Un juez que revive el derecho de sangre

Un palpable malestar se siente en el ambiente de la Justicia Federal de nuestra provincia. El ingreso a dedo de dos hijos de un conocido camarista, ignorando todo tipo de procedimiento de selección de postulantes, no fue muy bien digerido por quienes se desempeñan en ese fuero.
La “ayudita” que recibió el magistrado pampeano tiene alto vuelo, nada menos que la Corte Suprema de Justicia, en donde su presidente convalidó con su firma tales irregulares ingresos, uno en el Juzgado Federal de Santa Rosa y el restante en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Córdoba.
La información fue publicada el sábado por este diario y todavía nadie, en los ámbitos tribunalicios, se ha sentido obligado a decir nada. Se trata de un silencio que convalida una manifiesta irregularidad y que acepta como natural que en un ámbito en donde la idoneidad de los ingresantes debiera ser objeto de una cuidadosa y exigente selección se proceda con tan asombrosa displicencia.
“Hacete amigo del juez” ironizó José Hernández en su inolvidable Martín Fierro. En este caso que ahora se conoce se puede aplicar ese refrán con una pequeña diferencia: donde dice “amigo” debería decir “hijo”.
Lo que torna más indignante este abuso es la facilidad con que se comete y el hecho de que se produzca por partida doble: marche una designación en Santa Rosa y otra en Córdoba, parecen decir las dos resoluciones que firmó -seguramente el mismo día y en el mismo acto-, el presidente de la SCJ para alegría de papá juez y escarnio de la majestad de la Justicia.
Tampoco es menor el hecho de que uno de los vástagos está actualmente procesado por homicidio culposo por la justicia ordinaria al protagonizar un accidente que le costara la muerte a un joven de 19 años. Esa causa se encuentra demorada por habérsele otorgado al hijo del magistrado un beneficio procesal que -todo indica- no corresponde aplicar. Otra gracia para quienes pertenecen a la “familia judicial”.
Si hay un lugar en el Estado en donde nunca deberían producirse ingresos por razones de sangre -expresamente prohibidas por las constituciones nacional y provincial- es, precisamente, en la Justicia. Se trata de un ámbito en donde la idoneidad, la capacitación y las condiciones y antecedentes personales de los ingresantes debieran ponerse severamente a prueba con mucho mayor grado de exigencia que en cualquier otra repartición pública. Estamos hablando de las personas que se desempeñarán en el poder del Estado que juzga y, eventualmente, condena al resto de los mortales sometidos a su arbitrio.
Eludir un concurso para acomodar a un familiar en el Estado es reprobable. Pero es más grave en la Justicia, y peor aún si la maniobra la comete nada menos que un juez, quien debería ser máximo ejemplo de rectitud en su proceder pues es quien juzga a sus semejantes.
Con qué autoridad un magistrado podrá juzgar y darle “a cada uno lo que le corresponde” si él se arrogó un derecho que la ley no le otorga y salta por encima de las normas que rigen el ingreso a un cargo público.