Precios libres, salarios controlados

El presidente Javier Milei se mostró orgulloso por estar llevando a cabo el ajuste “más grande de la humanidad”, aunque al gobierno no le queda más remedio que admitir que estima que un 60% del mismo está recayendo en la “gente de bien”, contrariando las promesas de campaña. Una estimación optimista, dado que el brutal ajuste está impactando casi en su totalidad en las y los trabajadores, las y los jubilados, las personas con desempleo y los más necesitados. Porque, además, el recorte de fondos a las provincias afecta a sus habitantes. Y desde el lado productivo se están achicando el mercado interno y la actividad de las MiPymes.

En este contexto el gobierno cuenta con el apoyo de los organismos internacionales de crédito. Por ejemplo, William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que la continuidad de la recesión ocurrirá “debido al plan de estabilización que está siendo implementado por el nuevo Gobierno, que incluye el realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos”. El ajuste, dijo, es imprescindible y “cuanto más rápido mejor”. Su duración, prosiguió, dependerá mucho “de la confianza que tenga la población en que va a ser sostenible”.

En los hechos el gobierno sigue a rajatabla la idea de dejar que la oferta y la demanda jueguen libremente y que las partes acuerden, siempre y cuando ello no vaya en detrimento de los objetivos planteados en el programa económico.

En cuanto al “realineamiento” de precios de las prepagas, que en tres meses, y como consecuencia de la desregulación, rondó el 150%, el Presidente señaló: “no creemos que lo hicieron con mala intención”, aunque reconoció que “se pasaron de rosca”. Desde el Ministerio de Economía acusan a las prepagas de cartelización. Es que así funciona habitualmente la puja distributiva, y cuanto menos Estado y regulaciones haya, más se aprovecharán los sectores más concentrados.

Otro ejemplo claro del doble estándar (liberación para unos, regulación para otros) es el de las paritarias del gremio de Camioneros, respecto de lo cual el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en una entrevista: “no lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?”.

A su vez, respecto del paro de transporte de esta semana, el gobierno anunció que multará a las empresas cuyos trabajadores realizaron retención de tareas. La idea de fondo es que no se profundice la protesta social, un hecho que aparece como inevitable, a punto tal que la CGT ya anunció el segundo paro general para el próximo 9 de mayo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, pidió que los empresarios empiecen a bajar los precios (porque “los pusieron pensando en un dólar a 2 mil”), para que “la gente compre y la actividad económica empiece a rodar”. A los sindicalistas les dijo: “piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar”. ¿Por qué no los podrían pagar si fijaron los precios considerando un dólar del doble del valor que el actual? (Carlos Heller, tiempoar.com.ar)