Un polémico plan migratorio

La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, afirmó que "la migración irregular avanza más rápido que nuestra legislación, nuestra tecnología y nuestros recursos", en referencia a la crisis despertada en el norte del país, donde el sábado comenzó el despliegue de efectivos militares destinados a reforzar los controles fronterizos. Tohá acompañó al primer grupo de efectivos hasta Colchane, en el límite con Bolivia, donde explicó que muchas personas ingresan por sitios cuyos controles de identidad resultan deficientes, sin registros fotográficos ni huellas dactilares que permitan reconocerlas y aclaró que "eso dejará de suceder o bajará sustantivamente".

 

Según la funcionaria, "cada persona que cruza, si no podemos reconducirla le abriremos un registro, con su foto, su huella dactilar y su nombre, para controlar lo que sucede con ella dentro de nuestro territorio y tener herramientas si necesitara realizar un trámite o tuviera algún problema con la justicia al cometer algún delito o falta".

 

Medida polémica.

 

El despliegue de Fuerzas Armadas desató una nueva polémica: mientras la oposición considera que es una medida insuficiente, algunas organizaciones sociales temen que resulte un nuevo pretexto para violar derechos humanos de las personas migrantes. El decreto firmado por Boric dispuso la militarización durante 90 días de la "macrozona norte", integrada por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

 

Su decisión generó controversia porque, antes de asumir, el presidente cuestionaba las estrategias de militarización. Sin embargo, la crisis migratoria heredada de su antecesor, Sebastián Piñera, se convirtió en una fuerte presión para su gestión.

 

En los últimos años, miles de personas ingresaron irregularmente a Chile en busca de una mejor calidad de vida, pero su presencia desató intensas campañas de racismo, xenofobia, discriminación y aporofobia. La discusión se centró en las colectividades venezolana y haitiana, las de mayor crecimiento durante la última década y que arribaron simultáneamente, aunque también son insistentemente denostados los migrantes bolivianos y peruanos.

 

Con o sin papeles. estos migrantes son objeto de ataque permanente desde los sectores políticos de derecha y los medios de comunicación, quienes incentivan la estigmatización y los vinculan con "la delincuencia". Desde que Boric asumió, hace un año, la situación se agravó porque miles de migrantes siguieron cruzando por pasos no habilitados hasta llegar a Santiago.

 

Requisas policiales.

 

Ante el incremento de cuestionamientos y protestas contra de este aumento de inmigración, finlamente el presidente decidió confirmar y reforzar la militarización fronteriza que ya había iniciado Piñera. El polémico decreto de Boric autoriza a las Fuerzas Armadas a solicitar documentos de cualquier persona en la frontera norte y registrar sus equipajes, vestimentas y vehículos.

 

Basta una mínima sospecha de que podrían estar cometiendo algún delito, desde cruzar ilegalmente hasta traficar drogas y armas o integrar una red de trata, para que una persona sin papeles sea entregada inmediatamente a la Policía. También dispone que, antes de recurrir al uso de la fuerza, "deben adoptarse todas las medidas razonables para disuadir a persona o grupo que pretendieran cometer una agresión".

 

Antes de usar armas, los militares deben hacer advertencias y desplegar vehículos y personal alrededor de los sospechosos, para "evitar daños colaterales". Si aun así las personas se resisten a la revisión, podrán lanzar granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, y utilizar armas no letales o antidisturbios, que no podrán ser disparadas a quemarropa ni al rostro.

 

Por último, si la amenaza sigue latente,podrán preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla, lanzar disparos de advertencia y, finalmente, disparar solamente en caso de que ocurra un enfrentamiento y los sospechosos usen o se apresten a utilizar armas letales o pongan en peligro la vida de otras personas.

 

Organizaciones sociales alertaron de inmediato sobre la criminalización de las personas migrantes y de riesgos que implican estas medidas. La oposición, por el contrario, consideró que se requiere "una mano dura aún mayor".

 

(Télam-RT)