Dilma Rousseff dejó Brasilia

La ex presidenta Dilma Rousseff se mudó ayer de los palacios de Brasilia a La Tristeza, como se llama, sin ironías, el barrio donde tiene su departamento en la ciudad sureña de Porto Alegre, seis días después de haber sido destituida en un juicio político y con la intención de combatir al gobierno de Michel Temer, su ex vicepresidente.
Rousseff terminó el martes su mudanza del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial de Brasilia adonde vivió y trabajó suspendida desde el 12 de mayo, y se retiró del edificio oficial por sus jardines en medio de abrazos y flores de decenas de militantes que le gritaban "Dilma, guerrera, de la patria brasileña".
Con la salida de Rousseff terminó el miércoles pasado una era de 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores y para la ex presidenta significa también una mudanza a su ciudad de residencia, luego de haber vivido en Brasilia desde 2003, cuando Luiz Inácio LUla da Silva la llamó para ser ministra de Energía y luego escaló a la jefatura de gabinete.
En Porto Alegre, Dilma va a vivir en su departamento ubicado en un barrio de clase media de la capital del estado de Rio Grande do Sul llamado La Tristeza.
"Vuelve, querida", le gritaron los manifestantes al llegar a la base aérea de Canoas, en Porto Alegre.
Como ex presidenta, no tendrá pensión ni salario, sino que habrá ocho personas a su disposición, entre agentes de seguridad, chofer y asesores, como marca la Constitución, pagados por el Tesoro nacional como todos sus antecesores.
Dos camiones de mudanzas ingresaron ayer a la mañana en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, para llevar los objetos recibidos por Rousseff desde 2010 hasta el miércoles pasado en su condición de jefa del Estado.
El portavoz de Rousseff, Olimpio Cruz, dijo que la elección de la ex presidenta es vivir en Porto Alegre -donde reside desde los años 70- cerca de su hija Paula, sus dos nietos y su ex marido y amigo cercano, Carlos Araújo.
Sin embargo, piensa ganar visibilidad nacional e internacional en Rio de Janeiro, adonde su madre, de 93 años, se irá a vivir luego de haber estado junto a la hija presidenta en Brasilia.
Rousseff nació y se crió en Belo Horizonte, Minas Gerais, pero se afincó en la sureña Porto Alegre luego de haber estado casi tres años como presa política de la dictadura.
De la calurosa y soleada Brasilia, en la meseta central de Brasil, son 2.116 kilómetros hasta la fría y lluviosa Porto Alegre, donde la militancia le preparó un "Carinhazo" en la base militar de Canoas.
El Palacio de la Alvorada se convirtió el martes a la mañana en una despedida interminable de Rousseff con sus militantes que se acercaron a darle un saludo y rosas rojas y blancas.
(Télam)

Investigan abusos policiales
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil inició ayer una investigación para determinar si efectivos de fuerzas de seguridad violaron derechos humanos durante las protestas callejeras contra el presidente Michel Temer que tuvieron lugar la semana pasada en San Pablo y Río de Janeiro.
La decisión es consecuencia de denuncias formuladas por el Grupo Tortura Nunca Más y el Sindicato de Abogados de San Pablo que señalaron que hubo "uso excesivo de violencia" y "arrestos arbitrarios" en esas ocasiones, informó el MPF en un comunicado.
El MPF anunció además que durante las próximas manifestaciones reunirá imágenes, grabaciones de audio y otros datos que le permitan verificar si la conducta de los agentes de las fuerzas de seguridad es adecuada.
Por otra parte, un juez ordenó liberar a 18 jóvenes detenidos el domingo pasado en San Pablo por la Policía Militar, criticó en su fallo el accionar "ilegal" de los uniformados y opinó que la democracia brasileña vive "días tristes".
"Vivimos días tristes para nuestra democracia; triste es el país en el cual los ciudadanos necesitan soportar todo con la boca cerrada", sostuvo el juez Rodrigo Tellini.
Los jóvenes fueron detenidos antes de la manifestación, en la que unas 100.000 personas pidieron la renuncia de Temer y el llamado a elecciones, y fueron acusados por la Policía y por el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, de planear disturbios.
Aún restaban ser liberados ocho menores de edad que estaban bajo custodia de un juez especial.