"El país no puede esperar"

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reclamó ayer al Congreso que el proceso que debe definir si será sometida a un juicio para ver si puede ser destituida termine "lo más rápido posible", porque el país "no puede quedar esperando" por una decisión, por lo que pidió que no haya receso de la actividad legislativa en enero.
Rousseff dio una conferencia de prensa después de recibir el respaldo y los argumentos de una treintena de juristas y especialistas que se opone al juicio político en su contra, y apenas antes de que su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula Da Silva, volviera a respaldarla.
La jefa del Estado pidió que el Congreso nacional suspenda el receso que tiene previsto entre el 22 de este mes y el 2 de febrero, para que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político. Diputados, mientras, pospuso hasta hoy la conformación de la comisión que debe analizar la conducta de la mandataria.
"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, y aunque consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año, evaluó que pueden "volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".

Maniobras fiscales.
Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó en algunos balances de años pasados, y que según los órganos de contraloría del Estado fueron "irregulares", no alcanzan para iniciar un proceso de destitución, aunque subrayó que esas cuentas deben ser analizadas y rechazadas o aprobadas por Diputados y el Senado.
"Brasil tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas que deben actuar dentro del marco del estado de derecho; somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del estado de derecho y de la preservación de la más absoluta legalidad" para garantizar la "unidad" del país, afirmó la mandataria.

Reunión.
Rousseff habló con la prensa después de reunirse con un grupo de unos 30 juristas con los que analizó las acusaciones en su contra. La Presidencia divulgó una nota en la que afirma que todos los especialistas rechazaron su posible enjuiciamiento, porque en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".

Comisión.
La apertura del proceso tiene que ser decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que iba a instalarse ayer pero cuya conformación fue postergada hasta hoy.
El grupo con el que se reunió la presidenta, denominado "Juristas en defensa de la Democracia", está integrado por profesores universitarios, abogados y constitucionalistas que ya habían manifestado apoyo conjunto a Rousseff a comienzos de año. (Télam)