Le extendieron la prisión preventiva a Leonardo Godoy

(General Pico) - La jueza de control Jimena Cardoso, le extendió por 60 días la prisión preventiva a Leonardo Godoy, el empleado municipal de General Pico que se encuentra detenido desde mediados del mes pasado, que está acusado de haber sustraído una suma de más de 800 mil pesos de la cobranza de la emisión de las licencias de conducir, que se hacen en la ciudad. En una nueva audiencia de reexamen de la medida de coerción, el fiscal general Armando Agüero, quien se mantiene al frente de la investigación, solicitó el sobreseimiento de las dos empleadas municipales, de apellidos Morello y Dellacroce, que estaban sospechadas del delito de "Peculado Culposo" y que se desempeñan en la Coordinación de Tecnologías de la Información.
La causa se inició a partir de una denuncia que hizo Luis Daratha (director de Prevención), por el faltante inicial de 112 mil pesos. Sin embargo, tras la revisión de los meses anteriores la cifra ascendió primero a 570 mil y luego a 840 mil pesos, según la auditoría realizada por la comuna. Durante los últimos días se culminó el control llevado a cabo por peritos de la Procuración General, quienes revisaron el cobro de 12 mil licencias de conducir, emitidas entre agosto de 2017 y julio de este año. Del informe se desprende que "los importes de 897 recibos fueron apartados de la esfera pública".
Al imputado se le impuso la prisión preventiva por 30 días y se le achacaron dos maniobras delictivas: haber anulado los recibos de pago y haber confeccionado recibos manuales que no pasaron por el sistema informático de la comuna. En los días previos a un nuevo reexamen, según indicó el fiscal, Godoy reconoció haberse quedado con la mitad del monto que se le imputa, y además negó la sustracción por intermedio de la confección manual de recibos.

Sobreseimiento.
En la audiencia que se realizó ayer, el fiscal primero solicitó el sobreseimiento de las dos coimputadas, tras argumentar que no tienen relación con la caja recaudadora en la que se originó el desfalco, y que además no tienen responsabilidad del control sobre este sector de cobranza.
En cuanto a la situación de Godoy, Agüero alegó que si bien ya no existe el peligro de que el imputado entorpezca la investigación, dado que están las medidas de prueba practicadas, aseguró que si existe "un claro peligro de fuga", lo cual sostiene la prisión preventiva. Esto se fundamenta en el hecho de que el dinero no fue reintegrado y que el acusado, en caso de tener en su poder el faltante denunciado, dispondría de los medios económicos para evadir el accionar de la Justicia.
El fiscal pidió que se le extendiera al imputado la medida de coerción hasta la finalización del proceso, y consideró que este pedido era "razonable y proporcional" dada la extensión en el tiempo de la comisión del delito, puesto que habría realizado 897 maniobras delictivas.
Durante su argumentación Agüero refirió si bien el delito que se le achaca parte de una pena de dos años que sería de ejecución condicional, la continuidad y reiteración en el tiempo, permitía llegar a una condena efectiva de tres años, siendo esta la pretensión de la Fiscalía.

Prisión preventiva.
El defensor Guillermo Alassia presentó argumentos similares que había expuesto en la audiencia anterior, para pedir la libertad de su defendido. El letrado dijo que ya no existe el peligro de fuga y consideró "irrazonable" el sostenimiento de la prisión preventiva.
También negó que su defendido haya sustraído dinero mediante la confección de recibos manuales, y hasta habló de una presunta intención de reparar el daño económico causado. En este sentido dijo que Godoy estaba dispuesto a entregar su automóvil y que sus familiares estaban dispuestos a juntar otra parte del dinero.
Por ello pidió la libertad de Godoy o en su defecto, la imposición de la prisión domiciliaria. La jueza no hizo lugar a este pedido, coincidió con el planteo fiscal y le extendió la prisión preventiva por el término de 60 días, dado que en ese plazo se podría llegar a una resolución de la causa.
Tras la audiencia, el fiscal Armando Agüero consideró que se podría llevar adelante otra investigación, aparte de esta, a través de la cual, determinar a quien le cabía la responsabilidad controlar ese sector.