“Busca condicionar las autonomías”

El abogado Gustavo Arballo, especialista en derecho público, afirmó que el gobierno nacional "busca condicionar las autonomías provinciales por la vía de los recursos económicos" para que los gobernadores tengan que hacer "la última milla del ajuste".

 

"En la cuestión de restricción de recursos a las provincias la consecuencia es impulsar a que la "última milla" del ajuste lo haga el sector local, y esto en el fondo implica que una política federal busca condicionar las autonomías provinciales por la vía de los recursos económicos", dijo Arballo a LA ARENA.

 

En ese sentido, advirtió que “la coyuntura nos muestra que la coparticipación, aún siendo muy importante, es solo una parte del sistema porque existen muchos vasos comunicantes entre Nación y Provincias, algunos que implican gastos que el Estado nacional está incumpliendo con las provincias, o con privados afectando la continuidad de obras de infraestructura y de fuentes de trabajo".

 

Siguiendo en esa línea, Arballo también cuestiono a Nación por la "cancelación de proyectos a futuro, lo que puede pasar poco advertido en un lapso corto, pero tendrá efectos acumulativos muy difíciles de revertir".

 

"En muchos de esos casos no se está ahorrando realmente: la motosierra de hoy implica un pasivo contingente que se deberá afrontar más adelante por parte del Estado federal, ya sea en forma directa por perjuicios económicos -juicios de particulares- o en forma masiva e indirecta por pasivos sociales".

 

Licuación de activos.

 

En ese contexto, Arballo dijo que "las políticas públicas que suponen empobrecimiento y licuación de activos tienen un efecto reflejo adicional: obligan al primer eslabón de la gobernabilidad (provincias y municipios) a hacer esfuerzos crecientes con menores niveles de recaudación (ya que muchos tributos están vinculados al nivel de actividad, con lo cual el perjuicio indirecto se acopla al directo".

 

El profesor de la UNLPam dijo que Nación “implícitamente no absorbe” sino que está “exportando” las consecuencias del ajuste a la vez que recorta o discontinua la financiación de las provincias".

 

“El resultado entra en todo caso en la inconstitucionalidad por omisión cuando el Estado deja de ejecutar una política por abandonar los instrumento o desfinanciara entes ejecutores, sin que haya existido una derogación de las leyes del Congreso que han determinado la aplicación de esas políticas”, explicó.

 

Constitución.

 

El abogado planteó que “es dable esperar que funcionen las salvaguardas de la Constitución, la más política del Congreso -en donde hay representación proporcional de las provincias en Diputados, y paritaria en el Senado- y la justicia, en donde podemos imaginar una intervención no inmediata ni disruptiva, pero si receptiva de la Corte a los reclamos provinciales”.

 

El gobierno de La Pampa, al igual que otras provincias, reclamaron el recorte de fondos ante la Corte Suprema de Justicia. Sergio Ziliotto fue directamente para que Nación reinstale el Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, el pasado 16 de febrero.

 

Acuerdos, “improbable”.

 

Sobre el conflicto de Nación contra las Provincias, Arballo indicó que “esto no es inédito en la historia”, ya que “hubo muchas fricciones institucionales” de este tipo que “eran resueltas o encarrilladas (como ocurrió con la armonización del sistema previsional) por negociaciones y acuerdos, algo que parece hoy altamente improbable”.

 

En eventos de judicialización, agregó, “cabe suponer que el Estado Nacional sostendrá su postura renuente o dilatoria. En este punto es imposible ‘predecir’ la cronología y el formato procesal que tendrán las diversas causas, en un escenario de hostilidad inédito en la historia institucional argentina”.

 

Federalismo en “pausa”.

 

Más allá de escenas puntuales, afirmó Arballo, “el panorama global que se advierte es un escenario de un federalismo en pausa, donde la Nación pretende cortar vínculos con las Provincias (no solo las financieras, sino las de armonización de políticas y las de ejecución de gastos en sus territorios) obviando sus responsabilidades en el desarrollo económico y logro de niveles equivalentes de vida”.

 

“Esa retirada federal de la escena tiene un impacto particular en provincias pobres y en provincias chicas, en contra del espíritu cooperativo de la Constitución y del principio de ‘lealtad federal’ que impone la actuación coordinada, y no hostil, de las relaciones entre los sujetos políticos del Estado Federal”, cerró.