Bolivia: protestas masivas de trabajadores y represión policial

En medio de una extensa huelga de trabajadores públicos, mineros y sectores populares de la Central Obrera Boliviana (COB), se produjeron violentos enfrentamientos entre mineros artesanales y fuerzas de seguridad este jueves el centro de La Paz.

 

La represión de las fuerzas policiales se produjo en medio de una protesta cerca de la sede del Gobierno del presidente Rodrigo Paz. "Los manifestantes, que exigían inicialmente mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios regulatorios, intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, donde la policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos para contener a las columnas mineras, mientras se registraban explosiones de dinamita en varias calles del casco histórico", informó la agencia TeleSur.

 

Aunque una delegación minera mantuvo conversaciones con autoridades nacionales, la escalada de tensión no logró frenarse, en medio de denuncias contra el Gobierno por una profundización de la crisis y escándalos de corrupción.

 

"Parte de los grupos movilizados endureció su postura y comenzó a exigir directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses prometiendo reformas para estabilizar la economía", agregó el medio citado.

 

 

Crisis social.

 

Desde hace 12 días, la COB encabeza una huelga general por tiempo indefinido. "La movilización, que comenzó con un pliego petitorio de más de 100 demandas sindicales, se radicalizó tras la propuesta de las bases campesinas aimaras del altiplano de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien la clase trabajadora acusa de profundizar la crisis y de permitir graves hechos de corrupción, como la importación de gasolina contaminada", agregó TeleSur.

 

Mario Argollo, máximo representante de la COB, expresó que "ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente".

 

También hubo bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos, que han provocado demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno hospitalario. El grupo de campesinos aymaras conocido como los “Ponchos Rojos” mantiene cierres de caminos y marchas hacia la vecina ciudad de El Alto.

 

La protesta se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en Bolivia, caracterizada por la escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que afectan a la población. La policía ha anunciado operaciones junto a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, mientras que los manifestantes mantienen su postura de exigir el cumplimiento de sus demandas.

 

 

Evo Morales.

 

El Gobierno atribuyó parte de la desestabilización al expresidente Evo Morales, siendo calificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como un “bloqueo político con fines de desestabilización”.

 

Morales rechazó las acusaciones y respaldó las movilizaciones desde su cuenta en la red social X, sosteniendo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

 

El exmandatario añadió que los protestantes actúan motivados por la “rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores”. La crisis política se agrava además por una nueva orden judicial para que Morales comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso, lo que ha incentivado marchas de sus seguidores hacia la capital, sumándose a una escalada de protestas simultáneas que cuestionan la gobernabilidad del país.

 

Denunció, incluso, que Estados Unidos "ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme".