Comienza el paro de estatales por 48 horas

Con la expectativa por la incidencia que los descuentos de la huelga anterior tendrá entre los trabajadores estatales, la Mesa Intersindical convocó a los empleados de la Administración Pública Provincial a un paro total de actividades para hoy y mañana en reclamo de una mejoría salarial superior al 4 por ciento otorgado por el gobierno provincial. Los gremios reclamaron se que apliquen en la provincia los principios nacionales y populares a los que dice adherir, y denunciaron "aprietes y amedrentamiento" para evitar que el apoyo sea tan alto como en la protesta del mes pasado.
La huelga de hoy y mañana tendrá distintas modalidades -según los sectores de la Administración Pública- y estará acompañada por un acto en la plaza San Martín con una posterior manifestación callejera hasta la Casa de Gobierno. En la plaza San Martín, la concentración está fijada para las 9.30. Allí los sindicatos harán un único acto y luego marcharán hacia el Centro Cívico. El jueves, el epicentro de la actividad se trasladará a la ciudad de General Pico.
La convocatoria se realizó a través de una conferencia de prensa que brindaron Ricardo Araujo (Asociación de Trabajadores del Estado), Julio Acosta (Luz y Fuerza La Pampa), Ceferino Riela (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Carlos Ortellado (Sindicato de Trabajadores de la Salud), Aldo Bafundo (Asociación del Personal Legislativo), Néstor Perdomo (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), y Mariano Alfageme (agrupación docente Carlos Fuentealba).

 

Descuentos.
Aunque por un momento consideraron que esta huelga tendrá un acatamiento mayor a las anteriores -Ceferino Riela anticipó "un día histórico"-, los ánimos en general fueron más cautelosos y primó una actitud expectante ante el efecto que podría tener tanto el descuento salarial como las acciones y pedidos del gobernador Jorge y sus ministros para que los empleados "reflexionen" y no dejen de concurrir a sus lugares de trabajo.
Para los dirigentes, el efecto negativo de los descuentos se compensará, ampliamente, con el creciente malestar de los empleados por las actitudes del gobierno y la pérdida de poder adquisitivo de su salario. "Ese 4 por ciento no alcanza para una canasta familiar de 7.500 pesos", remarcaron. Según anticipó Riela, en la jornada de hoy intentarán entregar al gobierno provincial un petitorio solicitando que no se descuenten los días y denunciando el objeto de "amedrentamiento y disciplinamiento" que tiene la medida.
Carlos Ortellado consideró que los jueces, diputados y funcionarios que vieron y verán incrementados sus salarios merced a la lucha de los trabajadores, renuncien a ese beneficio; Aldo Bafundo destacó que se crearon Mesas Intersindicales en General Acha y 25 de Mayo y Julio Acosta reclamó la crisis que vive el país "la paguen los que se llevan la gran parte de la riqueza de la Argentina, y no los trabajadores, que no provocamos la crisis".

 

Salvaje.
Para la Intersindical, el descuento de salarios no sólo es inconstitucional sino que refleja el poco carácter "nacional y popular" que tiene el gobierno pampeano, que por un lado se manifiesta en sintonía con la línea del gobierno nacional pero por el otro aplica un castigo económico a quienes dan una lucha legítima.
"Están esperando que no haya acatamiento pero mañana (por hoy) va a ser un día histórico", afirmó Riela. "Este descuento es salvaje porque se le aplica a quien precisamente pide un mayor salario porque no le alcanza para llegar a fin de mes", acotó.

 

Denuncian presiones
Según los dirigentes gremiales, el gobierno provincial está ejerciendo fuertes presiones para que los trabajadores no adhieran a la huelga de hoy y mañana. No sólo a través del descuento de los días no trabajados en el paro anterior, sino con acciones directas sobre las personas. "El gobierno recurre a las apretadas permanentes y a los descuentos salariales porque sabe que no le asiste la razón", disparó Carlos Ortellado, del Sitrasap.

 

Utelpa llama por 24 horas
A diferencia de la huelga anterior, el gremio docente convocó a sus afiliados a realizar hoy un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo. La huelga de Utelpa tendrá sólo un día de duración.
El anuncio fue realizado por Claudia Fernández el lunes en una conferencia de prensa que brindó junto a otros dirigentes sindicales del sector. Esta medida de fuerza, indicó, fue aprobada "por unanimidad" en el último congreso de Utelpa y es consecuencia del "gran malestar que existe hacia el Ministerio de Educación".
"El miércoles 5 vamos a participar de la medida de fuerza de acción directa sin concurrencia a los lugares de trabajo, y el 19 en caso de no ser llamados", anticipó Fernández. La huelga del 19 de septiembre también será por 24 horas.
Para hoy, Utelpa programó una concentración a partir de las 10.30 en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, una comitiva intentará llegar hasta las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación para entregarles un petitorio con los reclamos que dieron pie a la protesta.

 

Malestar en Legislatura
Una sensación de malestar había ayer entre el personal legislativo, advertido formalmente de que sumarse a la medida de fuerza prevista para esta semana le traerá aparejado no percibir haberes por los días no trabajados. Aunque se da por entendido que en nuestra provincia hay división de poderes, las directivas para que los empleados de las distintas jurisdicciones de la administración pública provincial sean pasibles de descuentos de haberes en caso de adherir a las medidas de fuerza -previstas para hoy y mañana- habrían nacido de "una sugerencia" del Ejecutivo.
De esa manera, los empleados de los poderes Judicial y Legislativo que adhieran a la huelga serán sancionados con descuentos por los días no trabajados. Aldo Bafundo, secretario general de los empleados legislativos, señaló que "es la primera vez que las autoridades de la Cámara hacen circular en las distintas dependencias una notificación" para que se actúe de esa manera. Anticipó que "desde las 8 de mañana (por hoy) vamos a estar decidiendo qué medidas internas se van a tomar, y a partir de las 10 nos sumaremos al resto de los compañeros de la Provincia".
El dirigente gremial sostuvo que "hay mucha bronca, porque la decisión surge desde el Ejecutivo y se pide a los otros poderes que actúen de la misma forma. Lo peor es que no hay metodología para aplicar los descuentos, porque la última vez se le restó a personas que no habían adherido, y a otros que sí lo hicieron no se les aplicó el descuento. En este caso por supuesto que no hay división de poderes", reprochó Bafundo.
Lo cierto es que ayer las autoridades de la Cámara de Diputados salieron a advertir a sus empleados sobre la posibilidad "de proceder a los descuentos correspondientes" en caso que adhieran a la medida de fuerza que llevarán adelante hoy y mañana los empleados de la administración pública provincial.
Dice la nota que recibieron los jefes de cada sector: "Se recuerda a los responsables de las distintas dependencias de esta casa que, atento surge del manual de funciones y de los deberes genéricamente establecidos en el artículo 38 de la ley 643, se encuentra vigente la obligación de informar las novedades diarias del área a su cargo, ello mediante los partes que habitualmente se confeccionan y suscriben para ser entregados al departamento personal". A su vez se le pide por el mismo medio "a los jefes para que comuniquen a todos los agentes bajo su responsabilidad" de la decisión adoptada.

 

¿Diálogo o profundización de lucha?
Si el gobierno accediera al pedido del 15 por ciento de aumento en la pauta salarial de los estatales, implicaría una masa salarial de 400 millones de pesos para el año próximo, que se sumaría a los 2.600 millones definidos para sueldos en el Presupuesto 2012 y a los que habría que añadirle la pauta de aumento estimada para el ejercicio que viene,
Estos números y la proyección atenuada de la coparticipación son los argumentos centrales del gobernador Oscar Mario Jorge para reducir la demanda de los trabajadores a un 4 por ciento, el porcentaje que por decreto dio por cerrada las conversaciones entre gremios y Poder Ejecutivo, las que mediante un acta firmada en mayo habilitaba a las negociaciones salariales de cara al último trimestre del año.
"El 24 por ciento es el límite", lo dijo en reiteradas oportunidades el mandatario provincial, quien para reafirmar su autoridad ordenó el descuento del día de paro en agosto a los trabajadores de la administración pública.
Desde la Intersindical se denunció el corte de las negociaciones, calificaron de autoritario a Jorge porque no permitió una contrapropuesta sindical que, ya era pública, pasaba por reducir el reclamo al 10 por ciento, para llegar al 30 por ciento de incrementos registrados en 2011.
¿Cómo seguirá el conflicto? Los sindicalistas esperan ver lo que ocurre hoy y si se cumplen las expectativas se animarían a una profundización del plan de lucha; ya se habla de un paro de 72 horas.

 

Mustapich ratificó descuento por el paro de judiciales
Alrededor de 30 empleados judiciales con el secretario general de los trabajadores, Ceferino Riela a la cabeza, se plantaron frente al Superior Tribunal de Justicia y reclamaron además de las cuestiones salariales, otros puntos ya tratados en reuniones previas. Se hizo mención a la falta de designación de categorías, concursos y horas extras.
Pasadas las 10 de ayer, comenzaron a llegar los trabajadores judiciales identificados con el chaleco naranja que los visibiliza y comenzaron a hacer sonar los bombos, panderetas e incluso bombas de estruendo a la sede del órgano judicial. En ese momento, Riela dialogó con la prensa y manifestó la intención con la que concurrían al encuentro previsto.
Expresó que "esto se definió en la última asamblea (la primera cuando renovamos el mandato) y nos llegó la acordada 3198 (que les notifica el descuento por la adhesión al paro sin concurrencia a los lugares de trabajo) causando estupor y bronca en la gente respecto de esta amenaza que nosotros declaramos inconstitucional porque los días de paro han sido avisados con la legalidad que corresponde. Nos han querido amedrentar y disciplinar utilizando un argumento donde el derecho no existe".
Agregó que "ellos tomaron los once días de paro que se hicieron en el primer semestre como fundamento en esta acordada y nosotros logramos con el Ejecutivo que se retrotrajera al conflicto; y ellos fundamentaban acordar con los once días de paro del semestre anterior. Cuando tenemos que trabajar horas extras, sábados o domingos, los trabajadores ponen el hombro y responden; y no tienen la misma respuesta de este Superior Tribunal, al que hemos elevado notas pidiendo respuestas por carreras, por recategorizaciones, por informatizaciones en los juzgados de paz (hay personal que está trabajando en algunos lugares con máquinas de escribir)".
Inicialmente, fueron recibidos por la administradora, quien les comunicó "que los ministros sólo recibirían a cuatro personas pero no es la idea", dijo Riela, porque "ésta es la oportunidad de que hablen con los trabajadores, que son los que vienen a buscar las respuestas".
Sobre la acordada, el secretario de los judiciales aseguró que "pediremos que dé marcha atrás y le vamos a decir que no estamos de acuerdo con esta situación". En ese preciso momento y bajo una llovizna tenue pero persistente que caía sobre la ciudad, salió al exterior de la sede el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Tomás Mustapich y escuchó lo que los judiciales tenían para decir.

 

Argumentos.
El letrado aseguró que "no tengo ningún problema en dialogar, pero en vez de hablar con cien personas a la vez que se torna dificultoso, es mejor hablar con tres o cuatro, pero atentos a lo que ustedes han suscitado, ningún problema". A continuación, Riela tomó la palabra y manifestó que "molesta mucho que cuando hablamos con ustedes nos dicen que les cuesta juntarse para hacer una acordada o para dar respuesta a los trabajadores. Pero el Ejecutivo mandó la orden de descuento y eso molestó, ustedes automáticamente se juntaron, hicieron ya la orden, usted mandó a la administradora a todos los organismos el día de descuento; es decir, hicieron los deberes de una forma extraordinaria y eso es lo que hoy venimos a reclamar".
Continuó enumerando los esfuerzos que realizan los trabajadores para cumplir con su trabajo y finalmente planteó que "nosotros vinimos a hablar con ustedes y a preguntar qué pasó. Hace un mes y medio nos juntamos, nos dijeron que en una semana nos iban a dar una respuesta y los compañeros la quieren. Están cansados de estar cinco años en la categoría, cansados de pedir horas extras y no alcanza".
Riela finalizó afirmando que "sería buenísimo que ustedes hicieran una acordada con los aumentos que los estatales lograron en la calle y dijesen que no los vamos a cobrar; pero están a caballo del aumento que nosotros logramos y estamos pidiéndole una ley de porcentualidad que es lo más justo, ojalá pelearon por nuestros derechos. Es una acordada rompe huelga, que trata de disciplinar a los trabajadores y esta es la opinión que tiene la asamblea".

 

Respuesta.
Mustapich escuchó a Riela y le respondió. "Si hay algo que les molesta es el descuento de los días no trabajados; primero, eso es una decisión del Superior Tribunal y como cabeza del Poder Judicial es independiente porque así funciona el sistema republicano. Esta fue una decisión del STJ, lo que yo creo es que el derecho de huelga consagrado por la Constitución Nacional de ninguna manera rompe el vínculo laboral entre los trabajadores y sobre quien tiene la responsabilidad de estar del otro lado. Hay una suspensión de la relación laboral que es el derecho de huelga y nosotros lo respetamos, pero esa suspensión de obligaciones es tanto de un lado como de otro".
Agregó que "la suspensión del vínculo laboral momentáneo por la huelga implica que los trabajadores no concurren a los lugares de trabajo; el otro organismo (el STJ) tiene el derecho, el resguardo de esos intereses del Estado provincial, en cuanto es el que aporta los dineros para pagar los sueldos, de no pagar. Pero eso es una cuestión que incluso los trabajadores, por una cuestión de dignidad, tienen que aceptar y saben que es cierta". Respondió que "tampoco es una medida antidemocrática, el derecho a huelga es absolutamente respetado".
Hubo planteos de otros trabajadores, respecto a las cuestiones de recategorizaciones y horas extras, a lo que el presidente de la institución, aseguró que "se está trabajando en ello, porque sabemos que lo tenemos que arreglar y habrá acomodamientos en el sector".