Jorge no contestó pedido de Fuchad

El diputado Martín Berhongaray (Frepam) fue designado para entrevistarse con el fiscal de estado, Alejandro Vanini, para trasladarle algunas inquietudes ante la demanda que la Provincia va a realizar por el río Atuel.
A partir de un desarrollo jurídico que hizo Berhongaray -y que también había planteado en la Fundación Chadileuvú- sobre las distintas alternativas que plantea la legislación ambiental para avanzar en el juicio por el corte del río Atuel, se resolvió en la Comisión de Ecología que el legislador se reúna a la brevedad con el Fiscal de Estado.
La idea es darle cuenta al funcionario de "un análisis de la legislación procesal aplicable al caso que, necesariamente, debería deberá ser tenido en cuenta al momento de definir la estrategia judicial que seguirá el gobierno provincial".
El debate se origina a partir de que la Suprema Corte de Justicia encomendó al estado pampeano que se sume como "tercero interesado" al reclamo judicial iniciado por los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, cuando de acuerdo a la Ley General del Ambiente Ley 25.675 debió permitirle transitar un camino independiente a través de la promoción de una nueva demanda.

Reclamo más amplio.
Dice Berhongaray que "eso es así porque son muy diferentes las responsabilidades y, en consecuencia, las atribuciones que esa ley otorga a los estados provinciales frente a una daño colectivo, como lo es el corte de un río. Afirma el legislador que "mientras los particulares, como Palazzani y Gil Domínguez -por no ser directamente damnificados por el daño ambiental-, sólo pueden peticionar que cesen las actividades que generan el daño, los estados provinciales tienen la obligación legal de ir mucho más allá, reclamando no sólo la cesación del daño sino también la recomposición del ambiente dañado y la indemnización pertinente. Esa es la secuencia que prevé la ley General del Ambiente que la Suprema Corte no ha respetado por el momento", completa.

Sin respuesta de Jorge.
El gobernador Oscar Mario Jorge ni siquiera le contestó a la Fundación Chadileuvú un pedido de audiencia que le hizo formalmente hace dos semanas. En seis años de gestión el primer mandatario provincial nunca recibió a la Fuchad, que ahora pretendía "conocer los alcances de las presentaciones judiciales que prepara nuestra provincia, asistida técnicamente por integrantes del estudio jurídico Badeni, con motivo del deterioro social, económico, productivo y ambiental ocasionado por más de medio siglo de aprovechamiento en forma exclusiva y abusiva, por parte de Mendoza, de las aguas de nuestro río Atuel".
No era la primera vez que la entidad -cuyo prestigio en referencia a temas hídricos no está en discusión- le pedía a Jorge una entrevista que, hasta hoy, nunca le concedió. La única vez que los miembros de la Fuchad fueron convocados fue para una reunión informativa con el estudio Badeni, en la que obviamente y dadas las circunstancias sólo tuvieron que escuchar.

Contra Nación.
La Fuchad no tiene dudas que "la decisión adoptada por el máximo tribunal del país conmina a nuestras autoridades a reformular la estrategia procesal, y a dividir los futuros planteos toda vez que asignó a la provincia de La Pampa el carácter de 'tercero interesado'. Eso obligaría a sustanciar toda la discusión relativa al daño ambiental, no contemplado en la demanda de Palazzani, dentro del juicio ya iniciado, desenlace este nunca buscado por el litigante, pero impuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancias del dictamen emanado de la Procuración General de la Nación, por ser la pampa condómina del río Atuel".
El escrito se detiene a indicar que "carece de sentido, a esta altura, ingresar a analizar si esta determinación resulta conveniente o no a nuestros intereses provinciales, pues la decisión está tomada y es inapelable, y La Pampa no puede eludir el camino forzoso trazado por la Corte".
Así las cosas la Fuchad dice que "en adelante debe hablarse de dos juicios. El oportunamente iniciado por el abogado Palazzani, que persigue que se condene a Mendoza a detener la degradación ambiental, y el que necesariamente debe promover la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional y Mendoza por la violación de los Derechos Humanos básicos, cual es el derecho humano al agua".