Verbitsky: Una obra de arte se asocia con el horror que vive Argentina

Por Horacio Verbitsky

En los últimos años de su vida, viudo y sordo, Goya comenzó a pintar sus obras más negras sobre el revoque de las paredes de la quinta en que vivía. Como corresponde en España, se llamaba "La Quinta del Sordo". Más de medio siglo después, el banquero que había comprado la propiedad encomendó a un famoso restaurador que intentara transferirlas a una tela. Cuando el trabajo estuvo terminado no hubo interesados en comprarlas porque su libertad creativa adelantaba medio siglo, y fueron donadas al Museo del Prado. Entre ellas estaba Saturno devorando a su hijo.

El artista argentino Navaja advirtió que Goya había destacado la silueta del hijo con un trazo rojo como la sangre fresca, cuya similitud con el mapa de nuestro país es notable. Navaja intervino la pintura, reemplazando al desaforado Saturno de Goya por los Hermanos Milei, el rostro de Javier y el pelo de Karina. (Entre paréntesis, la mitológica esposa de Saturno, Rea, es su hermana.)

En su obra clásica Totem y Tabú, Freud narra la tendencia de los hijos a matar al padre, como una inexorable disputa por el poder desde los tiempos de la horda primitiva. Para impedirlo, Saturno los devora. El último de ellos, Zeus, oculto por su madre para salvarlo, lo obliga a vomitar a sus hermanos. Entre todos lo redujeron a la condición de un simple mortal.

Los críticos de arte interpretan la obra como una alegoría política, luego de la revolución liberal, la guerra civil y la restauración del cruel e imbécil Fernando VII: Saturno es el poder absoluto devorando a los ciudadanos. No hace falta explicar de qué modo se asocia esta obra de Goya con el horror que la Argentina vive desde diciembre de 2023, luego de los fallidos gobiernos de Maurizio Macrì y del Doctor Fernández, que pavimentaron el camino al poder de los Hermanos Milei.

Las explicaciones del sardónico vocero presidencial Manuel Adorni subestiman la inteligencia de su auditorio. El jueves, pretendió justificar por un tecnicismo el pago de las jubilaciones en dos partes. Ni siquiera pudo comunicar qué día cada parte, que según él no son cuotas, aunque la definición de la Academia Española afirma lo contrario.

Ningún funcionario quiso interpretar qué significan los contradictorios sondeos sociológicos, en que casi la mitad de los entrevistados aún conservan una imagen positiva del gobierno de los Hermanos Milei pero entre dos tercios y tres cuartos rechazan sus principales políticas. Pese a esta negativa, el jefe de la asociación delictiva (Milei dixit) y su malabarista de los números, Luis Caputo, intentan convencer al patronato de que sus medidas son sustentables y que les permitirán mejorar en forma substancial su representación en el Congreso que comenzará sus sesiones ordinarias dentro de dos años, el 1° de marzo de 2026. Si bien esto, hoy y aquí, es el larguísimo plazo, tienen un punto a su favor: salvo Fernando De la Rúa, que se desentendió de la campaña electoral de 2001, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura se derrumbó dos años después de la elección presidencial: sobrevivieron a esa prueba Alfonsín en 1985, Plan Austral mediante; Menem en 1991, gracias a la Convertibilidad; Kirchner en 2005, librándose de la tutela de Duhalde, y Cristina en 2009, con un escrutinio empatado a pesar de la batalla con las patronales agropecuarias del año anterior. Los electorados son más lentos que las élites, si bien la situación actual es excepcional.

Las veinte verdades.

Estos son algunos de los hijos devorados por Saturno, o Las Veinte Verdades de los Hermanos Milei:

La devaluación del 118%, que disparó la inflación.

La licuación de los ahorros en pesos, por la baja drástica de la tasa de interés, muy inferior a la inflación.

La quiebra o cierre masivo de empresas medianas y pequeñas, que repercute en rencillas internas en la Unión Industrial, que no las defiende. Solo en febrero, bajaron la persiana 163 empresas de la construcción y dejaron en la calle a 24.000 trabajadores.

La parálisis de las grandes, como Acindar o Toyota, que interrumpen o disminuyen la producción, abren retiros voluntarios o despiden trabajadores.

La interrupción abrupta de la obra pública (salvo el gasoducto de Techint y Mindlin). Los despidos masivos de trabajadores, agravados por el modo feroz de la comunicación, entre otros en el Inta, Senasa, Anses, Pami, Servicio Meteorológico, Agencia de Seguridad Vial, Conicet, Biblioteca Nacional, Agencia de Discapacidad, Centros de Referencia (CDR), Enacom, Instituto Geográfico, Acumar, Parques Nacionales, Instituto de Administración Pública, Agencia de Administración de Bienes del Estado, Administración General de Puertos, además de los distintos ministerios.

El corte de la entrega de medicamentos oncológicos a enfermos que no pueden esperar el presunto ordenamiento administrativo aducido y el nuevo decreto de necesidad y urgencia 80/24, que eliminó el Fondo de Incentivo Docente y la compensación por el transporte colectivo a una docena de provincias.

El desabastecimiento de los comedores populares, que no reciben alimentos.

El descontrol de los precios de artículos imprescindibles de consumo masivo, por encima de la devaluación y que, en muchos casos, superan los precios que se pagan en Estados Unidos o Europa. El derrumbe del poder adquisitivo de los salarios, que se incrementan por debajo de la inflación y que está forzando a quienes pueden a gastar los dólares atesorados en los años previos.

La negativa a homologar acuerdos paritarios de varios sindicatos, como Camioneros.

La jactancia presidencial sobre la cantidad de despidos de trabajadores ("ya echamos a 50.000", espetó).

El cierre de la agencia de noticias Télam y de la Televisión Pública, en cuyas sedes se planean grandes negocios inmobiliarios.

El anuncio de descomunales aumentos de tarifas de energía.

La dolarización del precio del gas en boca de pozo. Los aumentos siderales de las empresas financieras de medicina prepaga, que ya perdieron el 10% de sus socios, y la simultánea desregulación de los servicios médicos sindicales.

El desfinanciamiento de las universidades nacionales y del Conicet, donde no hay ni personal de limpieza para mantener en funcionamiento los laboratorios con experimentos en curso.

La decisión de no pagar becas a investigadores científicos.

La negativa a otorgar créditos y subsidios ganados por concurso.

El vaciamiento de la Anses por la cantidad de cesantías, que dejó sin atención a los jubilados y pensionados en buena parte del país e impidió efectuar a tiempo la liquidación de los paupérrimos haberes de este mes.

¿Cuál de estos hijos se rebelará contra Saturno y organizará la resistencia del resto? La Fraternidad, la UOM y ATE picaron en punta.

El cortocircuito en el cuarto piso.

La discusión sobre las tarifas repite la que se suscitó en 2016. En el invierno de ese año, la República Autónoma del Cuarto Piso contrarió al gobierno de Maurizio Macrì. En un fallo de agosto de 2016, cuatro de sus entonces cinco miembros, con la sola excepción de Carlos Rosenkrantz, citaron la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, de 1991. Para la Corte Suprema, "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de 'confiscatoria', en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar". La Corte declaró su expectativa de que "la razonabilidad de la política tarifaria" en los "servicios públicos esenciales", sean asumida "en el futuro para casos similares", como lo es el actual.

Horacio Rosatti lo dijo con sus propias palabras, no menos contundentes: "Una relación irrazonable entre monto y capacidad de pago en el cálculo de la tarifa puede convertir a una cuestión técnica, reservada al poder administrador, en una cuestión judicial por afectación de derechos constitucionales vinculados a la subsistencia o a una mínima calidad de vida de los usuarios. Existe un límite en el que toda ponderación entre el financiamiento del servicio y la capacidad de pago pierde sentido; se trata de la hipótesis en que la imposibilidad real de pago coloca al usuario frente al corte del servicio, circunstancia que debe merecer la tutela especial de la Justicia pues, en este caso, no es posible rescatar técnicamente siquiera un umbral mínimo de un derecho esencial para la subsistencia".

El gobierno afirma que, en vez de la oferta, subsidiará la demanda, con una tarifa especial para los más pobres. Pero hasta no ver las boletas con esos números, es desaconsejable tomar al pie de la letra las afirmaciones de un equipo gobernante que, por maldad, cálculo o mera ignorancia, miente hasta cuando le preguntan qué día es. Durante la semana, anunció que el incremento se postergaría un mes, hasta abril. Pero en pleno feriado de pascua, dejó trascender que recién se aplicaría en junio o julio. Como de costumbre, adujo un pretexto técnico, la dificultad de determinar la línea de corte que defina la Canasta Básica Energética, que seguirá subsidiada, para un número aún indeterminado de usuarios. Pero con el nuevo esquema, la factura se recargaría justo cuando comienza el invierno y crece el consumo. Esto hace prever una nueva postergación, lo cual sigue la pauta que frenó la "sintonía fina" desde la segunda presidencia de Cristina en adelante, con variaciones en cada gobierno. El dato que las empresas guardan en absoluto secreto, antes y ahora, es el costo de producción, tanto del petróleo como del gas, convencional o shale, lo cual impide cualquier cálculo fiable de aquello sobre lo que todos opinan.

Kortinas de humo.

En esta situación caótica, el gobierno de los Hermanos Milei lanza una kortina de humo tras otra, para desviar la atención de lo que importa. La última fue la decisión de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. La primera idea fue acostar la letra K, de modo que pareciera una V apoyada sobre un guión. Pero era demasiado sutil y fue desechado. Un ex ministro de Macrì, el empresario Hernán Lombardi, le recordó al gobierno que la denominación fue impuesta por ley. Esa es la razón por la que ellos no pudieron cambiarlo, cosa que con alta probabilidad también frustre el actual intento. Quien le hizo una verónica a la embestida fue Máximo Kirchner, quien ironizó: "Que le ponga Centro Cultural Conan o Eduardo Eurnekian pero que mande los insumos a los hospitales, que no les saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas, que lleguen las cosas para la gente". En el Congreso circuló la versión de que lo siguiente será retirar del edificio ministerial de la Avenida 9 de Julio las dos siluetas de Eva Perón.

La navegación contra corriente de Milei lo llevó a pronunciar un encendido discurso en contra de la corrupción de los políticos en un foro internacional organizado por el santo patrón de esa cofradía, José Luis Manzano. Autor de la imborrable definición "Robo para la Corona", el ex ministro frutal dejó la política de partido para dedicarse a los negocios, con inversiones en petróleo y medios de comunicación, y asociado con el capital anticastrista instalado en Miami. Además, se casó con una financista capaz de cualquier prestidigitación en el arbitraje de monedas. Ni el propio Manzano recuerda que cuando llegó por primera vez al Congreso, en 1983, era un médico provinciano de 33 años, que sólo tenía buenas intenciones, gran ambición y un traje celeste. Ni en Tupungato ganó alguna elección, pero es multimillonario.

No todos aplauden.

Mientras el patronato local aplaude los anuncios más disparatados de Milei, aquellas asociaciones con enchufes internacionales hacen saber algunos cuestionamientos. Así ocurrió con la propuesta del Poder Ejecutivo del juez federal Ariel Lijo como quinto miembro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. Tanto la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham), como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), se manifestaron en términos inequívocos. ACDE fue creada por el Episcopado Católico argentino, con el que mantiene una relación de dependencia, pero con una gran flexibilidad. Sus críticas al gobierno no son por izquierda, como las del Papa Francisco, sino todo lo contrario.

Menos estrepitosas son las advertencias del Fondo Monetario Internacional. También en este caso hubo una inversión de roles, porque el salto que pegó Milei hizo que las políticas del FMI parecieran moderadas. Así lo aparenta la precisa definición de su encargado de Subamérica, el ex ministro de Economía de Michelle Bachelet en Chile, Rodrigo Valdez. En sus encuentros con funcionarios del gobierno y en sus escasas declaraciones públicas no ahorró críticas. Como ya lo dijeron Kristalina Georgieva, Gita Gopinath, Janet Yellen y Julie Kozack, ni el Tesoro de Estados Unidos ni el FMI en el que tiene poder de veto, están dispuestos a abrir la bolsa para que la Argentina incremente su endeudamiento en otros 15.000 millones de dólares, como pretende el gobierno. Pero, además, los técnicos del Fondo no consideran sustentable en el tiempo la forma brutal en que se anuló el déficit fiscal, pisando desembolsos que más temprano que tarde habrá que hacer, salvo que la pasión fiscalista del gobierno incluya dejar el país a oscuras o sin transporte. Valdez lo dijo con elegancia: debe mejorar la calidad del ajuste, no su cantidad.

Todo esto enturbió la relación presidencial con el Ministro de Economía. Luis Caputo llegó al cargo por la ilusión de que aún era capaz de conseguir los préstamos necesarios para mantener la ficción en pie. Pero al cabo de 110 días todas las puertas se cerraron en sus narices, a pesar de la risueña acogida que reciben las extravagancias del Presidente en sus viajes internacionales. Hace ahora 80 años, Perón advirtió a los militares y a los hombres de negocios de su época que la experiencia es la parte activa de la sabiduría y que quienes no aprendan de lo que les pasó a otros "perderán todo, y las orejas también". El principal candidato a ocupar el despacho de Caputo es el diputado José Luis Espert.

La imaginación al poder.

Otra improvisación chapucera fue el spot concebido por Karina Milei sobre la presunta "Memoria completa", que el gobierno difundió el 24 de marzo. Por el contrario, sólo se refiere a los delitos cometidos por las organizaciones político-militares, pero nada dice de los crímenes de la dictadura. Juan Bautista Yofre afirma que las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado fueron un negocio concebido por el secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde y su socio Rodolfo Ortega Peña, quien fue asesinado por la Triple A en 1974. Oculta así que se trató de una decisión del gobierno de Carlos Menem, del que Yofre formó parte como Secretario de Inteligencia. Eso le permitió hacerse de archivos con los cuales confeccionó una docena de libros, cuyo único valor son esos documentos, que merecerían un estudio a fondo. Luego de encomiar su propia obra, Yofre insinuó que el 25 de mayo podría producirse la libertad de los militares, civiles, eclesiásticos y empresarios condenados, cosa improbable porque no les dan los números en el Congreso.

En el spot también habló Luis Labraña, un ex guerrillero que se atribuye, en primera persona, haber inventado la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos. Cuando el mejor entrevistador del periodismo argentino, Jorge Fontevecchia, le preguntó en qué circunstancias fue, qué testigos tiene, qué otras personas participaron, Labraña balbuceó que no lo recordaba. El tenaz abogado Pablo Llonto replicó que no coincide la fecha suministrada por Labraña, con el viaje de las Madres de Plaza de Mayo a Holanda. Este personaje, que repite su historia en forma casi textual desde 2021, agregó que como el número real es de 8.000 detenidos-desaparecidos, se cobraron 22.000 indemnizaciones de más. Pero tampoco supo qué responder ante la obvia pregunta de Fontevecchia sobre quiénes las cobraron y dónde está registrado. Luego de decir que fue un negocio, solicitó que también se paguen indemnizaciones a los militares. Un chanta de aquellos.

Más respetable fue el testimonio de María Fernanda Viola, hija del capitán del Ejército Humberto Antonio Viola, muerto por el ERP en 1974 en Tucumán. En el atentado también perdió la vida la otra hija del militar, María Cristina, de 3 años y la propia María Fernanda sufrió heridas graves. El caso es ostensiblemente conmovedor y siempre se lo elige, junto con la muerte de Paula Lambruschini, para ejemplificar algo imposible, porque no hubo otros iguales. La mujer dijo que reclamaban justicia y que ella y su madre habían sido silenciadas. Pero en 1979 fueron condenados a prisión perpetua los cinco miembros del comando. Todos denunciaron haber sido torturados. En 2011, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud de la familia de reabrir la causa y la Corte Suprema lo confirmó. En 2016, la viuda recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que está en trámite. Lo que pretende es que se juzgue a quienes denomina "autores mediatos", es decir la conducción del ERP.

En 1989 los que sobrevivieron fueron indultados por Menem, quien también fue el que dispuso el pago de las indemnizaciones, como forma de aplacar los cuestionamientos por los indultos. La secretaría de Derechos Humanos no estaba a cargo de Duhalde, sino de Alicia Pierini.