Menéndez volvió a desconocer a la Justicia Civil

Tal como lo hizo en los procesos anteriores donde fue condenado a perpetua, el represor Luciano Benjamín Menéndez volvió ayer a cuestionar la competencia de la justicia federal civil para juzgarlo por los crímenes de la dictadura y reclamó ser investigado por la justicia militar, calificándose a sí mismo como "víctima de la inseguridad jurídica" del país.
En la continuidad de este segundo juicio en su contra que se sustancia en Córdoba, se completó la lectura de la acusación por los secuestros y tormentos de diez personas, una de las cuales está desaparecida. El desaparecido es el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, quien militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), secuestrado en 1979.
Menéndez se negó a declarar calificando de "incompetente" al tribunal que lo juzga. "A mis acusadores les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual", afirmó, tras lo cual releyó el escrito que había leído en el juicio anterior, donde reivindicó las acciones de la dictadura y los tribunales militares. Menéndez concluyó calificándose como una "víctima de la inseguridad jurídica" que según su visión reina en el país.
En el juicio se analizan las torturas sufridas por nueve personas, por parte del D2 -Dirección de Informaciones de la policía cordobesa-, que sobrevivieron: Raúl Ernesto Morales, Carlos Jacinto Moyano, Delia Lidia del Carmen Torres de Nieva, Manuel Américo Nieva, Ramón Hugo Guevara, Isolina Tránsito Guevara, Carlos Hugo Antón, Manuel Reynoso y Rubén Gilli.
Los imputados son Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército), el militar jefe de la Policía de Córdoba Rodolfo Campos y los policías César Cejas, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Angel Gómez.
El ex policía Britos negó los hechos que se le atribuyen. "Me enseñaron a defender al Gobierno constituido", dijo, asegurando que todo es un "invento" que "nunca haría" porque "es un católico creyente". En tanto, el ex policía Cejas negó su participación en tareas de inteligencia de la fuerza de seguridad, aclarando que sólo se desempeñaba en áreas administrativas.

Autopsia.
Con el informe escrito de la autopsia y los testimonios de familiares y allegados al ex policía Jesús González (58), ya casi no quedan dudas de que el testigo del segundo juicio por la represión en Córdoba se suicidó, aunque quedan abiertos interrogantes sobre por qué decidió hacerlo cinco días antes del comienzo del proceso. "Se estaría confirmando la hipótesis del suicidio. Todo parece indicar que se trató de una decisión personal", dijo el fiscal federal 2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, a cargo de la causa. La investigación sólo seguirá en pie si existe algún delito: al tratarse de una acción privada, el suicidio no lo es. Sólo es punible la "instigación al suicidio". (DyN)