Seguridad: "La ley pampeana es modelo en el país"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se reunió durante la mañana de ayer con el gobernador Ziliotto, a quien definió como "un gran compañero, con quien compartimos la actividad legislativa", y luego visitó junto al ministro de Gobierno, Justicia, y DDHH, Ariel Rauschenberger, el espacio donde estará emplazado el Parque de la Memoria, en la avenida Belgrano Sur entre Padre Buodo e Illia, junto a la Seccional Primera, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención de la Subzona 1.4.

 

Pietragalla se refirió al desalojo de la comunidad Mapuche en Villa Mascardi y criticó la decisión del Poder Judicial de trasladar a un grupo de mujeres al penal de Ezeiza. "Es un tema largo, nosotros venimos trabajando con la comunidad hace un año y medio, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La comunidad reclama esas tierras, que algunas son privadas y otras del Estado. A partir de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, hubo un pedido al Poder Judicial, para que nosotros seamos un facilitador de las negociaciones".

 

"Se llevaron adelante en ese tiempo, reuniones de trabajo con la comunidad y con el Poder Judicial que tenía la causa. El Estado Nacional arbitró todos los medios para poder reglamentar esas tierras y la permanencia de ellos en ese lugar, hasta que ellos se bajaron de la negociación", dijo el funcionario.

 

Y añadió que "eso hay que destacarlo, porque la verdad que se hizo un esfuerzo muy grande para que ellos puedan tener legalmente esas tierras. Trabajamos para que esas tierras sean relevadas por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y a partir de ahí poder registrar a la comunidad y que sea como tantas comunidades más, para acceder a esas tierras legalmente, porque ellos plantean cuestiones ancestrales".

 

"Hay una Machi, la única que tiene el país y ella declaró que ese lugar es sagrado, entonces hay que contemplarlo de una manera diferente. Nosotros hicimos todo el esfuerzo, pero fue la misma comunidad que se bajó de la negociación, al no querer registrarse en el INAI como comunidad y todo quedó en manos del Poder Judicial", aseguró Pietragalla, y añadió que "y los últimos acontecimientos que todos saben, hubo incidentes en los territorios aledaños y la justicia avanzó con un pedido de desalojo. Lo que hizo el Estado fue, primero, cumplir las órdenes de la justicia".

 

"Estamos en contra".

 

Pietragalla aseguró que "la justicia ordenó detener a las personas que estaban ahí, no fue una decisión del Ejecutivo, y obvio que estamos en contra de eso. Nos pidieron el traslado al penal de Ezeiza, de las madres con los niños y desde el Ministerio de Justicia de la Nación dijimos: imposible, eso no va a pasar, no se van a trasladar ni mujeres embarazadas, ni mujeres con niños. Ellas quedaron en Bariloche, y fueron trasladadas tres mujeres a Ezeiza".

 

"Obvio, yo no estoy de acuerdo con ese traslado. Para mí tendrían que haber permanecido detenidas en el lugar de los incidentes y no trasladarlas a Buenos Aires. Le planteamos ese desacuerdo a la jueza. A partir de que ella nos atiende, post operativo de desalojo, empezamos a tener comunicaciones y mantener nuestras diferencias con las decisiones que se iban tomando. Pero es el Poder Judicial el que tomó las decisiones, no el Ejecutivo Nacional", enfatizó.

 

Violación de DDHH.

 

Respecto a las denuncias de violaciones a los DDHH de las detenidas, dijo que "hubo una causa, que tiene que ver con lo que declaró la jueza y llevó a cabo la acción. Se abrió un secreto de sumario, que imposibilitaba a los abogados tener acceso a la causa, y nosotros arbitramos desde el primer momento para que los abogados puedan tener contactos con las personas detenidas".

 

"Esto lo hacemos con cualquier persona que llama a la Secretaría y denuncia que hay alguien detenido y el abogado no puede ver, es una arbitrariedad que no se puede permitir. Lo hacemos en todos los casos, y más en este, donde teníamos una relación con la comunidad. Quienes notificaba a la comunidad alguna decisión judicial, no era la policía, era la Secretaría", aseguró

 

Y añadió: "Nosotros estamos en contacto con abogados, con la gremial de abogados, con la APDH, con la Liga de los Derechos del Hombre. Ellos saben el trabajo que venimos haciendo como Secretaría hasta que pasó esto, y claramente, vimos arbitrariedades desde el Poder Judicial. Gestionamos para que puedan ingresar personas a visitar a las persona detenidas, en Ezeiza y en Bariloche", dijo.

 

Desacuerdo.

 

En esa línea, el secretario dijo que "sinceramente, no estamos de acuerdo con las decisiones que tomó el Poder Judicial con las personas detenidas. Hay privados que hicieron una denuncia, hay una causa que tiene que avanzar y estamos atentos con lo que está pasando. Quiero dejar en claro que nosotros tenemos un año y medio de relación con esta comunidad".

 

"No es que nos pasa por el costado o que reaccionamos cuando se dio una orden de desalojo. Cuando nadie miraba a la comunidad, no había conflictos, era porque nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, estábamos tratando de facilitar lo que reclamaba la comunidad, nos pusimos a disposición de eso", agregó.

 

"No estuvimos de acuerdo con que se arme un comando para este tema. Pero garantizamos que no haya armas letales, me puse en contacto con el Ministro de Seguridad desde el primer momento cuando supimos que iba a haber un desalojo. No hubo persecución sobre las personas, seamos claros, persecución hubo en el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich tomó la decisión de decirle a Gendarmería que entre a la comunidad y persiga a los miembros de la comunidad, donde murió Santiago Maldonado", comparó.

 

Y añadió que "ahora Gendarmería hizo un desalojo, por orden judicial, en un terreno específico. Hay varios de la comunidad que se fueron del lugar a la montaña. No hay una persecución de esas personas, porque es lo que garantizamos. Y garantizamos que nadie entre con armas letales. Acordémonos: en el gobierno de Mauricio Macri entraron con armas letales y mataron a Rafael Nahuel e hirieron a dos personas. La Secretaría de Derechos Humanos, es querellante en esa causa", concluyó Pietragalla.

 

"La Pampa tiene una ley modelo".

 

Pietragalla señaló en diálogo con los medios de prensa, que "la agenda de la Secretaría es recuperar ese proyecto de visitar todas las provincias del país en nuestra gestión. Lamentablemente la pandemia retrasó estas visitas y hoy la estamos concretando. Estuvimos reunidos con el gobernador, con el objetivo de poder trabajar claramente para fortalecer las políticas de Derechos Humanos en la provincia".

 

"La provincia tiene algo para destacar, que veníamos trabajando en el Consejo Federal de DDHH, con una ley modelo, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, y anhelamos que esas leyes sean tratadas en otras provincias y tener un control de fuerzas de seguridad", destacó.

 

Asimismo, el funcionario nacional indicó que "por sobre todas las cosas, es importante que se respeten los Derechos Humanos, en las funciones que tienen esos funcionarios a los que el Estado les da un arma para cuidarnos. Creo que La Pampa hoy está llevando adelante una política para destacar, en ese sentido, y quisiéramos que otras provincias la copien", enfatizó el funcionario.