Justicia niega a Boudou la posibilidad de ser querellante

La Justicia le negó a Amado Boudou la posibilidad de ser querellante en la causa que inició el ex vicepresidente por la filtración de las fotografías de su detención en su departamento.
En cambio, el juez federal Sebastián Ramos lo citó a Boudou a declarar como testigo en los tribunales de Comodoro Py el 11 de diciembre por el episodio que él mismo denunció.
En tanto, esta semana el juez federal Ariel Lijo resolverá si levanta o prorroga el secreto de sumario en la causa por asociación ilícita en la que está detenido el ex vicepresidente y el empresario José María Núñez Carmona.
“Fui obligado a posar en fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa, violando las disposiciones” legales, aseguró Boudou en el escrito de puño y letra presentado ante el juez Ramos.
En aquella denuncia, Boudou sólo apuntó contra la Prefectura, la que estuvo a cargo del operativo de detención, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliarla hacia aquellos otros que resultaran cómplices.
En su fallo, Ramos le negó la posibilidad de ser querellante al considerar que el Estado Nacional es el bien jurídico protegido y que en todo caso podría resultar víctima del mal accionar de sus agentes, en este caso los prefectos.
Es una doctrina aplicada por el juez en toda causa judicial, aunque la última palabra no está dicha pues la defensa de Boudou será notificada hoy y tendrá la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal como pretenso querellante.
“La posible lesión aludida se correspondería a la eventual lesión al bien jurídico representado por la Administración Pública, ya que tanto la denuncia como el requerimiento fiscal de instrucción versan sobre la posible violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público o la posibilidad de haberse revelado secretos”, dijo el juez.
Además, si bien sostuvo que “está de acuerdo con el derecho de las víctimas a su amplia legitimación para llevar adelante una acusación”, el juez señaló que se deben dar ciertas condiciones como ser “una lesión a que se refiera la ley o leyes penales de que se trate la denuncia, y la relación directa entre el hecho planteado y los damnificados, cuestión que en el caso no se da”. “Actuar de otra manera sería extender el instituto procesal de modo deliberado dejándolo librado a su uso indiscriminado y no merituado con los alcances que cada caso en particular requieren para su oportuna evaluación”, concluyó. (NA)