Una crisis en la calidad institucional

Quienes se preocupan por la calidad institucional de nuestros países harían bien en no seguir el ejemplo norteamericano. Y mucho menos deberían convocar a las fuerzas armadas para resolver problemas internos.

 

JOSE ALBARRACIN

 

El domingo pasado en horas de la tarde, cuando aún no se habían publicado los resultados provisionales en las elecciones presidenciales de Venezuela, el presidente argentino y el principal referente del partido aliado que le permitió el acceso al poder se pronunciaron denunciando la supuesta existencia de fraude electoral en aquel país. Ello, sin citar ninguna irregularidad concreta, ni el método por el cual se habría verificado la maniobra, en un sistema electoral totalmente informatizado. En ambos casos, además, y mientras pregonaban defender "la democracia y la voluntad popular", solicitaron la intervención de las fuerzas armadas venezolanas para deponer al actual presidente.

 

Estado.

 

Esta manifestación coincidente, además de reiterar la torpeza con que se conduce esta facción política en materia de relaciones internacionales -lo que le ha valido a Argentina una virtual ruptura de relaciones y la urgencia de retirar su personal diplomático de Caracas- denota el precario estado en el que se encuentra la vigencia de la democracia en nuestro continente.

 

En realidad, proviniendo de estos dos referentes en particular, estas manifestaciones no resultan sorpresivas. No condenaron el brutal asalto de las hordas bolsonaristas contra la sede de los tres principales poderes del estado en Brasilia (enero de 2023), en un evidente intento de golpe de estado que ya ha merecido condenas judiciales.

 

Es más, cuando este año se produjo un intento de golpe en Bolivia, el actual presidente argentino, lejos de expresar alguna preocupación por la vigencia de la democracia en ese país, se pronunció sin más por la teoría de que se trataba de una supuesta maniobra del propio gobierno del presidente Luis Arce.

 

Ello, para no hablar de cuando en 2019 existió un movimiento sedicioso que sí logró derrocar al gobierno boliviano, hasta incluso poner en peligro la vida del entonces presidente Evo Morales: lejos de promover la democracia en la región, el gobierno argentino envió un cargamento clandestino de armamento destinado a la represión popular, que fue empleado para segar la vida de decenas de manifestantes, en un escandaloso complot delictivo que todavía aguarda un pronunciamiento judicial.

 

Instituciones.

 

Salvo contadas excepciones -entre las cuales se encuentra, para nuestra sorpresa, la propia Argentina- no existe un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas en la región. Esto es, no existen condiciones para que la voluntad popular se manifieste sin tapujos, y se produzcan alternancias pacíficas en el poder. En algunos países la situación política es tan inestable que prácticamente resulta imposible el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre los períodos de mandato presidencial.

 

A esto contribuye, sin dudas, la inoperancia de las instituciones internacionales que deberían bregar por la vigencia del orden constitucional en la región. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a más de su obvia dependencia de los designios de Washington, se encuentra gravemente comprometida en su credibilidad, entre otros motivos, por su indefendible conducta en la crisis boliviana de 2019.

 

Las instituciones creadas en la primera década de este siglo para ocuparse de estos problemas desde una perspectiva latinoamericana (como la Unasur), que tuvieron una destacada actuación evitando un golpe y hasta una guerra en la región, hoy languidecen ante la falta de apoyo por parte de los gobiernos conservadores que asumieron en Sudamérica a partir de la década siguiente.

 

Y, para colmo de males, salvo casos muy puntuales -como el actual presidente de Brasil- no existen líderes regionales con el prestigio y la habilidad política necesaria para obtener consensos y facilitar el diálogo entre las facciones en disputa, cada vez más exacerbadas por la llamada "grieta" ideológica.

 

EEUU.

 

El proceso electoral de Venezuela tiene una normativa que lo regula, y unos plazos procesales que cumplir, como resulta habitual y esperable en cualquier país. Esos plazos, en el caso del tribunal electoral actuante, no se han cumplido (ciertamente, el domingo pasado ni siquiera habían comenzado a correr). En cualquier caso, es un problema que deben resolver los propios venezolanos.

 

A nadie se le ocurre solicitar la "publicación de actas" a la justicia electoral norteamericana cuando se tardan semanas en conocerse los resultados, e incluso, cuando ya proclamado un ganador por parte del Colegio Electoral, se producen impugnaciones judiciales y hasta movimientos sediciosos tendientes a desconocer la voluntad popular.

 

De hecho, la fragilidad institucional que se observa en Latinoamérica está presente también en los Estados Unidos. Esta misma semana, el candidato republicano -responsable ideológico indudable del ataque al Capitolio en enero de 2021- se dirigió a los votantes cristianos asegurándoles que "si me votan, ya no será necesario que vuelvan a votar nunca más", porque él "arreglará el país".

 

Es el mismo país donde este año la Corte Suprema, haciendo lugar a una petición de ese mismo candidato, declaró la total impunidad de los presidentes por los delitos que pudieran cometer en ejercicio de sus funciones. Una decisión que ya tuvo efectos sobre la causa judicial que pesaba sobre ese dirigente por haberse apropiado ilegalmente de documentos públicos oficiales. Y que bien podría disponer su impunidad en el juicio en marcha en su contra por los hechos de 2021, varios de cuyos participantes ya purgan condenas firmes.

 

Quienes se preocupan por la calidad institucional de nuestros países, entonces, harían bien en no seguir el ejemplo norteamericano. Y, si nuestra experiencia histórica sirve de algo, mucho menos deberían convocar a las fuerzas armadas para resolver estos problemas internos.