Aranguren defendió el aumento de tarifas

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió ayer el aumento de la tarifa del gas que impulsa el Gobierno, al presentar una propuesta para que a partir de octubre será de hasta 237 por ciento para los usuarios residenciales y del 500 por ciento para todos los rangos de usuarios comerciales.
En su presentación en la audiencia pública que se desarrolló en la Usina del Arte de Capital Federal, Aranguren precisó que el incremento "será de 203 por ciento promedio" (237, 176 y 122 por ciento según niveles de consumo), ya que se apunta a un "sistema más justo y equitativo", con "tarifa social y quita gradual de subsidios".
"Los subsidios se mantendrán para quienes realmente lo necesitan", planteó el funcionario, que aseguró que de aquellos que paguen los aumentos, el 95 por ciento tendrá una tarifa "menor a los 500 pesos en un mes cálido; en un mes frío, de invierno", ese porcentaje bajará a "59 por ciento".

 

Corte Suprema.
Aranguren, quien estuvo en el medio de una polémica esta semana por sus acciones en la petrolera Shell, de las que se terminó desprendiendo, fue el primer orador ayer por la mañana en la audiencia pública que ordenó la Corte Suprema en agosto pasado como condición para avalar eventuales subas tarifarias.
"En promedio, el consumidor residencial va a pagar sobre lo que pagaba el 31 de marzo, un aumento promedio de 203 por ciento", aseguró el ministro, el único de los 373 oradores anotados con 20 minutos para exponer.

 

Aumentos.
Habrá aumentos promedio de 237 por ciento para los hogares de bajo consumo, contra el 297 por ciento de la propuesta anterior; de 176 por ciento en los casos de consumo medio, contra 235 por ciento del esquema previo, y de 122 por ciento en los casos de mayor consumo, contra 174 por ciento de aumento que se impulsaba antes.
Las facturas serán "para los consumidores de bajo consumo (56 por ciento del total) de 107 pesos promedio mensual antes de impuestos. Un hogar que no tiene acceso a la red y lo sustituye por un combustible alternativo, como el gas licuado de petróleo, termina pagando 299 pesos", comparó.
Los de categoría media, el 31 por ciento del total, pagarán 371 pesos por mes antes de impuestos, y la categoría más alta (13 por ciento del total) pagará 953 pesos.
En lo que respecta a los usuarios comerciales, se indicó que el 99 por ciento pagará una factura promedio de 488 pesos antes de impuestos, en tanto el 1 por ciento de mayor consumo (más de 22.366 metros cúbicos por mes) deberá abonar 24.579 pesos.
En los dos casos, el aumento será del 500 por ciento, menos que el 696 y el 575 por ciento, respectivamente, de la propuesta anterior.

 

Sistema de suministro.
Según Aranguren, el sistema de suministro de gas es "distorsionado, desigual, injusto y arcaico".
Al puntualizar sobre lo "injusto" del sistema, dijo que el año pasado los argentinos, incluso los que "no tienen acceso a la red de gas natural", pagaron subsidios por "5.700 millones de dólares". Ese monto "lo hemos soportado, abonado todos para sostener el sistema", afirmó.
Por ello, el Gobierno "propone una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años", de modo de llegar "a cero en octubre de 2019, excepto "la Patagonia, Malargüe, y la Puna", que los tendrán "hasta octubre de 2022".
La administración mantendrá "la protección sobre los más vulnerables", con una "tarifa social que llegue a quien la necesita", sostuvo. (DyN)

 

Consumidores Argentinos: "El Estado se puso del lado del más fuerte con el tarifazo del gas"
El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó hoy que el gobierno nacional con su política tarifaria "se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5.000 por ciento en dólares a lo largo de los próximos años", sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.
Así lo planteó en el marco de la Audiencia Pública que desde hoy se realiza en la Usina del Arte de la ciudad de Buenos Aires, el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1ro. de abril pasado.
"Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada", denunció Procelli al cuestionar que el Estado "no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna".
El titular del Consumidores Argentinos también alertó que "la propuesta tarifaria no ofrece pauta alguna respecto a en qué y cuánto se va a invertir ni de cómo se va a garantizar el acceso masivo a 5 millones de personas que hoy no tiene redes de gas natural con un servicio que no se va a poder pagar".
"Si a esto llaman la herencia la están complicando aún mas, y algunas cuestiones hoy tienen un panorama mucho más negro", afirmó Procelli tras insistir en que "el Estado se apartó de su rol de mediador entre las empresas y los consumidores, y se puso del lado del más fuerte al imponer un tarifazo terrible a más de 5 o 6 años". (Télam)

 

Protestas y pedidos de nulidad
Las audiencias públicas por el aumento de las tarifas de gas en distintas ciudades del interior del país, se caracterizaron por las protestas y las solicitudes de nulidad por parte de agrupaciones opositoras y los pedidos de proporcionalidad de los defensores del pueblo.
En Rosario, dirigentes políticos y comerciales anticiparon que pedirán la nulidad de la audiencia pública por la suba de gas a través de la vía judicial.
La protesta que se desarrollaba a metros de los Tribunales provinciales apuntaba a la falta de información antes de la audiencia.
Un gran operativo de seguridad, protestas y pocos asistentes, fue el escenario que se vivió ayer en el primer día de la audiencia pública por las tarifas del gas que se sigue, en Mendoza, por teleconferencia desde el Centro de Congresos y Exposiciones.
"La red de multisectoriales de todas las provincias vamos a presentar un amparo y una cautelar por no haber cumplido con el procedimiento que establecen las audiencias públicas y que ordenó la Corte y una cautelar pidiendo la suspensión de la audiencia", dijo un representante en declaraciones a la prensa.

 

Salta.
En Salta, la audiencia pública fue un caos ya que no ingresaron oradores inscriptos, se les prohibió el paso a legisladores, no se permitió oyentes en la sala, y se le inhibió a la prensa la libertad para trabajar.
En Córdoba, militantes de izquierda se enfrentaron con el vallado de la Policía que no los dejaba ingresar a la audiencia pública por el aumento de la tarifa del gas que se desarrolla en el auditorio de Radio Nacional en la ciudad de Córdoba.
Dirigentes gremiales, diputados nacionales y referentes de sectores de la oposición denunciaron ayer que no se les permitió acceder al Cine Pakewaia de Ushuaia y anticiparon que evalúan la posibilidad de presentar una impugnación en conjunto para el acto.

 

Incidentes.
La audiencia virtual que se realizaba en Neuquén fue suspendida ayer debido a los incidentes que se registraron entre trabajadores estatales y la policía, al querer ingresar los manifestantes al lugar habilitado por el Enargas. (DyN)

 

Una tarifa social única
Los Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron ayer en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como "derechos humanos".
Así lo plantearon los defensores al exponer en la Audiencia Pública que se desarrolla en la Usina del Arte.
El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor. (Télam)

 

Consumidores denuncian
El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó ayer que el gobierno nacional con su política tarifaria “se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5.000 por ciento en dólares a lo largo de los próximos años”, sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.
Así lo planteó en el marco de la Audiencia Pública, el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1ro. de abril pasado.
“Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada”, denunció Procelli al cuestionar que el Estado “no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna”. (Télam)