Allanamientos en Santa Rosa por la estafa a la AFIP

PAMPEANOS INVOLUCRADOS EN EL CASO DE LAS FACTURAS TRUCHAS DEL TC

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un Ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprando” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez.
A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones -mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas. La asociación ilícita era liderada por Russo -considerado como uno de los estafadores más grande de la historia criminal de nuestro país- y Gómez. Según la información que reveló días atrás Infobae (www.infobae.com), ambos, junto a las otras 16 personas, estafaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de cuatro mil millones de pesos, solo en concepto de IVA.
La investigación, a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, sostiene que realizaron la maniobra a través de una “usina” de facturas truchas -que ellos mismos imprimían- y que fueron utilizadas por unos 3.500 contribuyentes, entre los que se encuentran empresas, clubes de fútbol afiliados a la AFA, personas físicas, estudios contables, como el Estudio Guidoccio SRL; y sindicatos, entre otros el de Camioneros, cuyo titular es Hugo Moyano y el de Obreros de Estaciones de Servicio, de Carlos Acuña.
La causa sostiene también que la facturación falsa realizada por esta banda, de la que participaban funcionarios de la AFIP ya separados de sus cargos, ronda la friolera de los veinte mil millones de pesos.

Maniobra.
¿Cómo hacían Russo y Gómez -hoy presos- para lavar semejante cantidad de dinero? Según dio a conocer el medio citado anteriormente, la banda utilizaba empresas fantasmas, sociedades reales, como firmas de construcción, y hasta “apretaban” a empresarios dueños de constructoras o de otros rubros con problemas financieros para que éstos les vendan sus empresas en quebranto y utilizarlas como pantallas para el lavado de dinero.
CFS Contrucciones y Construcciones Viales son dos de las SA que manejaban Russo y Gómez. Ambas están bajo la lupa del juez federal, Armella y su secretario, Roberto Fernando Minguillon. En tribunales -aseguró Infobae- sospechan que las dos empresas eran subcontratadas, o tercerizadas, por sociedades que ganaban licitaciones de obras públicas -a fuerza de sobornos- pero que nunca prestaban servicios, es decir que esos hipotéticos contratos solo servían para lavar dinero negro.

Allanamientos.
Según la investigación Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.
Cuando los efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), allanaron las propiedades de los principales acusados, y las cuatro hectáreas de un predio dónde funcionaban las dos constructoras -en el kilómetro 14,5 del Camino de la Ribera Sur-, se encontraron con un gran número de maquinarias, camiones y autos de alta gama.
Ni uno ni otro pudo justificar, al menos hasta ahora, los millonarios fondos destinados a la adquisición de estos bienes.
En cuanto a los procedimientos realizados en esta capital, fuentes consultadas por LA ARENA aseguraron ayer que días atrás hubo procedimientos a cargo de la PNA (en este caso por la Policía de Seguridad Aeroportuaria), pero que los resultados eran desconocidos. Según se explicó, la orden llegó al juzgado federal de Santa Rosa a través de una Carta rogatoria (exhorto), y es por ello que los pormenores de lo ocurrido en esta ciudad -en principio- solo serían conocidos por funcionarios de tribunales bonaerenses.