Terreno de definiciones en España, Europa y el orbe

DOMINICALES

Con la decisión de pronunciarse por la independencia adoptado finalmente por la Generalitat catalana, el conflicto ha entrado en zona de definiciones.
La respuesta de Madrid, en nombre de España, llegó velozmente. Destituye al gobierno de la Generalitat catalana (Puigdemont) y convoca a elecciones para el 21 de diciembre (un jueves). Diputados, primero, y luego el Senado, habían dado su aprobación para la aplicación del artículo 155 de la constitución. Queda abierta la posibilidad de usar la atribución del artículo 116 y declarar el estado de sitio.
El eco internacional era previsible, en cuanto al ámbito oficial. La Unión Europea declaró su apoyo al gobierno de España. Lo mismo hizo el gobierno de Estados Unidos. Moscú se diferenció algo al decir que es asunto interno del gobierno de España, Noruega apoya a Madrid.
Los acontecimientos están en desarrollo. Se supone que hay interés compartido en evitar la violencia, pero el tema está caliente y todo puede suceder.

Acoso.
No cesa de expandirse la oleada contra toda forma de violencia sexual, desde que estalló el escándalo en Hollywood. Ya ha trascendido Hollywood y los Estados Unidos. El parlamento de la Unión Europea instó el jueves a la Comisión Europea a elaborar una estrategia integral para luchar contra toda forma de violencia de género, en los casos de acoso o violencia sexual. El pronunciamiento fue categórico: 580 votos contra 10 y 27 abstenciones. Como se sabe, en el propio parlamento europeo ha habido casos de acoso.
¿Dónde no? En Estados Unidos ante los cargos de un número de mujeres que va en aumento, el ex presidente Bush, padre, pidió disculpas públicamente, luego de que una mujer denunciara que al estar a su lado (el ex presidente ya estaba en silla de ruedas) fue tocada en sus glúteos. El ex presidente reconoce que puede ser, pero que quizá intentaba una señal amistosa. Se dice que Bush silenció a una acusadora pagando dos millones de dólares.

Paraísos.
Concluyó en Helsinki, Finlandia, la conferencia Financial Transparency Coalition. En la jornada final, el jueves, se insistió en la necesidad de imponer registros de beneficiarios finales en las cadenas, fideicomisos y testaferros y que la información sea compartida.
La organización Global Witnes difundió el resultado de su encuesta sobre los 1.300 millones de empresas que ya completaron el registro británico de beneficiarios finales. Se detectaron irregularidades en tres mil compañías que admiten estar constituidas por firmas offshore. Los lugares donde los beneficiarios finales depositan sus ganancias corresponden a las islas Jersey, Vírgenes, del Canal, de Man, Guersney, Hong Kong, Gibraltar, Singapur, Bermuda y Malta. Los países con registros de beneficios finales de las empresas, funcionan en Kenia, Uruguay, Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, Ucrania, Dinamarca, Lituania y Reino Unido.
Como se aprecia, la red para esconder ganancias sin pagar al fisco nacional, es numerosa y diversificada.

Marihuana.
Uruguay no para de tener dificultades desde que dispuso autorizar la venta de marihuana para uso recreativo. Solamente diez farmacias han llenado los requisitos y en estos días se han quedado sin mercadería. Es el gobierno el que controla esta provisión y debe cuidar que lo que se vende se ajuste a las normas. La dificultad actual se debe a un cambio de estación y a un más estricto sistema de controles. Se informó que la situación se normalizará a mediados de noviembre. Se supo que los consumidores son, en su mayoría, hombres adultos. Los varones son el 70 por ciento de los consumidores.
Frente a las críticas que sigue generado esta liberación de venta y uso de la marihuana, el gobierno hace notar que esta medida ha dado un fuerte golpe al narcotráfico.

Víctimas.
Más de un centenar y medio de organizaciones civiles reclamaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (reunida en Montevideo la pasada semana) que se ponga atención en la “alarmante y crucial situación” a que ha llegado la maternidad forzada en nuestra región para que se garantice a las niñas víctimas de violencia sexual el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto legal. Sostienen que hay una “pandemia de violencia sexual”. Para Unicef más de un millón de niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual.
Jotavé