Quieren silenciar a víctimas de violencia de género

El proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para agravar las penas por “falsas denuncias” tiene dictamen favorable y aguarda tratamiento en el Senado. Su objetivo: disciplinar a quienes se animan a denunciar violencia de género.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Luego de su aprobación en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el proyecto de ley ha sido criticado por juristas y defensoras de los derechos de las Mujeres e Infancias, que desmienten la presunta justificación de “protección a personas injustamente acusadas”. La iniciativa tiene un claro direccionamiento: propone endurecer las sanciones previstas en el Código Penal cuando las denuncias involucren violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes.

 

Detrás de ese discurso aparente de defensa de garantías constitucionales, se evidencia una avanzada política, cultural y judicial destinada a reinstalar la sospecha sobre las mujeres, las infancias y quienes se animan a denunciar violencias. En un contexto de desmantelamiento de políticas públicas de género y de negacionismo estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei, el proyecto no aparece como un hecho aislado sino como una pieza más de una ofensiva reaccionaria que pretende instalar a las víctimas de la violencia de género e intrafamiliar, a un histórico lugar: el silencio.

 

Ya existe.El delito de “falsa denuncia” ya está tipificada y sancionada en la legislación argentina, pero el proyecto de Losada propone elevar las penas hasta seis años de prisión cuando se trate de denuncias vinculadas a violencia de género, delitos sexuales o hechos que involucren a menores de edad. También amplía las sanciones para testigos, peritos e intérpretes.

 

Queda claro que el endurecimiento punitivo se concentra en esos delitos -y no en todas las falsas denuncias - porque el verdadero objetivo no es combatir una problemática evidente – la violencia de género y los abusos a infancias - sino disciplinar a quienes denuncian violencia machista , desalentando el acceso a la justicia.

 

Es mentira que haya una “epidemia” de denuncias falsas, los informes de los Ministerios Públicos Fiscales indican que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales analizadas entre 2023 y 2025. Incluso en las jurisdicciones donde se logró discriminar los casos, la enorme mayoría de las falsas denuncias correspondía a conflictos patrimoniales o de otra índole, no a violencia de género.

 

Subregistro.

 

En cambio, el verdadero drama es el subregistro. El 77 por ciento de las mujeres que sufrió o sufren violencia por parte de sus parejas o ex parejas, nunca realizó una denuncia. En relación a los abusos, el silencio es todavía más brutal, ya que la enorme mayoría de estos delitos sexuales ocurre en ámbitos íntimos, familiares o de confianza, donde denunciar implica atravesar miedo, vergüenza, dependencia económica, exposición pública y un sistema judicial que muchas veces revictimiza antes que proteger.

 

Es doblemente criminal que el Estado -en este caso el Senado – no tome el verdadero problema, que es la violencia de género y los abusos intrafamiliares, y en lugar de fortalecer dispositivos de acompañamiento a las víctimas y celeridad en la investigación, juicio y eventual condena, con patrocinio jurídico y protección, responda instalando una amenaza penal sobre quienes deciden hablar.

 

Pedagogía de la crueldad.

 

Ileana Arduino, abogada especializada en Derecho Penal, seguridad y políticas de género, explicó con claridad que para que se configure el delito de “falsa denuncia” es necesario que concurra el dolo, es decir, que quien denuncia lo hace sabiendo que el hecho nunca ocurrió. No alcanza con que la causa termine archivada, que no se llegue a condena o que la víctima decida abandonar el proceso agotada por años de litigio y revictimización.

 

Arduino definió al proyecto como una “pedagogía de la crueldad”, porque no busca resolver conflictos sino disciplinar socialmente, al convertir la denuncia en un acto de altísimo riesgo personal. Se instala así la idea de que quien hable puede terminar sentada en el banquillo de los acusados (Página 12, 12/05/2026).

 

No es casual que este mensaje llegue en un momento político donde el gobierno de la motosierra desmanteló el Ministerio de Mujeres, eliminó programas de asistencia, recortó políticas públicas y convirtió el antifeminismo en narrativa oficial. El propio presidente Milei ataca sistemáticamente la agenda de género, mientras funcionarios nacionales cuestionan figuras como el femicidio y relativizan la violencia machista.

 

En este contexto, el proyecto de Losada intenta instalarse como una herramienta coherente con una estrategia más amplia: erosionar consensos construidos durante décadas por los movimientos de mujeres, las organizaciones feministas y de derechos humanos.

 

Naciones Unidas, a través del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, publicado el 25 de febrero de 2026, recomendó que Argentina “retire la propuesta de modificación del Código Penal (núm. de expediente 228/25) relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género”, en referencia al proyecto presentado por Losada.

 

Mentiras.También resurgen viejos mitos machistas: la figura de la “mujer mentirosa”, la madre manipuladora y vengativa, y teorías que han sido desacreditadas como el llamado Síndrome de Alienación Parental (falso SAP), que retornan a los Tribunales, para invertir la carga de la prueba y desacreditar testimonios de mujeres e infancias.

 

¿Existen las denuncias falsas? Sí, y no se trata de defenderlas, sino de impedir que se imponga el discurso de la derecha, que elige “no creer” en una problemática que se sustenta en estadísticas comprobables, con el luctuoso saldo de una mujer muerta por violencia de género, cada 32 horas. Si el Estado amenaza a quienes denuncian, agravando las penas cuando se trata de delitos contra las mujeres y las infancias, el resultado no es más justicia sino más impunidad.

 

Y resulta una paradoja que mientras el discurso oficial proclama preocupación por las infancias y promueve leyes como la llamada “Ley Lucio”, simultáneamente impulsa proyectos que desalientan precisamente aquello que permite detectar abusos y violencias: la denuncia, la escucha y el acompañamiento.

 

No está en discusión una figura penal, que ya se encuentra tipificada, sino quiénes tienen derecho a ser escuchadas, quiénes merecen credibilidad y hasta dónde va a retroceder el Estado argentino en materia de derechos conquistados.