"Una sublevación contra lo neoliberal”

La multitudinaria marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegó ayer a La Paz procedente del altiplano boliviano en el marco de la huelga general contra el presidente, Rodrigo Paz, y sus políticas de ajuste.

 

Los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, pero policías antidisturbios los reprimieron durante varias horas con gases lacrimógenos.

 

Según publicó Página 12, en apenas seis meses de gestión Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

 

Las protestas se concentraron en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentran la Presidencia y el Parlamento en La Paz, fuertemente custodiado por policías y militares.

 

La agencia AFP observó al menos dos manifestantes heridos por la represión policial. Las autoridades reportaron al menos 95 detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado.

 

Muertos.

 

Policías y militares reprimieron fuertemente el sábado a los manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó ayer que un manifestante falleció en esos choques, al caer en una zanja. Previamente el vocero presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche.

 

El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz.

 

Evo.

 

En medio del conflicto social y político en Bolivia, el expresidente Evo Morales cuestionó el rumbo económico del gobierno de Rodrigo Paz y respaldó las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país.

 

Durante una entrevista con Radio 10, aseguró que las protestas responden a un rechazo generalizado a las medidas impulsadas por la administración nacional y las definió como una reacción frente a un modelo que, según afirmó, profundiza la crisis económica.

 

Las protestas surgieron por distintos reclamos sectoriales: maestros exigieron mejoras salariales, transportistas cuestionaron la calidad del combustible e integrantes de comunidades indígenas amazónicas reclamaron la derogación de una reforma agraria. A estos sectores se sumó la presión histórica de la Central Obrera Boliviana, que pidió una recomposición salarial adicional al aumento del 20% otorgado a comienzos de año.

 

“En ajustes estructurales frente a la crisis económica, los gobiernos de derecha cargan el ajuste contra el pueblo. Ese ajuste viene con el quiebre de empresas”, sostuvo Morales.

 

Acto seguido, cuestionó medidas que, según describió, afectan a pequeños productores y trabajadores. “Este gobierno le quita impuestos a las grandes fortunas pero le sube los impuestos al pequeño productor y a las pequeñas propiedades. Ataca a los gremios y comerciantes”, señaló.

 

El ex jefe de Estado también vinculó las causas judiciales en su contra con una supuesta estrategia de exclusión política.“El pedido de captura en mi contra empezó con el gobierno de Luis Arce para proscribirme. Me acusaron por corrupción y narcotráfico. No encontraron nada. Yo hice política por la patria”, sostuvo.

 

Milei.

 

Durante la entrevista, Morales también lanzó una fuerte acusación contra la administración argentina encabezada por Javier Milei y sostuvo que existiría un respaldo externo a las autoridades bolivianas. “Es muy grave lo que está haciendo”, afirmó al denunciar un supuesto envío de apoyo logístico y asesoramiento político.

 

Según relató, el Gobierno argentino habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, aseguró.

 

Sindicatos.

 

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó ayer la emisión de órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país. Mariaca informó, desde Sucre, que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante las protestas y bloqueos de los últimos días.

 

Argollo se convirtió en una de las principales figuras de las protestas impulsadas junto a sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas, fabriles y mineros que avanzaron hacia el centro político paceño. Desde la COB denunciaron la “persecución judicial” y llamaron a mantener las movilizaciones. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, denunció Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.

 

Estado de excepción.

 

Por otra parte, los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, pidieron al gobierno que declare un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al gobierno, la Fiscalía, la policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.