones que se hacen al respecto. Otros, en cambio, se fijan en los beneficios económicos de su uso para asegurar las cosechas, y hay quienes defienden la potestad de una institución oficial, en este caso el INTA, de castigar a quienes trasgreden normas. Además de las sanciones ordinarias (apercibimiento, suspensión sin goce de sueldo por hasta un mes), la legislación contempla la cesantía y la exoneración, lo que implica no sólo la pérdida del puesto sin indemnización alguna, sino la imposibilidad de volver a trabajar en el Estado por un plazo prolongado, que puede ser de por vida en caso de exoneración. Es obvio, aún para un lego, que la magnitud de la sanción debe ser acorde a la falta cometida, y estar precedida de un sumario administrativo con todas las garantías. Y hay tener en cuenta que, en el caso de una institución científica o académica, las sanciones se aplican por faltas administrativas y no por el resultado de los estudios, salvo que se haya incurrido en deshonestidad intelectual, falseando resultados por ejemplo para lo cual hay instancias específicas.

El caso.

Aparicio trabajaba en INTA y Conicet, con sede en la Experimental de Balcarce, y tiene más de 15 años de experiencia en suelos y cultivos. Ha coordinado proyectos de investigación de INTA y participado en otros extrainstitucionales, y publicó los resultados en revistas científicas nacionales y del exterior. El proyecto SPRINT fue un esfuerzo internacional, formalmente concluido, para evaluar los riesgos e impactos de los plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana. Participaron instituciones reconocidas de Europa como las Universidades de Wageningen (Holanda), Hohenheim (Alemania) y Aahus (Dinamarca), y el INTA, entre otras. Los estudios se hicieron en 10 sitios de la Unión Europea y uno en Argentina, del que fue responsable Aparicio. Los protocolos fueron publicados en 2021 en la prestigiosa revista PLoS One, y los resultados en Science of the Total Environment en 2024. La participación en el estudio era voluntaria y se garantizó la protección de los datos personales. Se detectaron herbicidas en niveles significativamente más altos que los fungicidas e insecticidas, un 38 % de los plaguicidas encontrados en el agua ya no están aprobados en la UE y la concentración tota superó el valor umbral en 8 de los 11 sistemas de control de plagas. Los artículos se pueden consultar en el Repositorio Institucional de INTA, buscando por el apellido de la investigadora. Como es de rigor en estos casos, la participación del INTA fue aprobada por las autoridades del organismo. ¿Y entonces?

En un entrevista amigable en el portal Agrositio, el presidente de INTA Nicolás Bronzovich se escudó en el carácter colegiado de la gobernanza de la institución, y en un frondoso expediente iniciado bajo la anterior conducción del organismo, durante la parte final de la presidencia de Alberto Fernández. Ambas cosas son ciertas, pero hay que mirar los detalles. En INTA, las decisiones principales, tales como la designación y remoción de los profesionales, son tomadas por un Consejo Directivo Nacional, con un presidente y un vice designados por el Poder Ejecutivo, y ocho vocales propuestos por las entidades gremiales del campo (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Confederación de Cooperativas), la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que reúne grupos de productores de avanzada, y un representante por las Facultades de Agronomía y otro por las de Veterinaria. Este último había sostenido posturas antagónicas a distintas medidas por lo que el gobierno actual decidió suprimirlo del Consejo. Durante el anterior gobierno, presidente y vice eran profesionales de carrera de INTA. Poco antes de concluir su mandato, intimaron a Aparicio de manera poco ortodoxa a cesar su participación en el proyecto, e iniciaron el sumario.

Decisiones inconsultas.

De la lectura de la resolución por la que se exoneró a Aparicio, bastante extensa por cierto, se puede concluir que hubo de su parte decisiones inconsultas, como la inclusión de un investigador jubilado de vasta trayectoria en INTA, “conviviente suyo” (sic), hacer 73 muestras en lugar de las 72 pautadas originalmente, enviarlas al exterior para su análisis, con cargo a los fondos del proyecto, y negarse a suministrar datos de las muestras analizadas, aduciendo la confidencialidad según el protocolo. Esto último debe aludir a la identidad de los participantes, porque en las publicaciones es posible acceder a datos suplementarios o se informa que los datos no procesados están disponibles a petición de los interesados. José Luis Costa, marido de Aparicio, trabajó en INTA durante más de 40 años en física y salinidad de suelos, fue docente de grado y posgrado, y coordinó proyectos de investigación de INTA y otras instituciones. Como se informa en la página del proyecto SPRINT, actualmente trabaja en forma privada y colabora en el mismo.

En la resolución se reconoció explícitamente que no hubo lucro personal en el uso de los fondos. Más allá del habitual fárrago de citas legales, con menciones a artículos, leyes y decretos, uno puede pensar que la sanción es desproporcionada por no decir injustificable, dicho esto a título personal y sin pretensiones jurídicas. Además, no es el único estudio sobre contaminación por plaguicidas agrícolas que se realiza en INTA, pero los otros parecen haber pasado fuera del radar. O sea, sería entonces una sobreactuación de las autoridades ante la difusión del estudio. Para la comunidad, los mensajes serían que, como mínimo, hay que extremar los cuidados al utilizar pesticidas, y dedicar mayores esfuerzos a estudiar formas alternativas para proteger los cultivos. Y sobre todo, defender el trabajo de los investigadores argentinos, tan vapuleados últimamente., aunque sus hallazgos no nos gusten.

* Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos