“No volvió a trabajar en el taller”

El chico que fue baleado por un policía el 30 de diciembre en Colonia Escalante todavía no pudo recuperarse plenamente de sus lesiones y no ha regresado a trabajar en un taller del barrio donde aprendía mecánica ligera. Fuente cercanas a la familia contaron que “todavía sufre problemas musculares en el brazo izquierdo y padece un estrés postraumático por el cual tuvo que ser medicado. Además, su mamá tiene mucho temor a represalias de la Policía y prefiere que no siga trabajando”.

Aquel sábado por la tarde, la policía fue convocada por presuntos disturbios a la esquina de Márquez y Gentili. La llegada de un móvil de la Seccional Primera provocó la dispersión de un grupo de jóvenes y los efectivos salieron en persecución de una motocicleta. Como el conductor no se detenía, le dispararon varios escopetazos con postas anti-tumulto, desde corta distancia.

El adolescente recibió 21 disparos de balas de goma que le afectaron la espalda y los brazos, y motivaron una denuncia de su familia por abuso de poder. “Somos inflexibles: si hubo abuso de poder, el personal quedará separado”, respondió el gobernador Sergio Ziliotto días después, al ser consultado por el episodio

El caso motivó denuncias cruzadas, una de la policía argumentando “resistencia a la autoridad”, y otra de la madre del joven contra los policías que lo atacaron, que se sustancia en la Fiscalía Penal para Adolescentes. Simultáneamente, y como anticipó el gobernador, se inició un sumario administrativo para evaluar la conducta del agente que disparó, quien por ahora continúa desempeñándose normalmente en aquella comisaría.

“Conducta brutal”.

Durante el procedimiento, la policía secuestró la moto “porque carecía de la documentación correspondiente”, explicaron desde la comisaría. Si bien en los días siguientes el mecánico Hugo Lucero, propietario del taller donde trabajaba el joven, se acercó hasta la dependencia con los papeles del vehículo, “la policía se negó a aceptarlos”. En diálogo con LA ARENA, el hombre confesó que esa actitud despierta sospechas de que “podrían inventar alguna irregularidad en la moto para justificar su conducta”.

Lucero es técnico en Educación Especial y dentro de su taller capacita en mecánica ligera a varios chicos del barrio. “Es una forma de contenerlos y enseñarles un oficio para que puedan desenvolverse laboralmente en el futuro”, cuenta. Recordó que el chico baleado “asistía al taller desde hace unos siete meses” y aseguró que él mismo lo acompañó “a comprar su moto al barrio Escondido. La adquirió con sus ahorros y el vehículo está perfectamente en regla, con los papeles correspondientes”, aseguró.

Precisamente, aquella tarde “él vino a mostrarme la moto porque la arregló y la puso en marcha. Aunque todavía no cumplió la edad para obtener la licencia, vino manejando desde su casa para mostrarme cómo había hecho el trabajo”, relató. Cuando regresaba, fue perseguido por la policía, pero no quiso detenerse porque circulaba sin carnet. “Es una brutalidad, un abuso de poder lo que hicieron. Por una infracción de tránsito podían detenerlo, pero no dispararle así, tan brutalmente”, lamentó.

Si bien en un primer momento el policía que disparó dijo haber observado “un elemento oscuro en su mano”, que podría resultar un arma, esa posibilidad quedó rápidamente descartada porque el chico ni siquiera llevaba consigo un teléfono celular.

Causa de lento avance.

El expediente por “resistencia a la autoridad” fue recibido en la Fiscalía de Delitos Económicos, que realizó las diligencias urgentes y luego lo trasladó a la Unidad de Atención Primaria (UAP). Fuentes judiciales comentaron que “se ordenaron pericias para detectar si la moto tenía alguna irregularidad”.

Mientras tanto, la denuncia contra el policía se tramita en la Fiscalía Penal para Adolescentes, que deberá determinar si “hubo un exceso o abuso en el accionar policial que provocó las lesiones al menor”.

Finalmente, la FIA debería tramitar también un expediente administrativo, en el marco de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana vigente en la provincia, para determinar si el agente involucrado actuó de acuerdo a las normas establecidas o si corresponde apartarlo de la fuerza por incapacidad para conducirse como efectivo policial.