Piden normalizar el Club San Martín

Una nota dirigida a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas, que será presentada en las próximas horas por un grupo de gente allegada al Club San Martín, pide acciones concretas de esa dependencia oficial por diversas irregularidades que se han denunciado en más de una ocasión y no fueron atendidas oportunamente por las autoridades.
Concretamente ex socios de la institución, simpatizantes y vecinos, nucleados en la que han denominado «La ’89» -fue el año en que el Club General San Martín se consagró campeón de la Liga Cultural de Fútbol- empezaron a reunirse hace varias semanas con la intención que vuelva a ser una referencia entre las entidades del medio, como lo fuera durante tantos años.

Club «momificado».
«La Villa» se encuentra en una situación de cuasi inmovilismo, y está presidida hace varios años por Graciela Loyola, quien lejos de abrir el club a la comunidad lo ha mantenido concentrado de tal manera que se la acusa -desde hace mucho tiempo- de mantenerlo como un coto que únicamente utilizan familiares y allegados suyos. Muy lejos de los objetivos de una entidad que fuera creada para brindar lugares de esparcimiento, y ser un centro de actividades sociales, culturales y deportivas.

Intento fallido.
Hace menos de un lustro una buena cantidad de vecinos quiso acercarse para tomar contacto con el club, con la intención de que volviera a manos de los vecinos. Sus intenciones de asociarse chocaron con la cerrada negativa de la directiva que estaba al frente -básicamente conformada por las mismas personas que permanecen hoy-, que impidieron aquellas intenciones.
Excusas, algunas veladas amenazas que recibieron los que encabezaban el movimiento «pro recuperación de San Martín», las dilaciones que encontraron en la dependencia oficial que debería ser la encargada de que las instituciones se desempeñen dentro de lo que tienen estatuido, terminó con el desistimiento en sus intenciones de incorporarse a «La Villa».

Deterioro y escasa actividad.
En tanto las instalaciones de calle Alberdi y Dante Alighieri, a pasos del centro de la ciudad, sólo tuvieron en la última década una mínima actividad, reducida a una canchita de fútbol 5 y una disciplina vinculada a las artes marciales (que llevaba adelante precisamente un hijo de la presidenta).
Por otra parte las instalaciones de la ex Quinta de las Monjas, en Avenida Palacios, están prácticamente abandonadas, lo que se advierte en un notable detrimento de las instalaciones, y en la suciedad y los yuyales que ganaron el predio.

Ex Quinta de las Monjas.
Son tierras que tienen un enorme valor inmobiliario -algún martillero precisó que se puede subdividir en varios lotes-, que podrían llevar una parcela hasta un monto que oscilaría entre los 40 y 50 mil dólares cada uno.
Pero más allá del valor económico, cabe pensar en qué cantidad de actividades se podrían realizar en semejante predio ubicado en un sector privilegiado de la ciudad.

Comisión normalizadora.
Hace un tiempo un grupo de personas que alguna vez estuvo vinculada a San Martín, observando el deterioro institucional y edilicio del club, volviò a la carga para conseguir que se regularice la situación. Una cuestión que no sólo tiene que ver con algunos papeles presentados en Personas Jurídicas -bastante desprolijos- donde se manifiesta que determinados individuos integran una comisión directiva, aunque se haga caso omiso al funcionamiento de la entidad.
Ahora el movimiento que va por la recuperación del Club San Martín, solicita concretamente «la designación de una comisión normalizadora en los términos de la Disposición nº 1/17» de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas.

Graves irregularidades.
Sostienen en la nota los reclamantes que «el pedido se fundamenta en la existencia de graves irregularidades generadas por el incumplimiento por parte de las autoridades designadas oportunamente, de los reglamentos de la entidad, así como la normativa vigente en la materia».
Al enumerar las irregularidades -continúa la nota- y «al sólo efecto enunciativo y sin ánimo de agotar los innumerables incumplimientos» entre otros «la caducidad de los mandatos de los órganos directivos. En efecto una parte de la comisión directiva terminó su mandato el 31 de diciembre de 2018, y el resto de los integrantes terminaron su mandato el 31 de diciembre de 2019», por lo que «se encuentran caducos los mandatos de todos los miembros».

¿Y el objeto social?
También señalan «el incumplimiento del objeto social de la institución: En efecto la institución tiene por objeto la realización de actividades sociales, culturales y deportivas. Conforme surge del estatuto modificado por asamblea extraordinaria del 16 de marzo de 1980, no se ha cumplido en los últimos años». Por el contrario la entidad «alberga una actividad comercial y de ninguna manera aquellas para las cuales fue fundado».

Maniobras fraudulentas.
Al precisar otras irregularidades mencionan: «incumplimiento de la presentación de documentación obligatoria ante Personas Jurídicas: en efecto se adeudan los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, y el 31 de diciembre de 2019».
Además «maniobras fraudulentas con respecto al padrón de socios. Desde años la institución impide sistemáticamente a cualquier persona asociarse al club, no permitiendo al vecino de participar en las asambleas. Así también a socios de muchos años les impidieron pagar la cuota social lo que resulto en la caída de la categoría de socios activos».
También «faltan datos obligatorios en el padrón de socios, a saber: número de socio, datos personales (como domicilio) que impiden la identificación de los mismos; falta de oficina administrativa; tampoco tiene habilitación comercial de la Cancha de Futbol 5 que es un emprendimiento privado».
Y remarcan los reclamantes el «estado deplorable de las instalaciones de la calle Alberdi y de la calle Palacios, las cuales incluso obligaron a las autoridades de Salud Pública de la provincia a clausurar uno de los predios».

Elementos de prueba.
Expresan a modo de aporte que «esos incumplimientos, de carácter graves pueden corroborarse con los siguientes elementos de prueba: nómina de autoridades de la comisión directiva actual, con fecha de vencimiento de los mandatos; certificado de deuda de documentación de presentación obligatoria; listado de algunos vecinos con datos y firmas a los cuales se les impiden asociarse». Junto a la nota los de «La ’89» hicieron entrega de fotocopia del padrón de socios con las irregularidades mencionadas; y también registros fotográficos del notable deterioro de las instalaciones.
Finalmente la nota que llegó a manos del director de Personas Jurídicas fue acompañada -conforme a lo establecido en el artículo 5º de la disposición vigente- por una nómina de personas que se proponen para integrar la comisión normalizadora».
Durante muchos años quienes tuvieron que tomar decisiones prefirieron no hacerlo. Pareciera que el momento llegó y no debieran producirse más demoras. El Club San Martín fue demasiado grande, y debe volver a aquellas épocas de esplendor.

Los afiches de “La ‘89”.
En las últimas horas aparecieron pegados en columnas y paredes de varias calles de la Villa Santillán –sobre todo en cercanías de General San Martín–, algunos afiches con una leyenda que reclama que “devuelvan el club a los socios”.
Con la firma de “La ‘89”, movimiento que agrupa a una cantidad de personas que quieren involucrarse con la histórica entidad santarroseña, la pegatina reza: “San Martín es de todos”, y sobre un fondo azul: “Basta”. “Devuelvan el club a la gente”. En la parte superior aparece el escudo de la institución.
Cabe recordar que otro reclamo que se hizo recientemente en Personas Jurídicas –vinculado a la Federación Pampeana de Box–, recibió como respuesta de alguien desde Personas Jurídicas que se trata de “privilegiar” que las entidades sigan (obviando alguna irregularidad que pudiera existir). Y que en todo caso –si hubiera algunas irregularidades con fondos– que “salte” finalmente en el Tribunal de Cuentas. Un verdadero absurdo.
Lo que corresponde es involucrarse y hacer –como sería en la situación de San Martín– que las entidades tengan una actividad plena y sin problemas de ninguna clase.