¿Quién paga por estas operaciones?

Con qué facilidad se miente sin consecuencias. EEUU, Israel, los grandes medios, jueces venales y políticos de derecha locales armaron el delirio del avión.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Tras 133 días de permanecer arbitrariamente retenidos en suelo argentino, este lunes partieron hacia Caracas los últimos cinco tripulantes (dos iraníes, tres venezolanos) que llegaron al país a comienzos de junio en un avión de la empresa venezolana Emtrasur. El avión -un Boeing 747- continúa retenido en Ezeiza, sin que se sepa, luego de dos inspecciones en los que fue poco menos que desmantelado, qué otra medida probatoria podría ordenar el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para encontrar algún indicio de las actividades terroristas que supuestamente investigaba.

 

Ya cansan.

 

La sociedad argentina ya está acostumbrada a estos episodios fantasmáticos que invariablemente se generan en el mismo sector, esto es, una entente donde confluyen políticos de la oposición, medios de comunicación y algunos sectores del poder judicial. Así como en 2015 se generó todo un episodio, digno de "Alicia en el País de las Maravillas", en la que se acusaba a un candidato a gobernador de ser "La Morsa", en junio pasado, los canales de televisión saturaron a la población con información delirante sobre este avión secuestrado.

 

Las cosas que se escucharon, de boca de prominentes dirigentes políticos, merecerían integrar una antología del disparate. Se dijo, por ejemplo, que el avión en cuestión pertenecía a una "empresa fantasma" (en realidad, Emtrasur es una empresa estatal venezolana); que la presencia de este avión confirmaría una denuncia efectuada casi ocho años atrás sobre un supuesto encubrimiento en la causa AMIA (denuncia que, por cierto, fue sobreseída); hasta que entre los objetos presentes en el avión habría un "chip atómico", sin que se sepa, hasta hoy, a qué se referían con esa expresión.

 

La verdad es que el avión en cuestión vino al país con una carga de autopartes destinada a una empresa fabricante de automotores con décadas de arraigo en Argentina. La carga fue debidamente entregada sin que se detectara ninguna irregularidad. La tripulación estaba integrada por venezolanos e iraníes, por cuanto el avión había sido adquirido a una empresa iraní en febrero pasado, y como parte de la operación contratada, se estaba entrenando a la nueva tripulación sudamericana. La aeronave, por otra parte, venía de realizar vuelos de carga a varios destinos internacionales -incluyendo, por ejemplo, a México y Países Bajos- sin que se verificara incidente alguno.

 

Servicios.

 

El secuestro del avión y de su tripulación jamás estuvo sustentado por ninguna evidencia física atendible, ni siquiera luego de haberlo inspeccionado meticulosamente. La cuestión se habría originado en informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, los cuales mantienen una situación de conflicto con Irán y, en menor medida, con Venezuela.

 

Una vez más, estos conflictos totalmente ajenos a los intereses de Argentina, se inmiscuyeron en la política interna, con el agravante de que no sólo nuestro país terminará pagando los platos rotos, sino que además Washington -conforme se informó la semana pasada- está a punto de levantar o aliviar sustancialmente sus sanciones contra Venezuela. Esta medida se fundaría en la crisis migratoria de venezolanos que han ingresado al país del Norte, pero su verdadera razón sería el interés norteamericano en asegurarse la provisión de petróleo tras la crisis generada por la guerra en Ucrania.

 

Fueron precisamente esas sanciones económicas contra el gobierno de Caracas las que forzaron a proveerse de ese avión -indispensable para su abastecimiento interno- en el mercado iraní, uno de los pocos países del mundo que mantiene relaciones normales con Venezuela.

 

Costos.

 

Resta ahora saber cuándo se liberará, finalmente, el avión de la discordia, que por cierto ha desaparecido casi por completo de la cobertura mediática. No es un dato inocente que el juez interviniente esté siendo presionado en el Consejo de la Magistratura, precisamente, por la fuerza política que tenía interés en promover este espectáculo mediático.

 

Está por verse, además, qué daños se le ocasionaron a la aeronave en ocasión de las rigurosas inspecciones de los peritos.

 

A no dudarlo, este episodio terminará en un onersoso juicio contra el Estado argentino, que deberá responder por la actuación de su poder judicial en el caso. A los daños que haya sufrido la aeronave habrá que sumarle el lucro cesante generado por su indisponibilidad. El alquiler promedio de un Boeing 747 es de aproximadamente 31 mil dólares dólares la hora, por lo que ese rubro solo, y de no aplicarse una tarifa mayor, ya representaría al día de hoy una suma que rondaría los cien millones de dólares.

 

Súmense las horas-hombre perdidas por la arbitraria detención de estos cinco, y los otros catorce tripulantes, los negocios perdidos por la empresas donde trabajan, los gastos de estadía, daños morales y demás, y se terminarán sumando millones.

 

Los llamados "errores judiciales" no son inocuos. Las personas detenidas arbitrariamente -por ejemplo, en virtud de la llamada "Doctrina Irurzun" que sugestivamente no se aplica más desde diciembre de 2019- implican un derecho a indemnización para los afectados. Para no hablar de la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de sus derechos humanos.

 

Acaso si los jueces debieran responder con su propio patrimonio por estos deslices, serían más cuidadosos a la hora de disponer de los bienes y la libertad ajena.