O se baja la inflación o la vida y la política se van a recomplicar

EMILIO MARÍN
El galope inflacionario de diciembre y enero pasado no se detuvo. Ahora sigue el trote, sostenido. O el gobierno logra frenarlo o el bienestar de la población sufrirá muchos daños, con consecuencias políticas para la democracia.
Axel Kicillof y las autoridades del Indec presentaron el nuevo Índice de Precios al Consumidor, ahora IPCNu (la última parte de la sigla, por Nacional Urbano). Debutó con enero y dio un aumento del 3,7 por ciento, muy lejos de las fantasías oficialistas de los últimos siete años. En ese lapso la inflación no superaba el 0,8 por ciento por lo que apenas rozaba el 10 por ciento anual. De ese modo el gobierno evitaba reconocer el fenómeno.
Ahora las cosas han cambiado. Ese 3,7 por ciento quedó más cerca del Índice Congreso (IC), algo mayor, que Patricia Bullrich y otros opositores de dudosa credibilidad habían ventilado en la previa.
Si el termómetro oficial -con el concurso del denostado FMI, que participó en la reforma de las estadísticas- marcó semejante alza de precios, quiere decir que el problema es realmente serio. Dos cosas realzan la gravedad. El índice de diciembre fue mayor que el de enero, aún cuando el Indec no lo admitiera así. Y el registro de enero no tomó en cuenta toda la empinada provocada por la devaluación del 24 de ese mes. Su impacto se verá en la medición de febrero, por lo que se puede colegir que el índice del este mes será igual o peor que el precedente.
Quiere decir que en tres meses (diciembre de 2013 y el primer bimestre de 2014), los precios habrán aumentado 12-15 por ciento, medido por el IPC, el IPCNu, el IC o las consultoras privadas de cierta solvencia, dejando de lado a vendedores de humo y desestabilizadores de turno.
Va de suyo el tremendo daño en los bolsillos de gran parte de la población, sobre todo en los sectores de menores recursos. El aumento del 11 por ciento que la presidenta anunció para los jubilados, a partir de marzo (a cobrar en abril), habrá sido devorado con antelación.
Esa situación tiene un gran impacto político y social. ¿Cómo se posicionan los gremios de cara a esa carestía de la vida? Al margen de los dirigentes de la oposición más cerril, casos de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo -para éstos es válido el apotegma de "cuanto peor, mejor"- incluso a los sindicalistas afines al "modelo" se les hace cuesta arriba avalar los planes del gobierno.

"Lo dice Caló".
El secretario de la CGT oficialista, Antonio Caló, y otros miembros de la entidad estuvieron el martes con Cristina Fernández, quien los recibió en Olivos. La anfitriona les pidió prudencia en los pedidos de aumentos salariales y que las paritarias sean de duración anual. Ese valor "prudencial" tendría un límite concreto del 25 por ciento para todo el ejercicio, un porcentaje indigerible para la mayoría de los gremialistas. Consideran que se queda muy corto ante la inflación de finales del año pasado y la que ya galopa en el bimestre.
CFK también insistió en que no habrá suma fija para los empleados estatales, reafirmando lo dicho en un par de ocasiones por el jefe de Gabinete. Y respecto a una cláusula gatillo en los convenios, su opinión también fue contraria. Dijo que "gatillo no", en todo caso que negocien en paritarias una reapertura si hay acuerdo con la parte empresaria.
En la conferencia de prensa que dio al día siguiente en el SMATA, con miembros del consejo directivo, Caló coincidió con la presidenta en que había habido un intento por "hacer volar por los aires al gobierno". "Lo dice Caló", dijo Caló, imitando a Diego Maradona en eso de hablar de sí en tercera persona. El metalúrgico tenía una razón para expresarse de esa manera: le daba un carácter personal a sus dichos, sabedor que varios miembros de la CGT no los comparten.
Héctor Daer, diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, no está de acuerdo con esa defensa de Cristina frente a la desestabilización. Y por eso tampoco está dispuesto a sacrificar reivindicaciones en aras de un gobierno del que se ha alejado kilómetros.
Otros capos cegetistas, como Roberto Fernández, de UTA, no estaban en la reunión. Ese chofer estaba manejando en dirección a la dupla Moyano-Barrionuevo, en una emigración parecida a la que realizó en el terreno político el intendente de Merlo, Raúl Othacehé. Este tránsfuga fue recibido con abrazos por Massa.
Lo dice Caló, ¿pero lo dicen los demás dirigentes? No, muchos no lo comparten. ¿Lo dicen los trabajadores? No, muchos, incluso entre los que votaron a Cristina, van a defender con uñas y dientes el nivel adquisitivo de sus salarios.

Primeros síntomas.
Ya se vieron los primeros síntomas de esa defensa de ingresos y condiciones de trabajo. Un dato fue la movilización de los "cuerpos orgánicos" de las dos CGT de Córdoba, el viernes 14. Algo más de 6.000 personas fueron a una marcha y acto donde se reclamó que "los gobiernos nacional y provincial, más los empresarios, paguen el ajuste que ellos provocaron". Allí hubo gremios moyanistas y oficialistas, cinchando a la par e instando a sus dirigentes nacionales que hagan lo propio, además de sindicatos independientes. Fue una mala noticia para Cristina-Kicillof.
La segunda señal adversa a la contención salarial vino de las aulas. Los cinco gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron un aumento del 25 por ciento y no congeniaron con la duración anual del acuerdo. En cambio, reclamaron una suba del 61 por ciento que lleve el salario inicial a 5.500 pesos. Y dijeron que el lapso adecuado de la paritaria docente es de seis meses, para evaluar cómo marcha la siempre despareja carrera de precios y salarios. El ministro de Trabajo de Buenos Aires dijo nones y tiró la pelota al gobierno nacional, pidiendo que el ministro de Educación, Alberto Sileoni, fijara el piso del sueldo de los maestros. Sileoni es un buen funcionario pero su oferta no superará el tope "sugerido" (léase dispuesto) por la jefa de Estado: ni un punto más del 25 por ciento.
El diferendo ilustra las tribulaciones del kirchnerismo en este ajuste, denominación que hasta Horacio Verbitsky empleó el domingo en Página/12 (aclarando que se habían dispuesto paliativos para los que más sufren). Cuatro de los gremios docentes bonaerenses que tienen aquel pliego tan diferente al oficial, pertenecen a la CGT de Caló. Y el quinto, Suteba, es el barco insignia de la CTA de Hugo Yasky, también defensor del gobierno. Su defensa no es incondicional, como lo acredita la puja de Suteba y Ctera contra el tope salarial, y el recordatorio que hizo Yasky de una nueva reclamación de la OIT a la Casa Rosada por la personería de la CTA pedida en 2004 y aún no concedida.

Complot real, no inventado.
Son reales esos conflictos de amplios segmentos de asalariados con el gobierno a causa de la inflación, no generada por éste sino básicamente por los monopolios. La administración debería revisar sus políticas, pues no son los trabajadores y sus reclamos la fuente inflacionaria. Ese rol de causante corresponde a los pulpos agrupados en la UIA y supermercadistas que suelen ser convocados como amigos a cuanto acto oficial hay en Balcarce 50.
Cristina, Kicillof, Jorge Capitanich y Augusto Costa vienen lidiando con aquellos monopolios para implorarles que bajen sus cotizaciones. Que los firmantes de "Precios Cuidados" respeten la letra aún fresca de las listas. Que Shell baje de una buena vez, aún no lo ha hecho, el 6 por ciento extra que aumentó. Esta semana se conocerán las empresas multadas por tantos incumplimientos en precios y abastecimiento.
El cronista duda de la efectividad de tales medidas, sobre todo porque hay un proyecto sin aprobar del senador Aníbal Fernández, para que las firmas multadas paguen primero y protesten después. Hasta ahora no pagan y apelan. Y la justicia pro-monopolista, como se ejemplifica con el caso de Shell, suele condonarles la mayoría de las sanciones.
Habiendo quedado en claro que el gobierno afronta conflictos generados en parte por sus políticas erróneas (en cuanto a inflación, contención salarial y laxos acuerdos de precios), se puede analizar un asunto político de gran importancia. ¿Hubo o no intentos desestabilizadores?
Para la derecha más rancia, ese fue un invento K. El martes 11 "La Nación" publicó su editorial "Golpismo, mentiras y victimización". Sostuvo: "el Gobierno sigue creando fantasmas, inventando enemigos que desvíen la mirada de la opinión pública para no admitir sus gruesos errores". Agregó que es "una lógica tan perversa como descabellada".
Para el gobierno, como lo vinieron denunciando sus primeras espadas antes de la devaluación y a posteriori, sí hubo un complot desestabilizador. Era un combo que mezclaba agorerías sobre la salud presidencial, presiones para que el dólar costase $12, remarcaciones en cadena, creación del polo empresarial destituyente con eje en la Sociedad Rural, etc.
El economista radical Miguel Bein dijo a La Red el 12/2: "hasta la semana pasada hubo un intento de desestabilización financiera; los mercados venían muy envalentonados de que iban a hacer volar al Gobierno por los aires, pero por suerte se alejaron los peores fantasmas".
¿A quién creerle? ¿A la sempiterna golpista "Gaceta Ganadera" o a Bein? El cronista marca la segunda opción, con la reserva de que los fantasmas son de carne y hueso. Añade: se alejaron pero no tanto.