Formalizarán por estafa al ex tesorero de San Martín

El próximo 7 de noviembre tendrá lugar la formalización de Marcelo Sosa, ex tesorero del Club General San Martín, en el marco de la investigación fiscal preparatoria por el delito de estafa por administración infiel.

Lo que no ha dejado de llamar la atención es la dilación de la medida, porque lo cierto es que el fiscal Máximo Paulucci, que actúa en la causa, se mostró reticente a tomarle declaración al ex tesorero en sede fiscal y luego formalizar la investigación, pieza clave en el perjuicio ocasionado.

Como se sabe la venta de un predio de 2,8 hectáreas de la ex Quinta de las Monjas –propiedad de la entidad de la Villa-, se produjo el 8 de agosto de 2018 a favor del empresario Carlos Elorza, quien abonó la suma de 3.971.000 pesos, dinero que está comprobado nunca ingresó a las arcas de San Martín.

Recuperación del club.

El tema fue ampliamente explicitado por este diario, que en su momento denunció la operación inmobiliaria y el desguace que estaba sufriendo la entidad de la Villa Santillán.

Sólo después que LA ARENA se ocupara de la cuestión surgió el movimiento de vecinos que, encarnado en “La ‘89” -una agrupación que comenzó a reunir voluntades para recuperar el club para los socios-, llevó luego a la intervención de Personas Jurídicas, dependencia oficial hasta ese momento poco diligente para controlar lo que debía controlar.

Así se consiguió que después de casi dos décadas cesara el mandato de una comisión directiva que, al cabo, resultó denunciada ante la Justicia por su mal manejo que llevó a que las instalaciones se vieran reducidas a un estado de cuasi abandono, y que se vendiera parte del patrimonio –más de dos hectáreas de las Malvinas (ex Quinta de las Monjas)- a previo vil.

¿Y el ex tesorero?

La nueva comisión directiva, encabezada por Julio Arias, formalizó la denuncia para que se investigue la presunta comisión de un delito. Y realmente sus integrantes se vieron preocupados por la demora en la formalización de la investigación. Máxime porque desde un primer momento se consideró que Marcelo Sosa había sido un elemento indispensable para que se concretara la actividad delictiva de la comisión directiva que presidía Graciela Loyola. Básicamente porque no era un socio más, sino que cubría el rol de tesorero, y en todo momento tuvo contacto con el dinero que manejaba el club, y por eso siempre desde la querella –patrocinada por los abogados Fernando Gutiérrez y Vanessa Ranocchia- se insistió con que no podía ser sólo imputada en este caso la ex presidenta.

¿Dónde está la plata?

Lo cierto es que producida la operación de venta -claramente desventajosa para el club- el dinero obtenido nunca ingresó. Una situación claramente demostrable porque la entidad ni siquiera -una cosa absurda- tenía cuenta en ninguno de los bancos de la ciudad.

De tal modo, el negocio jurídico fue instrumentado de manera irregular: no existe registro alguno del dinero percibido por la venta de esas fracciones de terreno y tampoco de cuánto pudo haber efectivamente ingresado al club por otros conceptos. No hay asientos contables, no hay entrada de fondos, no hay un solo indicio que permita suponer que lo percibido por los terrenos adquiridos por Elorza llegó al club de una u otra manera.

Recién a partir del 22 de febrero del 2022, ya con las autoridades nuevas, el club tiene cuenta bancaria abierta en el Banco Nación.

Lo que viene.

Ahora se consiguió, después de bastante insistencia de parte de los querellantes, que Fiscalía active la causa que inicialmente había ordenado archivar, entendiendo que no había delito penal, y que en todo caso eran diferencias que podrían ser abordadas en el plano civil.

Aún un lego en materia de derecho –pero conociendo elementalmente lo sucedido- percibe que claramente hay en todo esto ilícitos penales.

¿Por qué la resistencia de parte de la Fiscalía? Difícil entenderla.

Vinculación con el negocio.

Del análisis conjunto de los relatos que fueron surgiendo se conoce que el martillero que se ocupó de la venta, Hernán Alonso, fue contactado inicialmente -así lo dijo el mismo profesional- por Marcelo Sosa. Y además el comprador Carlos Elorza también refiere haber tenido contacto inicialmente con el mencionado martillero, señalando que fue quien le ofreció llevar adelante el negocio.

No sólo Loyola.

Hasta el presente habían sido convocados a declarar en sede fiscal solo la presidenta, Graciela Loyola y Pablo Romero, también miembro de la anterior comisión de San Martín.

La querella pidió de manera insistente pero sin éxito que se cite a prestar declaración indagatoria al tesorero. Hubo una actitud renuente y hasta ahora no se lo había formalizado, e incluso pareció haber una pretensión de que quedara desvinculado y que la causa siguiera solo contra Loyola.

Cabe agregar que de la pericia realizada por la contadora oficial Ana María King -hizo la pericia como dependiente del Ministerio Público Fiscal- surge claramente la responsabilidad del ex tesorero de manera central en la venta y en la percepción del dinero, no sólo por lo que dice el estatuto sino por cómo se hizo la venta.

¡Al fin!

Los abogados del club pidieron por lo menos en tres oportunidades la formalización de Marcelo Sosa –en julio, agosto y octubre-, pero esa insistencia sólo en la última oportunidad tuvo éxito. Fue cuando le expresaron al fiscal que podía interpretarse que se estaba ante un caso de retardo de justicia. Recién allí acusó recibo y accedió a la medida: ahora pidió la formalización para el próximo 7 de noviembre.