Pedirá el juicio político al ministro de Seguridad

El planteo de pedido de juicio político en la Legislatura sería el próximo paso del diputado Eduardo Tindiglia, del Frente Pampeano para la Victoria, contra el ministro de Seguridad de la provincia Juan Carlos Tierno a raíz de la muerte de un joven en la localidad de Lonquimay a manos de la policía, una situación que preocupa al gobierno, presionado por los reclamos de renuncia del funcionario.
La cuestión, que trascendió por fuentes de organizaciones sociales y de derechos humanos que también impulsan la acusación, sería presentada en las próximas horas por el legislador kirchnerista, quien sostiene desde hace tiempo duros cuestionamientos contra la política de seguridad y el accionar policial bajo las ordenes de Tierno. Según fuentes legislativas, hasta anoche el escrito no había sido presentado, algo que podría suceder durante este viernes.
Tindiglia denunciará a Tierno por el accionar policial en el homicidio de Santiago Garialdi, un hecho que golpeó al gobierno y generó un fuerte repudio de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, quienes pidieron la renuncia del ministro. "Es un hecho grave que nos perjudica", afirmaron desde el oficialismo.
El homicidio ocurrió el domingo por la noche en un camino vecinal cercano a Lonquimay, donde Garialdi y otros tres cazadores de liebres iban en una camioneta Ford F-100 y fueron interceptados por policías que comenzaron a dispararles. La víctima recibió un disparo en la cabeza y murió, mientras que otro cazador resultó herido de bala en el glúteo.
Por esto, también el justicialismo suspendió en forma unilateral, a pesar de la resistencia de los bloques opositores, la sesión que estaba prevista desarrollarse ayer y de esa forma, eludió tratar la interpelación planteada por el radicalismo contra el ministro de Seguridad, justamente el mismo día en que los policías Norberto García y Fernando Safenreider fueron acusados de homicidio doblemente agravado.
Este hecho se suma a otros relacionados a los excesos de la policía que fueron cuestionados constantemente por diversas organizaciones sociales y la oposición legislativa, planteando una cantidad considerable de pedidos de informes al ministro Tierno, los cuales no avanzaron por una decisión del justicialismo que tiene mayoría en Diputados.
Los proyectos que fueron frenados son del kirchnerismo y del radicalismo y están vinculados a los apremios ilegales denunciados por el secretario legislativo Alfredo García, la detención de militantes de izquierda cuando realizaban pintadas por el 24 de marzo y de la periodista Cintia Alcaraz cuando intentaba filmar un procedimiento policial y la represión en el conflicto por el desborde del río V.

 

El procedimiento.
El pedido de juicio político debe ser presentado ante la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados, que actualmente está a cargo de Varinia Marín, según se establece en la ley provincial 1246 que plantea la reglamentación del procedimiento. En caso de ser condenado, Tierno será destituido y quedará a disposición de la Justicia, y hasta podrá ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.
De acuerdo al procedimiento, una vez que es recibida la denuncia formalmente, el presidente de la Legislatura, en este cargo el vicegobernador Mariano Fernández, debe darle ingreso "sin dilación alguna" en la próxima sesión, para que luego sea girada a la Sala Acusadora, que es integrada por los diputados Ariel Rauschenberger, Facundo Sola y Raúl Zurbrigk del PJ; Luis Solana y José Luis Vendramini del Frepam y Maximiliano Aliaga de Cambiemos.
La Sala Acusadora podrá disponer, dentro del término de cinco días de recibida la denuncia, el rechazo in límine de la misma si a prima facie considera que no se dan las circunstancias o causales previstas en el artículo 102 de la Constitución Provincial. Tendrá hasta 40 días hábiles para rechazar o admitir y sostener la acusación.
La cuestión, en caso de avanzar, pasará a la Sala Juzgadora. Tindiglia es integrante de ese cuerpo legislativo, por lo que de prosperar la acusación se excusaría de antemano en la acusación contra el ministro Tierno y la denuncia también sería firmada por referentes sociales, culturales y de Derechos Humanos.

 

"Esto roza al gobierno".
El diputado Roberto Robledo (PJ) advirtió ayer que el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, tiene que dar explicaciones sobre el homicidio de Santiago Garialdi, ocurrido el pasado domingo en horas de la noche y por el que hay dos policías acusados, y agregó que la situación "roza" al gobierno de Carlos Verna.
"Yo soy un legislador con una opinión personal. Hablé con el gobernador después del hecho, me llamó para dar sus condolencias a la familia", explicó Robledo que es tío político del hombre asesinado mientras cazaba en un camino vecinal de Lonquimay junto a otras personas, cuando fueron interceptados por la policía, que les disparó.

 

Debe dar explicaciones.
Sobre la víctima, comentó que "era una persona que se estaba ganando el mango" y planteó que el ministro Tierno "tiene que dar explicaciones a la sociedad, a los diputados" en referencia al pedido de interpelación que planteó la oposición contra el ex intendente de Santa Rosa, que está condenado por abuso de autoridad en su gestión municipal. Asimismo, Robledo señaló que el crimen del cazador "roza al gobierno de Carlos Verna".

 

Repudio.
"El accionar de la policía es repudiado por toda la sociedad, nadie está de acuerdo. La policía está para cuidar a uno, a los actores sociales, aunque tampoco quiero involucrar a todos los agentes en su conjunto en un hecho de este tipo", aseguró a LA ARENA el diputado del oficialismo.
"Los individuos en forma irresponsable mataron a una persona. Tierno es el jefe del área, no digo que haya instruido a las fuerzas de seguridad en esa línea, pero a veces cuando uno se expresa y arenga hay distintos niveles de entendimiento, y algunos toman la palabra como literal como sucedió en este caso", añadió Robledo.

 

Concejo pidió renuncia de ministro.
En una breve pero intensa sesión, los concejales del Frepam presentaron un repudio a la política del Ministerio de Seguridad provincial, iniciativa a la que adhirieron los ediles que conforman los bloques unipersonales, aunque el mismo edil Roberto Torres (PN), repudió lo ocurrido, aclaró que "es responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial tomar las medidas necesarias, por lo cual yo no apoyo que tengamos que decirle nosotros al Ejecutivo Provincial cuál tiene que ser la medida para poder corregir la situación que se ha suscitado".
La primera sesión del Concejo Deliberante luego del receso invernal comenzó alrededor de las 11.15 con la presencia del cuerpo completo de concejales, y fue Miguel Bravo (Frepam) quien izó la insignia patria. Posteriormente, a pedido de la concejala Alba Fernández (FpV), se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del empleado municipal y ex candidato a intendente, Luis Crociara.
Al dar continuidad a la sesión, fue la edila Claudia Giorgis (Frepam), quien pidió el ingreso sobre tablas y posterior tratamiento del proyecto de resolución que condenó, repudió y solicitó la remoción del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, dados los desafortunados hechos acaecidos el pasado fin de semana, con el accionar policial que terminó con la muerte de un cazador y con heridas para uno de sus compañeros.
Dando la aprobación para tratar el asunto y sin el apoyo del bloque completo del PJ, el concejal Roberto Torres de Pueblo Nuevo expresó que "en general he apoyado la aprobación, pero entiendo el espíritu general de la propuesta y es repudiable todo lo que ha ocurrido con la policía y el accionar, no habiendo seguido los protocolos establecidos y no actuando de la forma que uno espera, de una fuerza que está para proteger la vida y los intereses de los ciudadanos. Pero entiendo que es responsabilidad del Ejecutivo provincial tomar las medidas necesarias, por lo cual yo no apoyo que tengamos que decirle nosotros al Ejecutivo cuál tiene que ser la medida para poder corregir la situación que se ha suscitado. Por eso quería dejar sentado mi apoyo al espíritu general de repudio ante la acción violenta pero también quiero dejar en claro que la ciudadanía le ha dado a través del voto democrático por mayoría al Poder Ejecutivo la autoridad para tomar decisiones y no nos corresponde a nosotros decirle qué es lo que tiene que hacer".

 

Votación.
Tras la aclaración, la concejala Giorgis pidió la lectura de proyecto presentado, para luego fundamentar el pedido. Su par del Frente Pampeano para la Victoria, Alba Fernández hizo lo propio, recordando episodios donde también se cuestionó el accionar del titular de la cartera de Seguridad, respecto a la represión del Meridiano V y la detención en extrañas circunstancias de la periodista y referente social Cintia Alcaraz.
Finalmente, la votación arrojó la aprobación por mayoría, con el voto negativo del bloque completo del PJ.

 

Orden.
Finalmente, dentro del orden del día, se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que declaró de interés general y utilidad pública, la obra de pavimento para la calle Hucal; lo mismo para la obra de cordón cuneta y asfalto de José Benito Calo y San Roque; y Garay Vivas. Finalmente, y con la abstención de la concejala Fernández, se aprobó admitir material fotográfico aportado por vecinos para la prohibición de arrojar basura en el ejido de la ciudad de Santa Rosa.

 

"Una bandera política".
El concejal Araldo Eleno, presidente del bloque del PJ, se refirió a la postura adoptada durante la sesión, evitando acompañar un pedido de repudio al accionar policial y remoción al ministro Juan Carlos Tierno. Luego de la sesión, dijo que "más allá de que queremos dejar en claro que desde el bloque repudiamos el accionar policial, nos parecía que las intenciones del proyecto no eran realmente respetuosas del dolor de la familia y de la Justicia que tiene que intervenir y que es quien tiene que decidir, sino que era una cuestión de levantar una bandera política y hacer algo que no compartíamos".
Agregó que "sabemos lo que manifestó el jefe de Policía, que estos agentes actuaron por fuera del protocolo, y tiene que ser la Justicia realmente quien los juzgue y no marcarle políticas al gobierno provincial desde un Concejo Deliberante; por eso nos parece que no corresponde. El mandato que nos dio la gente en el Concejo Deliberante no es para que nosotros marquemos si hubo o no consecuencias políticas u otra cuestión; nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas de Santa Rosa y realmente, pasarnos la mayor parte de la sesión debatiendo este tema, creo que con una declaración bastaba y no con venir a decirle al gobierno provincial lo que tiene que hacer".
Sobre el polémico audio difundido en 2014, Eleno aseguró que "yo no comparto las declaraciones, si bien tengo entendido que fueron declaraciones de un ciudadano antes de ser ministro, respeto su opinión aunque no la comparto. Creo que no da para que desde un Concejo Deliberante nos pongamos a opinar sobre las opiniones que justamente hizo un ciudadano, antes de tener un cargo público".
Finalizó expresando que "nosotros no venimos acá como bloque a sostener o no un ministro, porque no es la tarea que nos corresponde".