El acuartelamiento de la policía de La Pampa en 1983

Durante nueve días, en septiembre de 1983, la Policía provincial se acuarteló en reclamo de aumentos salariales,
pero también contra el jefe de la institución al que sacaron del cargo. Otro conato ocurrió en 1985, vinculado a las causas judiciales contra los represores.
Norberto G. Asquini
Se cumplieron este año tres décadas de un hecho que se ha dado pocas veces en la historia de La Pampa: el acuartelamiento de la Policía. La institución tuvo como una de sus funciones la represión política en los años 60 y 70, por lo que durante los primeros momentos de las nacientes democracias fue cuando ocurrieron estos reclamos generalizados de los policías al poder político. Hubo uno en 1973, pero también en 1983 y 1985.

Las causas del 83.
En septiembre de 1983 el país se encaminaba a la vuelta de la democracia con la caída de la dictadura militar. En dos meses se votaría por las autoridades constitucionales y había una gran movilización. No solo partidaria, sino también sindical.
El 7 de septiembre la policía pampeana se acuarteló contra el gobierno del mofepista Eduardo Fraire. El motivo que se hizo público fue un planteo salarial, que constituyó el núcleo del conflicto. Desde junio tanto oficiales como agentes reclamaban a la administración provincial por aumentos en las remuneraciones ante la inflación creciente. Se había pedido la equiparación con la Policía Federal y un adicional. El primer punto fue otorgado, pero no el adicional.
Pero había también otra cuestión: los oficiales estaban molestos con el jefe de Policía, el teniente coronel Raúl Guidone. Llegado desde la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Ricardo Telleriarte, era resistido por el grueso de los comisarios por algunas irregularidades que se venían dando en la Jefatura. Así lo indicaron dos ex oficiales de ese momento durante una entrevista con el autor que mencionaron el “auge del juego clandestino” durante su permanencia en el cargo. Cuando estalló el acuartelamiento, Guidone hacía dos semanas que estaba de vacaciones.

Crece la protesta.
El día 7 se hizo un último reclamo al gobierno sobre los sueldos, pero la respuesta no satisfizo. Mientras se esperaba que el gobernador regresara a la provincia, se produjo la rebelión de los oficiales que se juntaron en la Escuela de Policía. Ante la falta de respuestas la medida de fuerza se mantuvo y se prolongó por tiempo indefinido. Y se extendió: los agentes se incorporaron -los más afectados porque eran los que menos cobraban- y el 8 lo hicieron los oficiales jefes, a cargo de comisarías. En la Escuela se concentraron uniformados de toda la provincia que iban como delegados de sus unidades. El gobierno tuvo que pedir la intervención del Ministerio del Interior, a cargo de Llamil Reston.
El 9 reasumió el jefe Guidone. Mientras tanto, las reuniones se sucedían en Casa de Gobierno y en la sede del IV Cuerpo del Ejército, a cargo del comandante Miguel Angel Podestá. Fraire manifestaba a la prensa en esos momentos que la policía provincial no podía superar en sueldo a la Federal.

Nuevo jefe.
El 10 los acuartelados exigieron la renuncia de Guidone, una de las medidas clave para destrabar el conflicto. Ese día el obispo Arana comenzó su “misión conciliadora” ante el gobernador y visitó la Escuela de Policía. Mientras tanto, había en la ciudad paro docente y de judiciales y los estudiantes universitarios estaban movilizados.
En esos momentos, la policía pampeana no era la única movilizada. En Córdoba y Tucumán también hubo rebeliones por esos días que duraron varios días. Los de La Pampa hacían llegar a la prensa un comunicado en el que manifestaban que “el autoacuartelamiento continúa por tiempo indeterminado y es irreversible hasta lograr el objetivo” y que el motivo era para “defender nuestros humanos e innegables derechos de una vida digna”.
La medida se extendió hasta la madrugada del día 16 de septiembre. Fraire regresó de Capital Federal y anunció que el lunes 19 se iba a reunir una comisión interjurisdiccional en esa ciudad para tratar los problemas planteados por las fuerzas policiales del país. Entregada la copia del documento del gobierno nacional, se levantó el acuartelamiento. También se había cambiado al jefe de Policía, asumiendo otro militar, Daniel Virgilio Correa Aldana, nacido en Eduardo Castex y ex titular de la fuerza en Santiago del Estero, donde estuvo vinculado a la represión ilegal.

El segundo.
Hubo otro intento de acuartelamiento, o al menos un planteo, durante 1985. Para entonces, había llegado la democracia y ya estaba como gobernador Rubén Hugo Marín. El gobierno provincial había iniciado el sumario administrativo en la Policía contra los oficiales que participaron como integrantes del grupo de tareas de la Subzona 14 en secuestros y torturas durante la dictadura militar. Ese expediente estaba siendo investigado en la Justicia y hasta había detenciones. El 29 de mayo, por ejemplo, habían tenido que declarar Fabio Iriart y Luis Enrique Baraldini por los hechos pampeanos y el represor Héctor Verges por la desaparición del victoriquense Oscar Di Dío. A nivel nacional, se estaba juzgando a las Juntas Militares y afloraban en los diarios los duros testimonios de ex detenidos-desaparecidos y testigos.
Ese planteo no llegó a los diarios, al menos de manera destacada. Dos ex comisarios consultados indicaron que fue iniciado por un grupo de oficiales que habían sido mencionados en el sumario administrativo los que presionaron al Poder Ejecutivo porque sus casos no tenían resolución. Sí estaban acusados formalmente unos nueve represores, los de mayor responsabilidad y con varios hechos a sus espaldas, que habían quedado investigados por la Justicia.

Represores echados.
El planteo surgió entonces de algunos altos oficiales con cargos de mando durante la dictadura y otros que los apoyaban, pero no se sumaron las camadas siguientes, aunque hubo llamados telefónicos para que se sumaran. Los involucrados se reunieron con el jefe de Policía, Alfredo Morello, y éste llevó al “delegado” de los que reclamaban, el comisario Luis Lucero, con el ministro de Gobierno, José María Dalmasso. Lucero había sido mencionado en el sumario del 84 en el secuestro y tortura de una maestra en el oeste pampeano. La línea interna a la que pertenecía, precisaron los consultados, respondía a Oscar Yorio, que por entonces estaba detenido.
Finalmente, se dictó el decreto 2151 el 27 de agosto de 1985 en el que se separó a siete represores de sus cargos, destituyéndose a tres, el comisario general Roberto Constantino, el comisario mayor Omar Aguilera y el sargento primero Dionisio Gualpas, y siendo exonerados el comisario inspector Roberto Fiorucci, el subcomisario Athos Reta y los oficiales principales Carlos Reinhart y Néstor Cenizo. El expediente administrativo 3208/85 fue remitido al Superior Tribunal de Justicia “a los efectos que ese alto cuerpo estime pertinentes”. Años después, ya con los represores sueltos por la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ese decreto fue anulado por el STJ, en fallo que confirmaron tanto la Corte Suprema como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno fue obligado a reincorporar a los policías cesanteados, y luego, a pagarles cuantiosas indemnizaciones.
No se pudo establecer cuáles fueron los reclamos del grupo de oficiales vinculados a los represores. ¿Se reclamó un “punto final” hacia quienes no eran todavía investigados por la Justicia? Sí se puede indicar, según la información que dieron ex integrantes de la institución, que uno de los cabecillas que estaba vinculado a la causa del grupo de tareas quedó afuera del decreto y no se avanzó sobre las responsabilidades de quienes no tenían tantos hechos en su contra. En tanto el “delegado” Lucero recién sería investigado y detenido en 2012 en el marco de la causa Subzona 14 II.