"Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad”

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer por unanimidad el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su segunda discusión.

 

"Felicito al pueblo de Venezuela. Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento, solo cosas buenas para todos y para todas, que debemos construir juntas y juntos, independientemente de cómo pensemos, para la prosperidad de nuestra República", sostuvo al término de la votación el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, en medio de aplausos.

 

Nuevos tiempos.

 

El proyecto de reforma a esta ley, aprobada en 2006, fue presentada por la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su mensaje anual a la nación. Las modificaciones incorporan nuevos mecanismos de exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas natural venezolano.

 

Este instrumento legal se sustenta en tres grandes pilares: modificaciones sobre las empresas operadoras, flexibilización de las regalías y el aumento de las garantías jurídicas para los inversores.

 

En esta norma, que consta de 18 artículos, se definen las tres modalidades de operación, a saber: empresas de exclusiva propiedad del Estado, mixtas con participación mayoritaria estatal y privadas domiciliadas en Venezuela bajo contrato.

 

Tras la primera discusión comenzó la consulta pública del proyecto de ley con distintos sectores del país, que han hecho 80 propuestas, según el diputado Orlando Camacho. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que estuvo al frente de uno de estos encuentros, afirmó que el país espera "captar importantes flujos de la inversión nacional e internacional".

 

"Necesitamos adaptar la ley a esta nueva realidad. Es una norma respetuosa de nuestra soberanía y de nuestros principios, que incorpora todos los nuevos modelos de gestión", expresó.

 

Participación productiva.

 

En el texto se incluye la implementación de los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP), donde las empresas propiedad del Estado y sus filiales pueden firmar convenios para el desarrollo de actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización y comercialización) con empresas privadas en el país, que asumen la gestión integral de los costos, cuenta y riesgos.

 

Con esta modalidad, el Estado no adquiere deudas y la retribución para las operadoras es la participación porcentual de los volúmenes fiscalizados. Además, conserva la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos sobre los cuales las empresas operadoras desarrollarán las actividades primarias.

 

Así, al finalizar el contrato, todos las instalaciones y bienes construidos pasan a propiedad del Estado sin indemnización.

 

Regalías.

 

En segundo lugar, se propone un mecanismo que garantice la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados, conocidos como 'greenfields' (campos verdes), que "requieren un equilibrio para poder construir el régimen fiscal", expuso el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea, Orlando Camacho.

 

Camacho precisó que esos campos necesitan grandes inversiones, por lo que se propone que haya "alguna flexibilidad en las regalías" para que resulte más atractiva la inyección de recursos.

 

La regalía del Estado seguirá en 30 % sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídos, pero el Ejecutivo puede reducirla hasta 20 % para empresas privadas que realicen actividades primarias; y hasta 15 % para empresas mixtas, cuando se demuestre que el proyecto no es económicamente viable con la tasa plena.

 

La regalía puede restituirse a 30 %, "cuando se demuestre que la economicidad del yacimiento pueda mantenerse con dicha restitución". (RT)